UY Press - Agencia uruguaya de noticias

28.03.2015

El 17 y 18 de marzo pasados, el parlamento aprobó el primer proyecto de ley presentado por este nuevo Gobierno.

Se trata de la iniciativa por la cual, de acuerdo a la legislación vigente, se amplía la nómina de municipios y circunscripciones electorales en todo el país de 89 a 112 (aquellos con más de 2.000 habitantes o creados por iniciativa departamental), con el fin de actualizarlos de acuerdo con el último Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), a los efectos de permitir la normal realización de las próximas elecciones departamentales.

Esta creación por ley, se enmarca en la nueva legislación  dentro de la descentralización y participación ciudadana que siempre ha sido uno de los elementos de identidad de nuestro Frente Amplio y que deriva de la tradición Artiguista de dar vida política a los pueblos, constituyéndose por sí en cabildos abiertos y luego reunidos en Congresos.

Cuando se habla de descentralización, muchos alardean con el tema, pero cuando llega el momento, su voluntad y sus votos no aparecen. Desde 1996 la Constitución dispuso en el artículo 262 la instalación de un tercer nivel de Gobierno con autoridades Locales electivas. Sin embargo, esto no ocurrió hasta que llegó el Frente Amplio al Gobierno Nacional en 2005, que se propuso la necesaria ley para su creación.

En 1996, la Constitución dispuso, en su ar­tículo 262, la instalación de un tercer nivel de gobierno, con autoridades locales y electivas, pero no fue hasta que llegó el Frente Amplio al Gobierno Nacional, en 2005, que se propuso la necesaria ley para su creación. En el año 2010, con sus votos, hubo elecciones en los municipios, instalándose 89 en todo el país. La mayoría de ellos no tiene alcaldes del Frente Amplio, pero igual seguimos apoyando y pensando en ampliar sus competencias y financiamiento. Desde el inicio de la pasada Legislatura, comenzamos a trabajar en un acuerdo interpartidario para permitir un amplio consenso sobre las modificaciones a introducir. Luego de un largo trámite, en setiembre del año pasado, se aprobaron dichas modificaciones definitivamente en ambas Cámaras. Me refiero a la ley Nº 19.272.

Esa nueva ley, que unifica la normativa sobre municipios, fundamentalmente amplía la materia municipal y su forma de financiamiento. Asimismo, se ajustan detalles de su funcionamiento y la posibilidad de iniciativa ciudadana, a la luz de las experiencias recogidas en los cuatro años de actividad de los municipios.

En particular, hoy queremos hacer mención a la modificación relativa al financiamiento de los municipios, ya que es uno de los cambios más significativos. Aquí se pondrá en juego si se quiere una verdadera descentralización.

La nueva ley prevé un cambio en la asignación de recursos municipales, alineado con la progresividad de sus atribuciones conferidas por ley. Por lo tanto, dejan de estar a cargo de los Gobiernos departamentales, sin que ello signifique mayores recursos sino una distribución más eficiente. En estos años, el apoyo del Gobierno nacional en el presupuesto de los Gobiernos departamentales ha aumentado mucho. Además, lo ha hecho en forma previsible y puntualmente cumplida, a diferencia de lo que ocurría en períodos anteriores. Pero esto no se ha visto reflejado en la mayoría de las Intendencias respecto a la transferencia de recursos hacia los municipios.

En la nueva ley se prevén varias disposiciones que aseguran un mejor financiamiento de los municipios, a fin de obtener impulso hacia una verdadera descentralización, previendo que cada Gobierno Departamental abra en su presupuesto un programa por municipio, siendo esta una meta de los compromisos de gestión a cumplir para obtener el máximo porcentaje de participación previsto en el ar­tículo 214 de la Constitución respecto a las partidas del Presupuesto Nacional. Pero también hay asignaciones directamente de Presupuesto Nacional que ya estaban establecidas en la ley original, pero con un fondo que era igual a todos los municipios. Ahora, se prevé dividir ese fondo de incentivo para la gestión de los municipios en tres componentes: un 10% al igual que ahora -un mínimo común para todos los municipios-; un 75% según criterios establecidos por la Comisión sectorial en el ar­tículo 30 de la Constitución -territorio, población, necesidades básicas, etcétera-, y un 15% destinado a proyectos y programas sujetos al cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de gestión celebrados entre los municipios y los Gobiernos Departamentales.

Seguramente, la aplicación combinada de fuentes nacionales y departamentales acordadas, según prevé la Constitución y la voluntad política del Poder Ejecutivo y del Parlamento Nacional, por un lado, y del Congreso de Intendentes, Intendentes y Juntas Departamentales, por otro, deberán asegurar fuentes de recursos suficientes para desplegar las actividades propias de los municipios. El Frente Amplio tiene la convicción y la voluntad política de priorizar la descentralización y participación ciudadana como forma de llevar adelante el proyecto nacional de desarrollo, y hacer jugar un papel fundamental a los Gobiernos departamentales y municipales en la coordinación, articulación y ejecución de políticas públicas en el territorio con el control de los gobiernos de cercanía y la propia población para que ellas sean más eficientes. Así lo expresó en la reciente campaña electoral nacional el actual Presidente de la República, siendo ratificado y priorizado como primer pilar en su discurso en cadena de radio y televisión el 1º de marzo.

Culminando con este desarrollo, deseamos que estos temas formen parte de la actual campaña política hacia la elección de mayo. Es muy bueno para la opinión pública conocer cuáles son las visiones y prioridades de los candidatos a Intendencias y Municipios y la de las fuerzas políticas que los respaldan en estos temas, que tendrán explicitación en los presupuestos departamentales y en la coparticipación con el Presupuesto Nacional, porque más descentralización es más ciudadanía.