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03.11.2024

MONTEVIDEO (Uypress)- El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) recibió las competencias para llevar adelante los procedimientos de reconocimiento y reválidas de certificados o diplomas obtenidos en el extranjero, para lo cuál hizo un llamado abierto y público, a través de la modalidad de “contrato laboral”, pero quienes quedaron en la lista de prelación no llegaron a firmar el contrato, denuncian “graves irregularidades en la Dirección Nacional de Educación”, según informa La Diaria.

Según nota de la colega Camila Zignago, desde el MEC se argumenta que la burocracia del llamado traspasó los plazos establecidos, por lo que tuvieron que recurrir a efectuar contrataciones directas. Sin embargo, una de las integrantes de la lista asegura que estas contrataciones se hicieron "por fuera de la normativa aplicable".

El 15 de agosto de este año, el MEC recibió un documento con el objetivo de promover una "petición administrativa" y, al mismo tiempo, "denunciar graves irregularidades" en la Dirección Nacional de Educación, dice el documento. Según la narración, las personas elegidas en el llamado pasaron por un proceso de selección que implicó la presentación de méritos, una prueba escrita de oposición y una entrevista para los mejores puntuados.

La denunciante manifestó que no sólo fue seleccionada en primer lugar, sino que, además, en agosto fue convocada a una reunión presencial en el Área de Educación Superior del MEC, en la que fue presentada a los demás funcionarios que trabajan en el área. De acuerdo a su testimonio, días más tarde, en el mismo mes, le solicitaron documentación para finalmente firmar el contrato laboral, pero a pesar de que cumplió "en tiempo y forma" con la entrega, "pasaron los meses y la firma del contrato nunca se concretó".

En ese marco, a través de varios pedidos de acceso a la información pública y luego de recurrir a la Justicia para que el MEC otorgue la información completa, la denunciante fue informada de quiénes se encontraban trabajando en el equipo al que postuló. "Apenas unos meses y semanas previas a la resolución que homologó el resultado del concurso" fue contratado un equipo "mediante designaciones directas y por fuera de la normativa aplicable", relató.

Explicó que, concretamente, fueron cinco los funcionarios que ingresaron, bajo la modalidad de "contrato laboral" de derecho privado, lo que estaría amparado principalmente por el artículo 195 de la Ley 18.834, que le permite al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) realizar estas contrataciones para tareas vinculadas a la comunicación.

En ese contexto, la denunciante alegó que "el gran problema de la respuesta del MEC y que constituye una grave irregularidad" es que "ninguno de los cinco funcionarios que ingresaron por esta modalidad trabajan ni fueron designados" en el Secan. Dijo que, por el contrario, "realizan tareas administrativas y/o técnicas en el procedimiento de solicitud de reconocimiento y reválidas de títulos terciarios en nuestro país".

Por estas razones, la denunciante solicitó al MEC la instrucción de una "investigación administrativa a los efectos de aclarar lo sucedido y determinar la existencia de una presunta falta administrativa". Además, pidió que "las vacantes se cubran a partir de la lista de prelación que fue homologada por el Ministerio".

MEC: "Vasta normativa" habilita a la Dirección de Educación "a realizar contratos laborales, a través de llamados de oposición y méritos"

La petición fue respondida por el MEC, que aseguró que hay una "vasta normativa" que habilita a la Dirección Nacional de Educación "a realizar contratos laborales, a través de llamados de oposición y méritos", como es el caso de la denunciante, pero también como los que denuncia, "teniendo en cuenta la urgencia y necesidades específicas, y la debida justificación". En este caso, se argumentó que debía tenerse en cuenta el plazo impuesto al MEC por la normativa para cumplir con lo que le fue encomendado.

De acuerdo a su argumento, la LUC "establecía como fecha límite para el diseño y operación del nuevo sistema de reválidas el 8 de julio de 2022". Con base en ese punto, la abogada afirma que "el equipo de trabajo debía ponerse en funcionamiento previo al plazo en que finalizó el llamado". Puesto que "al mes de julio de 2022 el llamado aún no había sido aprobado", atendieron "al principio de buena administración" y decidieron "contratar personal con formación universitaria, con diferentes perfiles y experiencia administrativa, de gestión o de algún área de conocimiento en particular".

A pesar de que el equipo se conformó y comenzó a trabajar, el llamado continuó y culminó con una lista de prelación. En ese contexto, el MEC indicó que "se pensó posiblemente en utilizar esos recursos humanos en otros sectores".

Aún así, afirmaron que la realización de un llamado no obliga al MEC "a la contratación de quienes finalicen el proceso de concurso e integren una lista de prelación". Y por esa razón "todo llamado podrá, durante el desarrollo del mismo, dejarse sin efecto o incluso, declararse desierto por no contar con inscriptos que cumplan los requisitos establecidos".

Por tanto, el MEC argumentó que "el hecho de que [la denunciante] no resulte designada, no puede ocasionarle un perjuicio": "Concursa y posee la expectativa, no el derecho a que sea contratada".

Tras dicha respuesta, la denunciante amplió la petición, luego de "cotejar" la información que el MEC le entregó a través de la Justicia. En ese nuevo documento afirma que, en la información a la que accedió, los cinco integrantes del Equipo Técnico de Reconocimientos y Reválidas no fueron designados antes del 8 de julio de 2022, sino entre el 1° de abril y el 1° de agosto de 2023. Asimismo, identificó que una de las personas contratadas formaba parte de la lista 12004 del Partido Nacional en apoyo a Laura Raffo en las elecciones internas, en la que también estaba el director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni.

Baroni: se "desestimó la convocatoria" porque "luego de 14 meses de espera de ese trámite, se vencieron los plazos"

Consultado por la diaria, el director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, manifestó que "no hay ninguna normativa" que establezca que cualquier ciudadano puede solicitar una investigación administrativa a través de una carta.

En la misma línea que la respuesta formal del MEC, Baroni explicó que se "desestimó la convocatoria" porque, si bien el llamado se inició en 2021 para que los funcionarios ingresaran en 2022, "luego de 14 meses de espera de ese trámite, se vencieron los plazos" para que el equipo estuviera operativo. Baroni argumentó que de no efectuar las contrataciones directas "iba a haber un vacío legal" para quienes quisieran revalidar títulos en el país desde julio de 2022 en adelante.

El jerarca explicó que la ley que habilita al Secan a llevar a cabo dicha modalidad de contrato fue "tomada como referencia" en la Rendición de Cuentas de 2021 para que se pueda aplicar en la Dirección Nacional de Educación. "Nosotros no aplicamos el artículo del Secan, sino que fue como antecedente legal y usamos la expansión para otras unidades ejecutoras", aseguró, y agregó: "Usamos derecho comparado, utilizando ese artículo".

Consultado sobre el proceso de selección del equipo contratado y por qué se decidió renovar los contratos en vez de ir por la lista de prelación del llamado, Baroni dijo que varios de los perfiles seleccionados "no cumplían con las condiciones mínimas para llevar adelante esta tarea". A su vez, explicó que las designaciones se hicieron a partir de "una consulta a distintas cátedras de educaciones terciarias" y dijo que algunos ya trabajaban en el MEC, pero tenían "otro régimen de contratación" y "optaron por este, porque es más beneficioso", por ejemplo, "porque tiene salario vacacional".

Asimismo, señaló que la lista de prelación de Uruguay Concursa tiene una vigencia de "hasta 18 meses, y los derechos arrancan una vez firmado el contrato", cosa que nunca se concretó, "porque ya había un equipo conformado".

Foto: Gonzalo Baroni / Mauricio Zina / adhocFOTOS