UY Press - Agencia uruguaya de noticias

21.08.2020

En estos días el Partido Comunista del Uruguay (PCU) resolvió impulsar en todos los organismos del Frente Amplio (FA) la recolección de firmas para convocar un referéndum que deje sin efecto la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Compromiso Frenteamplista - Lista 711 (sector liderado por Raúl Sendic) se han manifestado en la misma dirección.

A nivel sindical, el PIT-CNT está procesando la discusión sobre la conveniencia de emprender ese camino. Algunos sindicatos han resuelto impulsar la campaña, como la Federación ANCAP o la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) y la gran mayoría está en proceso de discusión interna.

Dejemos algo bien claro desde el inicio. Considero que la ley de urgente consideración es una muy mala ley; debilita al Estado, recorta libertades, vulnera derechos y genera el peligroso antecedente de imponer buena parte de un programa de gobierno usando un mecanismo de excepción que no permite una discusión seria, con la espada de Damocles de que se aprueba automáticamente vencidos los plazos.

Bien sé que el manual del buen frenteamplista indica que esta discusión se debería dar internamente. A pesar de ello escribo estas líneas, por aquello de que 'quien calla, otorga' y entiendo que es necesario problematizar un tema que no es sencillo y que, mal resuelto, puede tener consecuencias muy negativas para el Frente Amplio y el movimiento popular.

LUC IN - LUC OUT 

La ley de urgente consideración aprobada, que caracterizamos como muy negativa, es, sin embargo, una versión bastante menos mala que la enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

Aquel proyecto, de 501 artículos, contenía temas extremadamente regresivos que fueron dejados de lado en la discusión parlamentaria: la desmonopolización del mercado de combustibles quedó en el camino, la obligación de ANTEL de poner su infraestructura a disposición de los operadores privados naufragó, la desregulación de las áreas naturales protegidas no fue aprobada, los reclamos más significativos de la Universidad de la República fueron contemplados, al igual que muchos de los planteados por la Fiscalía General de la Nación.

Esto fue posible por una actitud de reducción de daños impulsada desde las organizaciones sociales y la academia y respaldada por las bancadas del Frente Amplio en ambas Cámaras. 

A esta forma de enfrentar la LUC, que fue ampliamente mayoritaria, se oponía otra que impulsaba el voto negativo a todos los artículos. De haber triunfado esta concepción, la ley aprobada sería mucho más parecida a la original, es decir mucho peor. En algunos casos, la iniciativa de llevar la ley a referéndum es continuación de aquella estrategia que no lograron imponer.

¿Qué podríamos derogar?

Llevar adelante un referéndum contra una ley es un esfuerzo enorme. 

Se necesita conseguir 700.000 firmas, en un año, para convocarlo y luego alcanzar el 50% de los votos (1.200.000 aproximadamente).

Eso requiere conjugar al menos dos cosas: sectores sociales organizados que puedan encarar la tarea de juntar firmas y opinión pública en contra de aquello que se quiere derogar, tanto para conseguir las firmas como para tener la mayoría el día de la votación.

¿Cuáles serían los temas en los que podrían confluir ambos elementos?

El capítulo de seguridad, el más extenso de la ley, tiene muchos elementos sumamente negativos (una versión legitimadora de abusos bajo la cubierta de "legítima defensa", información secreta, aumento de penas, tenencia y porte de armas por personal militar en situación de retiro y otras). Tan cierto es esto como que el plebiscito 'Vivir sin miedo' impulsado por el ahora ministro Jorge Larrañaga, fue apoyado por el 46,83% de los ciudadanos. Cinco años antes, el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad tuvo casi el mismo apoyo: 46,81%

De acuerdo a una encuesta realizada en mayo por Equipos Consultores, un 72% de los encuestados dijo estar de acuerdo con los allanamientos nocturnos y un 20% se manifestó en desacuerdo. Entre quienes votaron a alguno de los partidos de la coalición multicolor en octubre del año pasado, el porcentaje en acuerdo era de 89%, y entre los votantes del Frente Amplio el 54%.

En este escenario, parece muy poco probable que se consiga alcanzar en temas de seguridad ni siquiera el objetivo de conseguir las 700.000 firmas.

En educación hay varios cambios que el Frente Amplio ha considerado negativos y no acompañó (sustitución de los Consejos en direcciones unipersonales o mayor peso del Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo). No haber acompañado esos cambios no implica no reconocer que en este terreno es necesario implementar transformaciones. Más allá de la enorme inversión de recursos, de la dignificación del salario y la tarea docente, de avances indudables en la cobertura, en la descentralización y en la infraestructura, hay que reconocer que no logramos en 15 años cambiar el ADN de la educación.

No compartimos la visión que expresa la LUC, suponiendo que los problemas que tiene la educación pública se explican por su autonomía, la administración colegiada o la representación docente. A pesar de ello salir a explicar que son necesarios cambios, pero no estos cambios propuestos, es algo que difícilmente logre un apoyo masivo.

La obligatoriedad del pago de salarios a través de medios electrónicos, que se deroga, es una garantía para los trabajadores e indudablemente favorece la formalización. El aumento de los topes para manejo de efectivo (de USD 4.000 a USD 100.000) claramente favorece la evasión y el lavado de activos. Pero ¿alguien puede imaginar al pueblo movilizado a favor de la inclusión financiera? 

El diseño del Ministerio de Ambiente es obsoleto, concebido como un ministerio sectorial, sin la transversalidad necesaria. La desregulación de un conjunto de hectáreas del Instituto Nacional de Colonización es una mala noticia. Que los colonos puedan no vivir ni trabajar en el predio, es decir que los colonos no sean colonos, dinamita las bases de la política de colonización. Los arrendamientos sin garantía dejan enormemente expuestos a los inquilinos. ¿Alguien cree que se puede movilizar gente, en las dimensiones que se necesita, por alguno de estos temas?

La Ley de Urgente Consideración permitirá declarar ilegal cualquier ocupación, aunque esta sea apoyada por la totalidad de los trabajadores. Es, sin duda, un tema extremadamente sensible y que combinado con la declaración de ilegalidad de los piquetes genera una tenaza a la protesta social. Es un tema delicado, pero de alcance limitado. En 2018, el año con mayor negociación colectiva de la historia, hubo 18 ocupaciones. En 2017 fueron 20 y en 2019 fueron 16. En todos los casos, tras notorios incumplimientos por parte de los empresarios. No parece ser, tampoco, un asunto que permita concitar apoyos masivos.

El corral de ramas

Las declaraciones a favor de salir a juntar firmas generan un clima, que va prendiendo en algunos sectores de la opinión pública. El Frente Amplio está procesando una derrota que debemos analizar y comprender. Sin dudas tiene raíces profundas en la fuerza política y en la gestión de gobierno. En ese proceso estamos y será el eje de trabajo luego de las elecciones departamentales y municipales.

Hoy, agosto de 2020, el movimiento social está en un proceso de recomposición. 

El Frente Amplio está lejos de su potencial militante. La heroica remontada de noviembre, a base de frenteamplismo de a pie con la campaña 'voto a voto', fue un proceso corto e intenso. 

El Presidente de la República cuenta con una popularidad de más del 60%

El Frente Amplio perdió las elecciones. Una coalición gobierna y tiene toda la legitimidad para impulsar su agenda de gobierno. Muchas de las cosas que proponga no nos van a gustar. Tendremos que dar muchas batallas en defensa de logros alcanzados (a nivel parlamentario, en la opinión pública, en movilizaciones); deberemos construir alianzas muy amplias en todos los temas en que sea posible hacerlo. 

Las formas de oponerse deberán ser diversas y dependerán de los temas, de la situación política y social, del impacto que tengan, de la opinión pública.

La movilización puede crear conciencia. Para eso es condición necesaria lograr alguna reivindicación. Las derrotas pueden tener el efecto contrario. Nos llevó años recuperarnos del porrazo del voto verde.   

Ser "hincha" de que haya un referéndum contra la LUC o ser "históricamente amigo de las consultas populares" es poca razón para embarcarse en este caso concreto. Ayudaría ser menos hincha y más dirigente.

Gustavo 'Tato' Olmos es Diputado por Marea Frenteamplista / Fuerza Renovadora / Frente Amplio. Pertenece a Generación 83 y trabajó en GeneXus. @tato_olmos