UY Press - Agencia uruguaya de noticias

17.04.2014

No cabe duda que la actual estructura del Estado sigue siendo deficiente y cara para los intereses nacionales, además de un factor decisivo para sostener el flujo de presiones que determina el mantenimiento del flagelo inflacionario. Además, su característica es corporativista, por lo tanto injusta y discriminante para quienes sufren las consecuencias de su peso decisivo en el funcionamiento del país.

Por eso es bueno hacerse algunas preguntas: ¿cómo es posible que el fisco requiera los niveles de imposición que se tiene en Uruguay, con el fin de sostener a un monstruo de mil cabezas, ineficiente e incapaz de renovarse a sí mismo? ¿Cómo es posible, además, que las tarifas de las empresas públicas se conviertan en un peso decisivo para la producción nacional por una existencia doble: los precios excesivos que se mantienen y que se multiplican por la incidencia impositiva?


Muchas veces nos preocupó que por decisiones tomadas ligeramente las empresas estatales comenzaran deslizarse hacia una privatización por el camino de la “asociación” porque, entre otras cosas, nos había ganado ideológicamente el concepto de los “monopolios naturales”, una peregrina construcción teórica – ahora lo comprendemos -  al servicio de la burocracia uruguaya, que sirvió para que aquí durante años pasara mucha agua sucia bajo los puentes del Estado y aparecieran privilegios hoy insoportables y, por supuesto, los usuarios fuéramos los que pagáramos el pato de la boda,  de todo ese derroche,  con tarifas por servicios, no del todo buenos, a precios finales insoportables.

Siempre hemos apoyado las movilizaciones populares en defensa de ANTEL y de ANCAP, en las que los uruguayos se definieran con rotunda claridad. No lo hicimos en el caso de la nacionalización del agua, porque no veíamos más que contratiempos para el país y para el gobierno frenteamplista que estaba a punto de acceder al poder.
Pero, hay algo bien claro, ni unos ni otros (los que apoyaron un camino o el otro) queremos que esas empresas públicas, los llamados “monopolios naturales”, mantenidas a rajatabla en la esfera estatal, le hagan pagar a los usuarios por sus servicios, medidos a niveles internacionales, los precios más altos de la región. Y menos, para mantener islas de privilegios  inaceptables.

Desde aquellos tiempos, cuando ya tiene diez años de asumido el gobierno frenteamplista, el mecanismo de incremento de las tarifas públicas sigue siendo el único recurso de ajuste de esas empresas que, por ese arbitrio, nos hacen pagar los combustibles más caros de todo el continente, un “ojo de la cara” por utilizar el teléfono y tarifas de Internet (qué pese a ir moderándose las últimas), tienen una relación negativa comparativamente con  las que se manejan en los países vecinos y del primer mundo.

Ni hablar de la energía de UTE o del agua que provee la OSE. Por supuesto que sabemos de algunos esfuerzos, como los de ANCAP, al desprenderse de varios negocios más que negativos que mantuvo por tiempo en la Argentina, verdaderos cánceres que, obviamente, pagamos todos por mucho tiempo, en cuotas partes, con los precios de los combustibles. Recién  con la diversificación de la provisión energética se ha logrado una mejor cuota de eficiencia, especialmente con los sistemas de producción eólica, método que por años UTE se resistió en implementar alegando temas de “seguridad” de la producción.  Los trabajadores uruguayos que, si bien en el sector privado han recuperado poder de compra por la puesta en vigencia de los Consejos de Salarios, se contraponen con algunos compatriotas en el sector público – los no privilegiados -, que se mantienen dentro de márgenes de orfandad. Hablamos, por supuesto, de algunos sectores, especialmente de la administración central, Salud Pública, Enseñanza, policías y militares, que no han visto recompuestos de manera generosa sus ingresos a niveles acordes con el período de crecimiento que ha vivido el país y siguen sorteando, a duras penas, una situación de crisis que para ellos sigue vigente. Sin embargo dentro del propio Estado existe otra realidad, la de funcionarios corporificados, que están en una subida situación salarial. 

A nuestra mesa de trabajo llegan a diario noticias de las empresas públicas, que utilizan las tarifas como variable de ajuste y que dan cuenta, graciosamente, de insoportables situaciones de privilegio. Funcionarios con nivel de gerentes, que en algunas de ellas suman cientos, de dudosa eficacia funcional, que cobran como si trabajaran para empresas de países altamente desarrollados, sueldos y compensaciones que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de la mayoría de los uruguayos. Inclusive nos ha llegado algún listado de sueldos de funcionarios que son una demostración de esa escandalosa disparidad.
 
Muchas veces se habló de una reforma del Estado seria, que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se prometió encarar. “La madre de todas las reformas” sostuvo quién nunca convirtió en proyecto lo que dijo desde alguna tribuna. Una reforma, claro está, que tuviera en cuenta esas disparidades salariales existentes y el despilfarro que significa la existencia de algunos privilegios. Para colmo hay todavía quienes justifican esa disparidad hablando de capacidades, formaciones y que esos señores, de no ser contemplados, serían atraídos por el sector privado.

Todo es discutible y la mayor parte de lo que se dice no es cierto, especialmente en el Uruguay, en donde el sector privado vivió también su crisis y su bonanza en algunos sectores que es producto del manejo adecuado de las variables de los negocios y del boom exportador que se produjo por la influencia de los países orientales. Pero, nos preguntamos: ¿Qué empresa del sector privado paga hoy sueldos altos como los de las empresas estatales a cientos de funcionarios ejecutivos?  Hay algunas, que unen al usufructo del cargo bien remunerado una permanente inestabilidad en la función. ¿O ese rubro no lo tomamos en cuenta cuando hablamos del tema y no tenemos en cuenta que los funcionarios estatales son inamovibles?

No nos negamos a que el Estado o una empresa pública, para una acción puntual, pueda contratar a técnicos del más alto nivel, en base a valores internacionales. De otra manera no sería posible concretar algunas tareas. Ni tampoco nos oponemos a que se paguen sueldos adecuados en el Estado. Lo que no pueden existir son hijos y entenados, provocando que los descalces presupuestales se trasladen a los usuarios para lograr un falso equilibrio. Lo que no es adecuado, como política general, es mantener una situación salarial de privilegio, alejada de la realidad económica del país y que ello además sea posible por el incremento de las tarifas públicas, como las que pagamos los uruguayos.
La reforma del Estado se impone. Pero para dibujar el futuro de las empresas públicas debemos medir nuestra humildad y entender cuál es la realidad cotidiana y las ventajas que, de alguna manera, han tenido para algunas actividades el quebrar la explotación monopólica, como ha ocurrido en la telefonía móvil, que se ha desarrollado en el país en progresión exponencial gracias a la existencia de la competencia.
Claro que en el análisis alguna vez iniciado por el gobierno no se trataría de cambiar de blanco por negro ya que los dilemas inherentes a la privatización y el rompimiento de los monopolios, son complejos. Dado que el abuso del poder del monopolio lleva a tarifas que no se regulan por la competencia, por lógica más elevadas para los consumidores y nunca subordinadas a la prestación de un buen servicio.  Los gobiernos a menudo intervienen mediante la reglamentación de los mercados de los monopolios o, lo que es más común en muchas partes del mundo, suministran el servicio directamente por medio de una empresa estatal auto reglamentada, pero no autonómica. Aquí los entes autónomos fueron creados porque el capitalismo incipiente del país impedía una acumulación de capital suficiente para concretar la puesta en marcha de empresas de magnitud que funcionaran en los servicios públicos.

La excepción fue  la de los ferrocarriles que fueron creados por el capital extranjero, con el fin de armar un entrelazado de caminos económicos para abastecer al puerto de salida (Montevideo), con la producción de las zonas ganaderas. Modalidad uruguaya que fue mantenida en el tiempo en razón de las mismas carencias del país, de la pequeñez de su mercado interno que no fue nunca atractivo para el capital extranjero – con excepción, en su momento, del caso de ANTEL – y del accionar político de los partidos que utilizaron desde siempre a las empresas públicas como reaseguros para sus políticas cliente listicas. Empresas exclusivistas y monopólicas. Para determinar la característica de los “monopolios naturales”, es bueno comprender que en ocasiones se plantea el fenómeno distorsionante, en economías de escala, que el tamaño óptimo de una de esas empresas es mayor que el mercado mismo. Ello provoca distorsiones que se deben mitigar, sin duda, con políticas de austeridad que tengan en cuenta la posibilidad de obtener clientes extra nacionales.

Otro aspecto del problema de los "monopolios naturales" es que sólo hay cabida en el mercado para una firma; la competencia no es factible o eficiente. Ejemplos tradicionales de monopolios naturales son las "industrias de redes", como las de los servicios públicos de energía (UTE y ANCAP), de telecomunicaciones (ANTEL) y transporte (AFE).

¿Pero qué ha ocurrido en el Uruguay? El concepto de “monopolios naturales” se ha ido desvirtuando por la acción mancomunada de distintos gobiernos que han convertido a los entes autónomos en centros de privilegio que, para mantener sus abultados presupuestos, deben asumir dos elementos constantes: una acción monopólica (sin competencia) y altas tarifas. Este segundo aspecto es el que invalida a estos llamados “monopolios naturales”, porque es económicamente insostenible que se pueda mantener una situación de esas características a contrapelo de los intereses mayoritarios de toda la población que (por ser empresas estatales), es en alguna medida propietaria de las mismas. Pero además ocurre que el precio que entregan sus productos al consumo determina que los costos de producción tengan niveles que dejan al país fuera de competencia.

Al parecer la idea del gobierno – pese a que no trascendieron en profundidad los elementos propuestos en su momento para la discusión por el propio presidente Tabaré Vázquez - es abrir de alguna manera el juego comercial de bienes y servicios que producen las empresas públicas, permitiendo el ingreso de competencia desde el exterior para que unos y otros puedan disputarse el mercado – como ocurre en la telefonía móvil – y así se produzcan avances, quizás necesarias “asociaciones” entre empresas públicas nacionales y otras de carácter privado y/o extranjero, que eviten dislocamientos  y que permitan ampliar las actuales vetustas estructuras, bajar costos y competir con posibilidades en un mercado ampliado. Sin embargo en la actualidad, habiendo pasado mucha agua bajo los puentes, el gobierno de Mujica sigue sin poner implementar una solución para AFE, una empresa pública que vive – claramente - sus estertores finales, siendo la demostración más palpable de una trágica decadencia. No tenemos ferrocarril competitivo en el Uruguay porque los sindicatos siempre se han opuesto a los cambios, sin entender, que los intereses nacionales deben estar encima de los corporativos.
Esperemos que los próximos meses de campaña electoral sean ricos en novedades sobre este sustancial tema del que se dejó de hablar cuando reaparecieron a todo volumen las concepciones estatistas propias del vetusto secentismo.
Claro,  lo peor que nos podría pasar a todos sería la parálisis, esa característica que ha sido el lugar común de este país por tantos años y que hoy es el resultado de una insalvable contradicción ideológica.