UY Press - Agencia uruguaya de noticias

28.10.2020

"Las compañías farmacéuticas tienen hoy una única misión: maximizar los beneficios para los accionistas y las bonificaciones para los directivos aún a costa del perjuicio y la muerte de los pacientes"

Dr. Hagop Kantarjian, Profesor de Oncología, Universidad de Texas, 2016

Así resumían un grupo de oncólogos americanos su opinión sobre la estrategia actual de la industria farmacéutica. En el mismo artículo agregaban que "se trata de un cambio fundamental en la misión tradicional de las farmacéuticas que era doble: ayudar a los enfermos mientras lograban beneficios razonables". Es innegable que la inversión para el desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades que amenazan la vida es una estrategia fundamental de la medicina moderna que permitiría en muchos casos el goce de una buena calidad de vida. No obstante, este reconocimiento no puede ser ciego a la hora de señalar los abusos cometidos contra la seguridad de la sociedad por parte de la industria.

Como señaláramos en una columna previa, el objetivo de maximizar el retorno sobre la inversión no justifica la estrategia comercial de infringir principios éticos y normas comerciales para la consecución de beneficios económicos. Como señalara Peter Drucker, reconocido como el verdadero fundador de la gestión moderna "el hecho de que puedas aumentar el margen de tus ganancias no implica que debas hacerlo. El manejo del mercado de productos sanitarios necesariamente debe recoger este principio ético para asegurar sus sostenibilidad en el tiempo". En nuestra opinión la violación reiterada de los principios que rigen la vida comunitaria por el afán de aumentar las ganancias indefectiblemente lleva a postergar el derecho de los ciudadanos a recibir cuidados sanitarios dignos.

Una de las bases para asegurar una posición de predominio en la comercialización de los medicamentos pasa por obtener la colaboración médica al momento de su prescripción. No obstante el peso del médico para inducir a los pacientes a exigir determinadas marcas de medicamentos, es evidente que influir sobre el cuerpo médico es una estrategia necesaria pero insuficiente. Existen otros colectivos cuya colaboración es imprescindible reclutar. Nos referimos a los actores judiciales, a los dirigentes políticos, a los gerentes de las instituciones sanitarias y a las redes de farmacias que manejan la distribución final de los medicamentos.

1. El papel de los legisladores es fundamental pues son sus integrantes quienes tienen la potestad legislativa para redactar y promulgar las normas que regulan la actividad comercial de la industria. Como consecuencia obvia, también es este grupo el encargado de proveer los individuos que ocuparán los cargos ejecutivos encargados de velar por el adecuado cumplimiento de las normas sanitarias, comerciales y tributarias.

Cabe recordar que solo en los EE.UU. el sector farmacéutico dedicó más de 550 millones de dólares en 2015 a hacer lobbying, es decir, ejercer presión política sobre el Senado para endurecer el régimen de patentes y defender la propiedad intelectual e industrial de las grandes compañías estadounidenses. Como señala una reciente investigación periodística, los datos para 2020 no son alentadores. En varios Estados aceptar dinero de la industria farmacéutica es más la norma que la excepción. Por ejemplo, en Illinois el 79% de los legisladores recibieron cheques de las farmacéuticas, mientras que en California el porcentaje que aceptó dinero del mismo origen alcanzó al 85%. Según datos del Senado americano la industria del medicamento aportó más de 5 millones de dólares para las campañas electorales durante los 2 últimos años. Cuando el aporte a los legisladores se centra en quienes tienen cargos federales, el monto calculado de las donaciones es de 11 millones de dólares solo durante el mes de julio de este año. Se debe tener presente que esta estrategia se repite en todos aquellos países cuya legislación no lo prohíbe de forma explícita.

2. Respecto a otros colectivos que adoptan conductas funcionales a los intereses de la industria es imposible soslayar a los expertos en Derecho tributario y en Derecho civil. Aunque resulta difícil de precisar el origen cronológico de la estrategia, es evidente que la decisión de judicializar la prescripciones médicas está muy lejos de ser el resultado de la casualidad. De improviso, los sistemas sanitarios nacionales de diversos países debieron enfrentar recursos de amparos que protegían el derecho de algunos pacientes para que les fueran administrados determinados medicamentos. Como hilo conductor se debe reconocer que todos los medicamentos requeridos eran producidos por empresas farmacéuticas multinacionales, todos tenían un precio elevado, todos los pacientes sufrían de enfermedades graves, estando muchos de ellos en la etapa terminal de afecciones oncológicas y que con frecuencia esos tratamientos farmacológicos carecían de respaldo científico. Con el énfasis puesto en que estos fármacos representaban la última oportunidad de lograr la curación o por lo menos de aumentar la cantidad y calidad de la sobrevida, se acusaba a las administraciones de ser inmisericordes al sufrimiento humano y de incumplir con el deber de defender la vida. No es ajeno a esta estrategia argumental que en general el reclamo no fuera presentado por asesores legales de las empresas sino por abogados que actuaban gratuitamente en defensa de sus patrocinados. De esa forma se contraponía el interés humanitario en defensa de la vida y de la dignidad al afán de recortar gastos por parte de los Estados. Con un cuerpo normativo, definido y redactado por los legisladores, los jueces debían pronunciarse en un tiempo relativamente breve sobre la validez del reclamo.

3. No obstante lo dicho, la búsqueda para aumentar las ganancias de la industria no se limita al marketing agresivo de nuevos productos, sino que requiere la defensa a ultranza del "territorio conquistado". Esta estrategia destaca por sus acciones destinadas a bloquear la introducción de medicamentos que compitan directamente con los productos originales ya presentes en el mercado.

Para facilitar la comprensión de esta estrategia creemos adecuado resumir los principios que definen qué se debe hacer para conservar una ventaja competitiva. Para ello resumimos el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Este experto de Harvard definió cinco conceptos que determinan una ventaja competitiva: la competencia ya establecida dentro del sector, el poder de negociación de los proveedores, el poder negociador  de los clientes, la amenaza de los futuros rivales y la amenaza de los posibles productos sustitutivos. Estas dos "amenazas" son enfrentadas a través de otro concepto desarrollado por Porter: aumentar las "barreras de entrada". De acuerdo a este modelo la empresa debe incidir en el marco regulatorio de sus actividad a través del lobbying a los legisladores, quienes como dijimos son los encargados de introducir nuevas normas o modificaciones que favorezcan a la empresa respecto a su derechos comercial, tributario y civil.

4. Respecto a los proveedores no se puede reducirlos a quienes proporcionan materias primas, sino que se debe integrar a quienes mediante su prestigio social inciden en el desarrollo de la investigación, prescripción y comercialización de las diferentes especialidades farmacéuticas. La capacidad de negociación de precios de los clientes se sortea mediante técnicas de marketing que ofrecen curaciones o mejoras de la calidad de vida a través de los medios periodísticos que publican propagandas encubiertas bajo forma de notas "de interés", pautas publicitarias y del desarrollo de estrategias legales para la defensa de sus derechos civiles (con prescindencia de cuáles serán las consecuencias sanitarias para los pacientes). El cambio sociológico que propone adoptar la defensa de los derechos del consumidor y del individuo como criterio central para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías y de las nuevas instituciones sociales resulta funcional a la agresiva estrategia comercial de las empresas.

5. La principal amenaza del ingreso de nuevos jugadores al negocio del medicamento lo representan los fabricantes de genéricos. Por este nombre se hace referencia a medicamentos más baratos que los originales, que además de tener su misma composición brindan los mismos beneficios. No es casualidad que a pesar de estas ventajas solo alcancen un 25% de la cuota de mercado en Europa Occidental.

Pasando a analizar los diferentes recursos que pone en práctica la industria para bloquear o enlentecer el ingreso de los medicamentos genéricos destacamos las siguientes estrategias:

Genéricos de marca

"Si no puedes con tu enemigo, únete a él". Las grandes marcas comerciales producen y venden genéricos. Y los venden a precios de genéricos haciéndose así con una cuota extra del mercado: la franja que ocupan los medicamentos más económicos. En el ranking de laboratorios del sector de genéricos en España en 2016 dentro de los diez primeros puestos en porcentaje de recetas estaban Pfizer, Novartis, Sanofi, Bayer y GSK.

Renovación de productos antiguos

"Reverdecer" (evergreening) un principio activo que esté por alcanzar el vencimiento de su patente.  Un laboratorio que está vendiendo cierto medicamento bajo patente modifica de alguna manera la molécula o la combina con otro principio o tratamiento para justificar una nueva patente que alargue su exclusividad. En este sentido, un informe de la Comisión Europea explicaba ya en 2009 que las empresas registran un "gran número de patentes relacionadas con una única medicina" que, en ocasiones, llevan a pleitos con compañías de genéricos.

Pago por no competir

Las farmacéuticas pagan grandes sumas de dinero a las empresas de genéricos que podrían suponer una competencia si sacaran productos similares a los suyos una vez que la patente ha dejado de blindar al medicamento original. De esta manera se retrasa la entrada en el mercado de otras variedades, en principio, más baratas que las de la firma comercial.

Precios y márgenes de beneficio

La Comisión Europea del Medicamento reconoce la necesidad de las patentes para proteger la investigación que hace la industria farmacéutica, aunque al mismo tiempo señala que un blindaje excesivo desincentiva la investigación.

En España, la Comisión de la Competencia está revisando el sistema de precios y márgenes que es donde radica el problema del acceso a los medicamentos. De esta forma la Comisión combate el monopolio del mercado en el cual la industria determina los precios. Se ha comprobado que la legislación española permite extender ese monopolio. A través de pequeñas modificaciones de su presentación, que en nada contribuyen a mejorar la eficacia del medicamento, la industria amplía la duración de sus patentes.

 Otra disposición legal a favor de este sistema es la exclusividad de datos que ampara la Ley del Medicamento. Esto hace que los laboratorios no deban compartir los datos del proceso de creación de una molécula hasta diez años después de su autorización. Sin esos datos, no se puede crear un genérico puesto que los medicamentos sin patente deben demostrar una equivalencia con el original.  El impacto económico sobre los pacientes es importante, pues el precio de los genéricos durante el primer año tras la pérdida de exclusividad es por término medio un 25% más bajo que el de la marca comercial. A los dos años, el precio se sitúa un 40% por debajo del original.

Resulta evidente que los sistemas sanitarios deben adoptar una conducta más proactiva en la defensa de sus pacientes, abandonando la actual actitud de simples corifeos de los logros de los desarrollos tecnológicos. La pujanza del sector de investigación es bienvenida siempre que se ofrezca como un actor comprometido en la búsqueda del bien común, pero de manera alguna es aceptable permanecer encandilados frente al enriquecimiento desmesurado de unos pocos a expensas del elevado costo para la sociedad en su conjunto y para los pacientes en particular.