UY Press - Agencia uruguaya de noticias

02.04.2025

El mundo observa con atención los acontecimientos en Francia, donde la líder de extrema derecha Marine Le Pen ha sido condenada por el Tribunal Correccional de París a cinco años de inhabilitación y cuatro años de prisión, tras comprobarse, con fundamentos jurídicos sólidos, su participación en un esquema de malversación de fondos públicos durante su mandato como eurodiputada.

Este fallo judicial no solo representa un hito en la rendición de cuentas de los líderes políticos, sino que también desmonta la narrativa de impunidad que muchas veces rodea a estos proyectos autoritarios.

La ultraderecha ha operado históricamente bajo la presunción de que su concepción de la "democracia", marcada por rasgos algorítmicos y un tecnofeudalismo-como lo describe Yanis Varoufakis-, los exime de someterse a la justicia y les otorga una suerte de fueros inalienables en nombre de la supuesta "salvaguarda del pueblo". Paradójicamente, aquellos que han construido su discurso atacando "las prácticas delictivas de la política" terminan siendo condenados por los mismos delitos que denuncian.

El manual de estos proyectos políticos es ampliamente reconocible. Inicialmente, deslegitiman a sus adversarios, acusándolos de ser parte de una élite corrupta o de una "casta" que ha socavado los intereses de la nación. Luego, dirigen sus ataques hacia actores internacionales, a quienes acusan de cooptar las instituciones nacionales. Finalmente, cuando la justicia dicta condenas sobre sus líderes, descalifican el sistema judicial, presentándose como víctimas de una persecución política. La ausencia de reflexión crítica-concepto desarrollado por Hannah Arendt en La banalidad del mal-conduce a la construcción de una narrativa en la que sus seguidores asumen estos discursos como verdades absolutas, debilitando los principios democráticos y socavando la confianza en el Estado de derecho.

Ante este escenario, surge una interrogante ineludible: ¿Estamos presenciando una nueva manifestación de la "banalidad del mal"? Si bien las circunstancias actuales no guardan similitudes con los crímenes atroces del pasado, sí comparten una preocupante falta de cuestionamiento ético y moral sobre los actos ilícitos cometidos por estos líderes. La nueva realidad económica y tecnológica no solo no mitiga estos discursos, sino que contribuye a su expansión. Los grandes conglomerados económicos que ostentan el poder hegemónico global son, en muchos casos, los mismos que controlan los nuevos medios de comunicación digitales, estableciendo líneas de defensa en favor de estos liderazgos de la nueva derecha conservadora, incluso integrándose a sus gobiernos.

En este contexto, no resulta sorprendente que los seguidores de estas corrientes políticas, influidos por un discurso que promueve la individualidad extrema, el odio y la desinformación, adopten una postura de defensa incondicional hacia aquellos dirigentes que, en lugar de fortalecer la convivencia democrática, profundizan las fracturas sociales y erosionan los valores republicanos fundamentales.

El acontecimiento político en torno a la condena de Marine Le Pen refleja una dualidad significativa. Por un lado, representa un alivio institucional, pues confirma-como en los casos de Jair Bolsonaro y Donald Trump-que los líderes extremistas no gozan de impunidad y que, al igual que cualquier ciudadano, están sujetos al Estado de derecho. Sin embargo, por otro lado, genera preocupación, ya que la ultraderecha ha convertido cada condena judicial en una oportunidad para victimizarse, reforzando la contradicción entre su discurso y sus acciones. Mientras exigen "mano dura" contra la clase política tradicional, denuncian "persecución judicial" cuando la justicia les aplica la ley por sus propios delitos. Este doble estándar, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una estrategia recurrente en distintas latitudes, incluyendo nuestra propia región.

Le Pen reproduce el mismo manual de deslegitimación institucional utilizado por sus aliados ideológicos. En Estados Unidos, Trump ataca sistemáticamente al sistema judicial cuando los fallos le resultan adversos; en Brasil, Bolsonaro ha recurrido a la narrativa de la "conspiración" para evadir responsabilidades. Ahora, la líder de Agrupación Nacional se dispone a utilizar su condena como el eje central de su campaña para 2027, argumentando una supuesta "proscripción política", sin asumir que la única responsable de su exclusión del proceso electoral ha sido ella misma, al incurrir en prácticas ilícitas en el ejercicio de sus funciones. No obstante, este golpe judicial deja a su partido en una posición frágil, con un liderazgo joven e inexperto que podría no ser capaz de retener al electorado descontento con el sistema político francés. Aunque es prematuro afirmar si esta sentencia marcará el fin de la dinastía Le Pen, lo que sí es evidente es que representa un revés significativo para quienes buscan erosionar la credibilidad de las instituciones democráticas.

Esta condena debe interpretarse como un mensaje contundente para la extrema derecha: nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que detentan poder político y económico. Sin embargo, este episodio no debe celebrarse con triunfalismo, ya que también revela una creciente crisis de confianza en la justicia y en el sistema republicano en su conjunto. Si bien aún es temprano para medir sus consecuencias inmediatas, es probable que esta decisión judicial contribuya a profundizar la polarización en Francia, un país que requiere transformaciones sustantivas, pero siempre dentro del marco institucional y democrático.

El destino de las democracias no se define solo en las urnas, sino en la capacidad de sus instituciones para sostener el imperio de la ley frente a quienes buscan subvertirlo. La condena a Marine Le Pen es más que un fallo judicial: es una advertencia de que la justicia, pese a las presiones y campañas de descrédito, sigue siendo un pilar fundamental del orden republicano. Sin embargo, la lucha contra el autoritarismo no se gana únicamente en los tribunales, sino en la construcción de una ciudadanía crítica, capaz de resistir la manipulación y el relato victimista de quienes han hecho del odio, la desinformación y la impunidad su estrategia de poder.

Si las patrias contemporáneas han de salvarse, no será con la complicidad de los poderosos que intentan someter la justicia a su voluntad, sino con un pacto moral y cívico que devuelva a la política su verdadero sentido de servicio y compromiso con la sociedad.

Gaston Castillo es Diputado suplente y dirigente de Alternativa.