UY Press - Agencia uruguaya de noticias

20.04.2025

MONTEVIDEO (UYpress)- En las estafas de los fondos ganaderos (Grupo Larrarte, Conexión Ganadera y República Ganadera) pasaron “cientos de millones de dólares” por el sistema financiero y ninguna entidad bancaria hizo “mea culpa”, según señaló Rafael García, abogado experto en prevención de lavado a los colegas Lucas Silva y Pablo Manuel Méndez para La Diaria.

En julio de 2022, el Banco Central del Uruguay (BCU) decretó la intervención de la compañía Custodia de Valores Mobiliarios, perteneciente a la corredora de bolsa Sara Goldring. Con amplio prestigio en el medio local, Goldring operaba para clientes uruguayos con cuentas a su nombre en entidades financieras de Estados Unidos. Todo funcionó de manera aceitada hasta que la burbuja explotó: por aquella fecha, decenas de inversores damnificados por la operativa de Goldring se presentaron ante la Justicia y denunciaron pérdidas por casi 100 millones de dólares. Un año y medio después, en diciembre de 2023, la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard imputó a Goldring por un delito continuado de apropiación indebida, a pedido del fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez. La causa todavía sigue abierta.

En agosto de 2024 se presentaron las primeras denuncias por estafa contra los responsables de Grupo Larrarte , el primero de los tres fondos ganaderos que cayeron en desgracia en los últimos meses. En ese caso, las pérdidas alcanzaron los 12 millones de dólares y en la Fiscalía se analizaron los escritos que presentaron los abogados de unas 130 víctimas, cuyos ahorros fueron captados por esta compañía. Diez días atrás, la jueza en lo penal de 36° turno, Marcela Vargas, formalizó el proceso de investigación penal contra Jairo Larrarte . A pedido del fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, el socio fundador de Grupo Larrarte fue imputado por los delitos de estafa, apropiación indebida y cheques sin fondos. Se dispuso la prisión preventiva y se investiga la posible complicidad de otros funcionarios de la empresa.

Cuatro meses después de la caída de Grupo Larrarte le tocó el turno a República Ganadera . A finales de diciembre, un grupo de 1.400 inversores damnificados emitió una nota pública en la que se responsabilizaba a la empresa de Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio por múltiples irregularidades, entre ellas la falta de control, las inconsistencias en las cifras presentadas y la ausencia de garantías sobre el manejo de su capital y del ganado involucrado. En lo penal, las denuncias por estafa y apropiación indebida son investigadas por el fiscal Enrique Rodríguez, que dispuso el cierre de fronteras para los titulares de República Ganadera. El déficit patrimonial que reconoció la empresa durante la etapa concursal superaría los 85 millones de dólares.

También a fin de año se conocieron las primeras denuncias por estafa contra el exrugbier Gonzalo Campomar, que captaba clientes de su entorno en el barrio Carrasco y prometía inversiones en criptomonedas. En aquel momento, abogados que estaban al tanto de las maniobras estimaron que la estafa sería por más de 65 millones de dólares. Recién en las últimas semanas se conocieron los primeros movimientos vinculados a este caso en sedes penales de Fiscalía: cuatro personas presentaron escritos contra Campomar y un socio, Martín Cajal, por un monto superior al millón de dólares. En estos casos, Campomar y Cajal pedían préstamos para obtener liquidez y concretar transacciones de compra y venta de criptomonedas en períodos cortos. Devolvían el dinero diez días después, con una tasa de interés del 2%. El mecanismo funcionó durante algunas semanas, hasta que dejaron de responder los mensajes.

El caso de Conexión Ganadera, que tomó estado público en enero de 2025, quizás sea el más significativo, por los montos y por la cantidad de personas perjudicadas. La empresa estimó que el déficit patrimonial supera los 250 millones de dólares y hay unos 4.300 inversores damnificados. El caso también lo lleva adelante la fiscalía especializada en Lavado de Activos y en el banquillo de acusados, por ahora, se sentaron tres protagonistas principales: Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y la viuda de Basso, Daniela Cabral, sobre quienes ya pesan medidas cautelares.

Para cerrar la lista, la semana pasada un grupo de inversores patrocinado por el abogado Ignacio Durán denunció a los dos socios de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano (Carlos Pérez Lafone y Pedro César Pérez Stewart) y al corredor de bolsa Ignacio González, que decía operar para esa empresa. En paralelo, el abogado Jorge Barrera presentó otra denuncia contra González y contra una uruguaya que trabajaba junto a él en la captación de clientes. Estas denuncias las tomó la fiscal de Delitos Económicos Silvia Porteiro, y los damnificados reclaman entre cinco y siete millones de dólares.

Por la operativa desplegada y la hipótesis del "empleado infiel", algunos operadores judiciales han comparado este caso con el de la corredora de bolsa De Baeremaecker y Perera, de 2021. En dicha estafa -valuada en cinco millones de dólares-, la fiscalía logró imputar en un acuerdo abreviado a una empleada y los responsables de la firma quedaron eximidos de culpa.

Estas situaciones, tal como están planteadas, tienen algunos elementos en común: las cifras son millonarias, la cantidad de ahorristas damnificados es significativa y se repiten los nombres de los fiscales especializados que toman los casos. Otras preguntas son más difíciles de contestar: ¿hay algún patrón común detrás de estas estafas? ¿Reflejan un "aire de época"? ¿Las normas para enfrentar los delitos económicos son las adecuadas? ¿Qué pasa con las políticas antilavado? Les trasladamos estas interrogantes a especialistas que siguieron estos casos de cerca y nos dieron su punto de vista.

Una mirada legal

El abogado Juan Pablo Decia opinó que un "factor común" en las tres estafas que involucran a fondos ganaderos (Larrarte, República Ganadera, Conexión Ganadera) es la "ausencia absoluta de controles" por parte del BCU, cuya omisión "favoreció a empresas que captaban ahorro público". "Las maniobras fueron posibles por la falta de contralor del Estado. En los negocios que se basan en la confianza, los inversores parten de la base de que las empresas van a hacer buen uso del dinero y que son negocios regulados. Cuando la confianza se deshonra y no hay controles del Estado, es más probable que quienes tengan una finalidad espuria puedan llevar adelante sus delitos", agregó.

Para Decia, los casos de los corredores de bolsa y los de los fondos ganaderos "no necesariamente" hay que analizarlos como fenómenos conectados, más allá de la coincidencia temporal. "Pueden tener en común que las personas que llevan adelante estas acciones criminales sientan una misma sensación de impunidad, por los tiempos que se toma la Justicia para resolver los delitos económicos. Entre los delincuentes puede haber una baja percepción del riesgo sobre las consecuencias que pueden sufrir si los descubren", sugirió. El libramiento de cheques sin fondos, según Decia, es un delito que no se castiga "con la severidad y con la urgencia que se debería". "Atrás de un libramiento de cheques sin fondo hay toda una cadena que se rompe. Sin embargo, cuando uno denuncia en Fiscalía un delito de este tipo ya asume que va a pasar dormido en una carpeta durante mucho tiempo", lamentó.

Decia consideró que con los fondos ganaderos se vive una situación "flagrante y obscena" a nivel judicial. "Las personas que perpetraron estas maniobras ya tuvieron tiempo suficiente para organizarse, sin que se dispusiera la prisión preventiva. Eso les permite mover determinadas fichas que los colocan en una mejor posición futura. Las señales que se dan desde la administración de justicia frente a este tipo de delitos está lejos de generar una idea de celeridad y de intransigencia. Las señales no son fuertes y eso puede favorecer a quienes tienen decidido llevar adelante una acción criminal", reafirmó.

Los responsables de Conexión Ganadera, añadió el abogado, ya reconocieron el faltante de 250 millones de dólares, pero todavía no han sido formalizados. "Las fiscalías de delitos económicos buscan tener toda la prueba que necesitan para acusar al momento de la formalización. Es una estrategia del caso que puedo entender pero que no comparto. Y además no es lo que marca el Código, que exige formalizar cuando existen elementos objetivos sobre la existencia de un delito y están identificados los responsables. O sea que el legislador mandató a la Fiscalía a formalizar en estos casos, lo hizo de manera deliberada. Mientras no se aplique la norma como hay que aplicarla y no se actúe con una severidad acorde, esa percepción de riesgo baja seguirá existiendo y tendremos más maniobras de este tipo", señaló. Y remató esa idea: "El que roba en un supermercado o rapiña a una señora en la calle sabe que lo van a formalizar y mandar a prisión preventiva de manera inmediata. Los que cometen delitos económicos, sin embargo, hoy tienen claro que pueden pasar años antes de que les caiga encima el peso de la ley".

En otro orden, Decia manifestó que los cambios normativos de la ley urgente de consideración (LUC) vinculados a los topes permitidos para las transacciones de dinero en efectivo -aproximadamente, de 10.000 a 120.000 dólares- habilitaron mecanismos de lavado de activos en herramientas financieras como los fondos ganaderos. "Hay un porcentaje muy menor de las inversiones que se hicieron en efectivo. O sea, entraba el dinero en efectivo y después salía a través del sistema bancario como pago de renta de un negocio ganadero. Desde esa perspectiva, era un escenario favorable para el lavado", reconoció Decia, quien de todas maneras aclaró que una "enorme mayoría" de los inversores realizó sus depósitos con transferencias bancarias. En esos casos de pagos en efectivo -que están plasmados en determinados contratos- las empresas ganaderas debieron reportar las operaciones como sospechosas, pero eso no sucedió. "No se cumplió con la debida diligencia y no se reportó ninguna operación sospechosa ante la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo]. Nunca se hizo nada de eso, a pesar de que son sujetos obligados", advirtió.

Una mirada económica

El contador Gustavo Viñales tampoco consideró que haya un "patrón común" entre los diferentes sucesos que han ocurrido en el mercado financiero, entre los que incluyó a los fondos ganaderos, los fondos inmobiliarios, los corredores de bolsa, los agentes de valores y los asesores de inversión, un espectro que es "diverso". El especialista sí señaló un "denominador común" que generalmente no es tan visible para la dirigencia política y la sociedad uruguaya.

"No somos conscientes de que estamos en un país de renta media, con sectores de ingresos medios y altos que tienen capacidad de ahorro. Eso no ocurría 20 años atrás: hoy Uruguay es un país de un promedio del PIB [producto interno bruto] per cápita de 25.000 dólares por año. Por supuesto que hay desigualdad y no es toda la sociedad, pero hay sectores de la población que tienen capacidad de ahorro y que no encuentran en nuestro mercado opciones de inversión que equilibren razonablemente seguridad y rentabilidad, salvo los más tradicionales, en particular la oferta de títulos públicos", describió Viñales.

Ese sector con capacidad de ahorro, agregó, no cuenta con un mercado "suficientemente sofisticado y razonablemente regulado" como para canalizar ese ahorro. "Tenemos algunas áreas hiperreguladas que vienen de otra época y que terminan provocando un conjunto casi vacío de oferta de productos financieros y, por otro lado, tenemos sectores subregulados o no regulados que captan ahorro público, como los fondos ganaderos o el sector de los inmuebles", opinó.

Según Viñales, una enseñanza que dejan estos sucesos es que se necesita una "política activa" por parte del Estado, en el sentido "más puro". "No digo que el Estado tenga que intervenir, pero la generación de productos interesantes que ayuden a desarrollar un mercado de valores tiene que tener apoyo institucional. No respaldo financiero, sino promoción también en el sentido más puro. Uruguay lleva muchos años de aumento de la inversión pública y, sin embargo, eso no se ha traducido en captar inversión de ahorros medios y medios altos, en los uruguayos con capacidad de ahorro, que no son millonarios. La gente invertía en los fondos ganaderos porque creía que había un activo real, que era la vaca. La gente invierte en determinados sistemas inmobiliarios -que claramente captan el ahorro público, en algunos casos sin estar regulados por el BCU- porque cree que invierte en ladrillos", continuó.

Viñales se mostró confiado en que las autoridades del BCU analizarán "con preocupación" estos temas y vaticinó que durante este período de gobierno se impulsarán avances al respecto, ya que se trata de un tema "nada menor". "A la luz de lo que ha ocurrido, es más necesario que nunca actualizar la regulación y el tipo de productos que podrían interesar a los inversores uruguayos", remató. En esta línea de análisis también incluyó la discusión sobre el combate a las operaciones de lavado de activos, que serían más difíciles de concretar si existiera un "sistema de regulación razonable". "Yo no puedo decir que [los cambios de la LUC] hayan sido la causa, pero claramente no contribuyeron a la solución o a evitar que estas cosas pasaran. Tenemos un problema de lavado y hay que enfrentarlo, eso es así", culminó.

La responsabilidad de los bancos

El abogado especializado en prevención de lavado Rafael García dijo que de los tres delitos más utilizados para estos casos (libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y estafa) solamente los dos últimos tienen incidencia en el lavado de activos. Esos dos delitos, repasó el abogado, tienen penas bajas, con mínimos de seis meses y máximas de cuatro años, pero advirtió que las penas más bajas de los delitos de lavado de activos están entre los 12 meses de prisión y los seis años de penitenciaría y las penas de los delitos más comunes de lavado oscilan entre los dos y los 15 años de penitenciaría. "Y si concurre con delitos precedentes, se puede extender todo esto a dos tercios más de la pena que se condene", explicó.

García señaló que a las penas de privación de libertad por lavado de activos se le suma la pena accesoria del decomiso de los bienes, un asunto que pone en disputa a los damnificados con el Estado. "Estamos hablando de los mismos bienes que se están disputando en los concursos. El Estado se puede quedar con esa plata y después eso va a la Junta Nacional de Drogas, que la reparte con base en ciertos criterios. Básicamente, les van a dar algo a los organismos públicos que han trabajado en estos casos y también a los damnificados", señaló. Para los damnificados, estimó García, es preferible que los bienes de los fondos ganaderos se repartan entre los acreedores del concurso en lugar de incluir al Estado en esa distribución.

El abogado señaló que si se llegara a determinar la existencia de un delito de lavado en alguno de los casos, quienes estén en posesión de esos bienes pueden ser condenados por ese delito en la modalidad de posesión, siempre que exista dolo, conocimiento del origen de los fondos. "Esa mera posesión lleva una pena de 12 meses a 15 años", agregó.

Otro punto destacado por García fue la responsabilidad de los bancos en el cumplimiento de sus obligaciones como instituciones de intermediación financiera. "Lo primero que me llama la atención de estos casos es que rompe los ojos que por el sistema financiero pasaron cientos de millones de dólares. Si estamos hablando de un embargo de 250 millones de dólares, la gran mayoría de ese dinero terminó en un banco y no hay una sola noticia de un mea culpa de un banco o una autoridad pública", señaló.

Al respecto, subrayó que no hay información disponible sobre qué hicieron los bancos. "No sabemos si alertaron o si no alertaron. En caso de que lo hubieran hecho, sería bueno saber por qué la Unidad de Información y Análisis Financiero [UIAF, del BCU] no hizo nada. Si Conexión Ganadera me deposita todos los años 25 millones de dólares, yo debo preguntar cómo justifica el origen de esos fondos", señaló, y explicó que los bancos tienen la obligación de conocer los contratos y consultar de dónde surge el dinero de los inversores, quienes deben tener el origen de los fondos "totalmente aclarado peso por peso".

"Si tengo la sospecha de que algo pasó con eso, tengo que hacer la denuncia de operación sospechosa a la UIAF. Si todos hubieran reportado, la UIAF habría recibido reportes de operaciones sospechosas y eventualmente podría haber tenido alguna información para tratar de hacer algo, investigar, hacer denuncias en la justicia penal y otras medidas que puede llegar a tener el banco, pero nada de eso pasó", puntualizó.

Finalmente, el abogado relativizó que los cambios en la LUC hayan incidido negativamente en materia de controles al lavado de activos. En su opinión, la LUC también incrementó los controles sobre ese tipo de operaciones al modificar la ley de lavados. "Cualquier peso en efectivo que se vaya a meter en un negocio tiene que hacer una debida diligencia intensificada; es mucho más fuerte que lo que tenía que hacer antes de la LUC", matizó.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS