UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.04.2022

Pasó el referéndum y la LUC quedó plenamente vigente, tanto como sus implícitos mensajes que no fueron (ni serán) bien decodificados no solo por la Policía –el brazo ejecutor de la Ley- sino por la propia ciudadanía que recibió la señal de terminar con el recreo “hasta por mano propia”. Claro que los mismos que fogonearon antes sobre el punto nunca advirtieron con la misma contundencia con que defendieron la ley, las probables consecuencias sobre los excesos a los que se exponían quienes creyeran actuar conforme a la misma.

Porque NADIE está legitimado a aplicar la justicia por mano propia, y mucho menos la Policía arrogarse un derecho que no le confiere ley alguna como el abusar del uso de la fuerza más allá de lo permitido. Entonces surgen -inevitablemente- estos excesos que desnudan lo peor de una sociedad permeada por equívocos mensajes de mano dura que inspiran a sus promotores a erigirse en jueces siendo parte y, lo que es mucho peor, asumiendo responsabilidades que nadie les advirtió porque vendía mejor el discurso fácil que la solución civilizada de respetar el pacto social que nos rige colectivamente. La suerte ya está echada, la cuestión es si vale que todo sea una cuestión de "Luc", paredón y... ¿después?

¿Nadie les advirtió?

Que la ignorancia de la ley no sirve de excusa es una máxima consagrada en los Estados de Derecho, que implica que no basta desconocer la existencia de una norma para excusarnos de asumir la responsabilidad ante su inobservancia. Aquel argumento de no saber que no se podía tal o cual acción no cuenta a la hora de rendir cuentas ante la Justicia. Mucho menos cuando de hacer justicia por mano propia se trata, porque en ese punto no hay espacio alguno para la ignorancia de su ilegalidad manifiesta.

Por ello es que la horda asesina que ajustició a una persona a la que persiguió y acorraló en una finca de Lezica, no merece otra calificación que la de homicidas. Porque se erigieron en dueños de la vida de una persona a la que asignaron una culpabilidad en juicio sumario, sin derecho a defensa alguna, que los expuso a responsabilidad plena por la comisión del delito más grave de nuestro ordenamiento jurídico: el homicidio.

Poco importa saber si el occiso tenía antecedentes, porque si empezamos a razonar exclusivamente sobre el historial delictivo de las personas, dejemos -entonces- de hablar de rehabilitación y admitamos como un fatal determinismo que toda persona que comete un delito cruza una línea sin retorno. Algo que es absolutamente falso para innumerables casos que desmentirían semejante juicio. 

Acá es donde deben asumir la cuota de responsabilidad que les cabe a cada uno de los promotores de un relato sobre la seguridad en el que todo se hizo mal antes y ahora bastaba con el respaldo a la Policía para que la situación cambiara. Un relato que se apoya en recursos informativos como el de explicitar el prontuario de las víctimas para "justificar" lo que antes se criticaba. Hoy son casi todos "ajustes de cuentas" y si no lo son, igual se difunden antecedentes, por las dudas.

Hace no mucho tiempo fue el hijo de un Profesor de Filosofía (Pablo Romero), quien no llegó al extremo del joven de Lezica por muy poco. Pero la modalidad fue la misma, atribuirse el don divino de ser justicieros para dirimir una cuestión que no les compete pero de la que se creyeron dueños de resolver. Y esa es la consecuencia inevitable de los mensajes equivocados que se difunden en defensa de posturas argumentales en favor de intereses populistas que pegan bien mientras no les afecte a ninguno de sus promotores.

Aquello era entre "la gente de bien" y los delincuentes, como si esa imaginaria división fuera posible de dirimir a golpes, puntazos o disparos, siempre y cuando estos fueran hechos por los primeros, obviamente. Se imaginan que razonando por el absurdo solamente se puede aceptar algo así, sería como volver a los tiempos del Far West o la Ley de la Selva. 

Es cierto que hay situaciones límite que nadie quiere vivir y menos puede evitar a veces. Esos son los casos en que es admisible la legítima defensa, y donde el instinto de supervivencia nos lleva a defender nuestra vida o la de un familiar repeliendo la agresión (no incluyo la defensa de un tercero porque la LUC, increíblemente, lo derogó). La ley exime de responsabilidad cuando ello ocurre, pero no aplica en casos como el descrito en esta columna donde una persona sucumbe ante una decena de atacantes que asumieron el hacer justicia por sus propias manos. Ese tipo de acciones nos retrotraen a épocas pasadas de una civilización que evolucionó para resolver sus conflictos asignando determinadas prerrogativas al Estado en sustitución de cada uno de nosotros. Es la consecuencia del pacto civilizatorio de la humanidad, que hizo de ese acuerdo colectivo su regla de convivencia.

Lamentablemente, hechos como el ocurrido ni son nuevos ni exclusivos de estas latitudes, sin embargo tenemos sobrados ejemplos de las consecuencias que han generado como para no advertir que por ese camino no es aconsejable seguir. No lo es por la consecuencia misma del resultado trágico de una muerte absolutamente evitable, sino porque seguramente pasado el momento de excitación que llevó a ese grupo a actuar así, muchos de ellos también se convierten en víctimas por un resultado que pudo evitarse y que los convirtió -para siempre- en asesinos.

No es por ahí, todavía estamos a tiempo pero hay que parar de algún modo. La violencia combatida con más violencia solo la multiplicará hasta el exterminio.

Siempre recuerdo una nota leída por ahí que hablaba de un padre interrogado por su hijo sobre la inseguridad: 

- "Papá... ¿y si los matamos a todos, quien quedaría?- Quedaríamos nosotros hijo... los asesinos.

el hombre se vistió "de bien",

el perro le ladró igual...