UY Press - Agencia uruguaya de noticias

05.02.2014

A pocos meses de las elecciones nacionales en Uruguay, primeras del siglo, en las que se perfila, según las empresas encuestadoras, un ganador, el doctor Tabaré Vázquez, candidato del Frente Amplio, han aparecido una serie de temas entrelazados vinculados a la ética que, por lo menos, exigen una reflexión.

Hay temas, como lo ocurrido con PLUNA, que no deben olvidarse, además de colocarse dentro de una lógica de hechos cuya responsabilidad puede existir o no. Es algo que dirá la Justicia. Por ello, en primer lugar se hace necesario plantear algunas interrogantes cuya dilucidación es esencial para el tránsito hacia un tercer gobierno progresista, que obviamente desde el pique debería actuar con pautas distintas a las inculcadas por los paradigmas neoliberales y, tampoco, por el retorcimiento que han hecho algunos funcionarios que creen que por tener poder están habilitados a hacer cualquier cosa.

En primer lugar preguntarnos, ¿qué valores deberemos tener en cuenta al fomentar estrategias y políticas públicas, que estén vinculadas al tránsito hacia los objetivos que debe tener un gobierno progresista? Y otra cosa, ¿qué códigos de conducta ética deberían adoptar los líderes políticos, los altos funcionarios públicos, el empresariado, los líderes de las organizaciones básicas de la sociedad civil, etc. para actuar en el nuevo escenario?

De ese análisis deberían surgir pautas de cómo trabajar frente a situaciones concretas como la pobreza, la exclusión social, las desigualdades, la discriminación de las minorías, situaciones lamentables que están en la base de los grandes temas nacionales: el desarrollo armónico de la educación, el poner punto final a la inseguridad y caminar de una vez por todas a emparejar hacia arriba a una sociedad abiertamente desigual como es la nuestra, con islotes de marginación, verdaderos guetos, de los que surgen grupos de marginados que impulsados por el drama de la droga, están a la cabeza de las agresiones contra los uruguayos que trabajan. Y, por último, ¿cómo impulsar una ética de la solidaridad?, elemento tan necesario para revertir la actual situación del país que se caracteriza, entre otras cosas, por la existencia de casi un millón de personas con problemas de empleo, que no tienen ingresos para comprar una canasta mínima, vital y diaria, la mayoría de ellas excluidas, de la sociedad, sin olvidar a quienes pasaron de esa marginalidad a la indigencia. Una realidad, a ojos vista, producto de carencias en el crecimiento del empleo, situación unida a esa solidaridad, tan necesaria para revertir esa realidad.

En torno al tema que pretendemos abordar hoy, de alguna manera, han aparecido en los últimos días situaciones que es conveniente comentar. En primer lugar la denuncia sobre posiblemente fraudulentas compras en el Parlamento, que se vincula de manera evidente a los siempre oscuros privilegios de un sector de la sociedad, el político, que desde siempre ha violentado principios éticos (no legales) en un país donde esa actividad ha tenido beneficios bastante alejados de la realidad cotidiana. Privilegios que recaen en los parlamentarios, especialmente, pero que por razones de proximidad han convertido a todo lo que se realiza dentro del llamado Palacio de las Leyes, en pasible de cuestionamientos éticos.

Parecería necesario que el nuevo gobierno, en la primera legislatura y de manera inmediata, enviara un proyecto de ley que racionalizara varios de los beneficios insólitos que tienen quienes abrazan la actividad política. Subsidios que se pueden extender a tres años y que se justifican en un argumento insólito; que se trata de una norma democratizadora, que le permite actuar a las personas sin fortuna. Y el otro argumento, obviamente no de recibo, que muchos políticos debieron abandonar otras tareas remuneradas para "servir a la Patria", y qué han perdido dinero con ello. Pero sigamos mencionando la indignante compensación que se le entrega a los demasiado parlamentarios para la compra de diarios, etc. En ese marco dispendioso no sorprende, entonces, que haya aparecidos oscuras sombras en el departamento de compras de una de las Cámaras y que el presidente de la misma haya decidido presentar, luego de la Feria Mayor, todos los antecedentes ante la Justicia Penal.

Parecería que las tetas del Estado son inagotables fuentes de recursos y muchos, sin ánimo de meter a todos en la misma bolsa, se prenden de ese pezón como si fuera posible saciar toda su voracidad, sin reparar en la situación del país que determina la existencia de otros trabajadores que también por tareas que se podrían definir como "patrióticas" (maestros, policías, soldados, etc.) reciben salarios de hambre, y que, cuando tienen familias a su cargo, obtienen asignaciones familiares que son otra vergüenza pese a que el ministro Olesker sostenga los contrario.

Esas contradicciones éticas que se dan hacia dentro en nuestra sociedad, algunas de ellas quizás con sanción penal, deben ser dilucidadas de inmediato, especialmente, si en las elecciones de noviembre triunfa nuevamente la izquierda ¿O acaso no conocemos a muchos que están parasitando al Estado, cumpliendo tareas burocráticas muy bien pagas y que se defienden con uñas y dientes ante cualquier intento de modificar una situación de privilegio, aunque sus emolumentos surjan de partidas que tienen otro destino?

Y, ¿por qué decimos que la ideología impuesta por el neoliberalismo envuelve todos estos problemas que, obviamente, deben tener una dilucidación que en primer lugar debe estar vinculada a la ética? Simplemente porque parecería que lo que define todo es el dinero, único elemento que parece impulsar a las personas. Pero, aclaremos, de paso algo: cuando se habla de racionalización de los sueldos del Estado no se está mencionando a los funcionarios, sino a quienes acceden a cargos de gobierno o de particular confianza.

Debemos señalar también otro hecho indiscutible: en el ámbito público casi nadie tiene la misma paga por similar función (reiteremos el ejemplo de maestros y policías, comparando sus estipendios con los de quienes, por tareas menos exigentes, cumplen funciones en otras empresas públicas) ¡Hay que tener claro ese concepto!

Especialmente, porque al plantearse la racionalización de los salarios de los funcionarios políticos que cumplirán tareas en el próximo gobierno, muchos se han confundido y se entrevera a Stravinski con Piazzola. Nadie habla de los funcionarios de "a pie". La racionalización para abajo, mostrando una necesaria austeridad, viene por otro lado y la discusión alguna vez planteada es también aleccionante, ya que aparecieron algunas voces que mostraron visiones sobre la eficiencia en el Estado que, evidentemente, están impregnadas de conceptos contrapuestos al camino de austeridad que es necesario para emprender el rumbo hacia el progreso.

Se afirma que el dinero, el sueldo a pagar y a cobrar, es prácticamente el único motivo para atraer a los técnicos "del mejor nivel" que, de lo contrario, se irían a la actividad privada o no vendrían, si son extranjeros. Sobre el punto recordemos que un "bróker" que tuvo y alabó un ministro de Economía, quizás el personaje mejor pago que tuvo el país en toda su historia, fue quién metió a los uruguayos en los ruinosos "negocios" del Banco Comercial y aconsejó a la anterior administración sobre la asociación con Matías Campiani y Cía., para lograr la "salvación" de PLUNA, uno de los "muertos" más onerosos que ha tenido el Uruguay en toda su historia

Pobres los lineamientos éticos de quienes, en un país con mil problemas, solo miden su participación en un gobierno de cualquier signo que este sea solo por el dinero que recibirán. ¿No se les pasará por la cabeza que existe un proyecto superior, fundamental para el país, que no solo exigirá esfuerzo sino, obviamente, también desprendimiento? No negamos que existan niveles internacionales de remuneraciones en los que se suben los técnicos internacionales de alto nivel, que en el momento mismo de pisar tierra, ponen en marcha su cronómetro para medir el volumen de los viáticos que exigirán. Pero estos son ejemplos particulares.

Es imprescindible que los uruguayos, a pocos meses de los trascendentes comicios, mostremos interés en integrar a nuestros actos dimensiones éticas, las que deben sustentar las decisiones sobre políticas y programas. Porque es evidente que, de manera consciente o inconsciente, la ciudadanía está demandando que se analicen y sean tenidos en cuenta esos desafíos éticos para que los actores políticos y sociales asuman, con bases nuevas, las responsabilidades que les correspondan.

Para ello se hacen necesarias políticas que creen condiciones favorables al desarrollo de los componentes básicos del capital social, como de las capacidades de asociatividad y cooperación, mejorando la confianza interpersonal y la conciencia cívica. Y, quizás, haya que legislar cuidadosamente para ello.

Sin lo cual nada es posible.