UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.08.2013

Desde el año pasado el Presidente y su equipo han incluido en la agenda política nacional la regulación del mercado de la marihuana con participación estatal en la importación, producción y distribución de la droga.

El complejo proceso de discusión, que llama la atención internacionalmente, ha llegado al punto de contar con un proyecto de ley con media sanción en el parlamento.

El Poder Ejecutivo basa su propuesta en:

1. Considerar esta regulación del mercado como un aporte en el combate contra la inseguridad.

2. Constatar que la represión al narcotráfico por sí sola no logra otro resultado que más violencia

3. Presumir que competir con el narcotráfico en el mercado de esta droga, generando un proveedor legal de la misma, disminuye el contacto de los adictos con los vendedores de pasta base.

Recientemente el Presidente ha manifestado que se trata de un experimento, de resultado desconocido. Si el problema "nos pasa por arriba ponemos la marcha atrás", esa es su estrategia.

Se ha generado una expectativa internacional acerca del experimento, que es observado por muchos, que sin arriesgar nada, esperan los resultados para aprovecharlos si son positivos.

Los uruguayos según encuestas que se han realizado durante todo este proceso de marchas y contramarchas se han manifestado siempre en contra, 63 o 64% y a favor 23 a 26%.

Se ha recibido un informe de la OEA que tiempo atrás financió una investigación acerca de la evolución del problema del tráfico de drogas del 2013 al 2030.

En ese estudio se diseñan 4 escenarios posibles para dicha evolución, el que corresponde a la propuesta del gobierno, llamado Caminos, reconoce que en el corto plazo la regulación implica el riesgo del aumento del consumo de la sustancia en cuestión.

Por otra parte la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo independiente al que la ONU encargó implementar el control del cumplimiento de las convenciones de control del manejo de estupefacientes, ha manifestado que el texto aprobado en la Cámara de Diputados "está en contravención de la provisiones de los tratados internacionales de control de drogas" y "en particular de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, de la que Uruguay es parte"

La JIFE además manifiesta que Uruguay se negó a recibir una misión, antes de que el proyecto ingresara al parlamento y solicita a las autoridades nacionales que consideren todas las posibles repercusiones de la aplicación del proyecto de regulación, basado en al presunción de que la despenalización del tráfico reduce la violencia conexa al mismo, antes de tomar decisiones al respecto.

Políticos de la oposición han planteado su preocupación porque:

• Se ha instalado un clima de permisividad respecto a la marihuana

• La discusión acerca de la regulación no está acompañada de una campaña nacional contra las drogas, que deje de manifiesto las consecuencias nocivas de su consumo.

• Dudan de que el gobierno esté capacitado para controlar la reventa de la droga

• En todas las sociedades se vinculan al negocio del narcotráfico la burocratización de los controles y la instalación de un sistema de sobornos.

Otro argumento usado en el último Consejo de Ministros, a favor del proyecto en discusión, es un desenfocado análisis costo beneficio, en el que se compara el costo del narcotráfico para la sociedad medido en dinero en un período de tiempo con el valor de lo recuperado por incautación, ¿y el costo social que se genera? ¿y el costo social que se evita por la represión y la estigmatización del consumo?

En resumen:

1. Se trata de un experimento de riesgo, con gran incertidumbre sobre sus resultados, pero con la certeza de que la cantidad de consumidores y el consumo aumentarán en el corto plazo.

2. Iniciar un proceso de aprobación parlamentaria con múltiples intentos de justificar el proyecto pero sin campaña antidrogas genera un clima de permisividad que habilita a que aumente el número de experiencias con la droga y la cantidad de adictos.

3. Ubicar al narcotráfico como un competidor en el mercado de alguna manera lo legitima, está al mismo nivel, en esa materia, que la proyectada intervención del Estado.

4. Una pequeña organización, la entidad pública que crea el proyecto, sin experiencia en el mercado de la droga, enfrentada a la más poderosa multinacional, la del narcotráfico, que tiene experiencia mundial y de muchos decenios de desarrollo, lleva las de perder. El más poderoso puede competir con éxito en el mercado ofreciendo a los demandantes de droga menores precios y mejor calidad.

5. Nada permite asegurar que la presunción en que se basa todo el proyecto, la regulación de la importación, producción y distribución de la marihuana conducirá a la reducción de la violencia conexa al tráfico de narcóticos, sea una realidad.

¿Cómo resolver entonces el problema?

Los problemas se enfrentan definiéndolos por sus causas y resolviendo esas causas.

No habrá narcotráfico si no hay demanda de droga, así funciona el mercado, requiere de ofertantes y demandantes. No se resuelve el problema del narcotráfico enfocándolo sólo desde el punto de vista de la oferta, es necesario atacarlo también del lado de la disminución de la demanda.

Hay que investigar las causas de las adiciones, en el mundo tiene que haber mucho trabajo acumulado en ese sentido, investigaciones científicas y diversas prácticas de atención de las adiciones.

¿Por qué hay adictos? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Son superables las causas de las adiciones? Seguramente es posible tomar medidas apropiadas para cada perfil de consumidor potencial para eliminar o mitigar las causas que generan la adición.

Esa es la tarea del gobierno, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de la sociedad toda.

¿Por qué no crear un equipo de trabajo multidisciplinario con participación de la Junta Antidrogas, el Ministerio del Interior, el de Salud Pública, el de Desarrollo Social, la UDELAR, ANEP, las comisiones parlamentarias vinculadas al tema que conduzca la investigación y la propuesta de soluciones que permitan elaborar una política pública que tienda a resolver el problema adiciones-narcotráfico?

Las políticas para enfrentar las adiciones y sus consecuencias desde el punto de vista de la seguridad pública, de la salud, del desarrollo de la sociedad, deben ser políticas de estado, compartidas por todos los partidos políticos, construidas en común, controladas en conjunto.

Todavía se está a tiempo de "bajar la pelota al piso", analizar los riesgos del proyecto de regulación en discusión en el parlamento, tomar decisiones para profundizar la investigación y proponer soluciones reales, planificadas, sin experimentos que pongan en riesgo la salud pública y la seguridad.