UY Press - Agencia uruguaya de noticias

Durante la campaña electoral de 2019, el ex presidente Lacalle Pou y, quien luego sería su Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, denunciaban la delicada situación en que se encontraban las finanzas públicas y calificaban el despilfarro que había acontecido durante el segundo mandato presidencial del Dr. Tabaré Vázquez.

En aquellas circunstancias, Lacalle Pou y su equipo se comprometían a poner en práctica un severo ajuste fiscal que implicaría un recorte del gasto público por un monto del orden de los 800 millones de dólares. La promesa era reducir el déficit fiscal y asegurar una trayectoria sostenible de la deuda pública. El rigor fiscal parecía convertirse en el principal estandarte de la conducción económica de la coalición multicolor.

La conducción económica encabezada por Azucena Arbeleche propuso adoptar una "regla fiscal". En buen romance se apuntaba a controlar el déficit fiscal, a fijarle un tope al crecimiento del gasto público y a limitar la expansión de la deuda pública. La nueva regla fiscal era concebía como el antídoto para combatir el virus del descontrol del gasto y pretendía emitir señales contundentes respecto al compromiso firme de las nuevas autoridades con la administración prudente de las finanzas públicas.

En el discurso, la nueva regla fiscal iba a evitar el despilfarro y sería percibida por los inversores y por las empresas calificadoras de riesgo como el inicio de una nueva era en la gestión fiscal de Uruguay, caracterizada por un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas. 

Muchos expertos nacionales e internacionales creyeron en el discurso oficial, que se fue desdibujando de manera continua a partir desde mediados de 2022, cuando el gobierno comenzó a prepararse para alcanzar un nuevo triunfo en las elecciones de 2024.

El tradicional "ciclo electoral" que había caracterizado a las finanzas públicas durante buena parte de la historia económica nacional, que implicaba mayor gasto público y un déficit público más abultado al acercarse las elecciones, empezó a manifestarse de forma evidente. Una vez más, la realidad política volvía a imponerse por sobre los discursos de algunos técnicos oficialistas que seguían apelando a las fortalezas que aportaba la nueva regla fiscal.

El año 2024 cerró con incumplimientos flagrantes de los compromisos que había anunciado el gobierno. El déficit fiscal resultó ser mucho más abultado que lo previsto en la meta establecida en la regla fiscal. El gasto público durante los dos últimos años de gobierno creció muy por encima de la establecido en la regla fiscal. La deuda pública bruta se ubicó 10 puntos porcentuales por encima de la existente en 2019. Del discurso a los hechos hubo un gran trecho.

Respecto al año 2019, el único indicador que según manifestó la ex - ministra Arbeleche en el pasado mes de febrero era el déficit fiscal estructural, que según la información aportada se había ubicado en el 3,7% del PIB en el año 2024.

En las últimas horas las nuevas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas informaron que el verdadero déficit fiscal del año 2024 supera lo manifestado por Arbeleche en algo más de 400 millones (aproximadamente 0,5% del PIB). El desvío constatado es el resultado de haber computado en 2024 mayores ingresos y de haber postergado la registración de gastos ejecutados el año pasado y que se encuentran pendientes de pago.

Quienes se presentaban hace cinco años como adalides de la seriedad en el manejo de las finanzas públicas, no sólo terminaron incumpliendo todos los compromisos que habían anunciado, sino que "maquillaron" el resultado fiscal para que pareciera estar por debajo del ya lejano resultado fiscal de 2019, cuando acusaban al gobierno del Frente Amplio de llevar al país hacia un barranco y de comprometer el pago de la deuda pública.

Los datos que hoy conocemos muestran que trampearon las cifras fiscales y que la regla fiscal, que pretendió ser un instrumento para fortalecer la política fiscal, terminó generando la peor gestión fiscal desde el 2005 hasta el presente. Los datos recientemente divulgados son elocuentes, como lo es la liviandad con que el gobierno del Presidente Lacalle Pou manejó la política fiscal.

A ello se agrega que en las últimas horas se conoció que ANCAP cerró el año 2004 con un déficit de 130 millones de dólares. Comparado con el cierre del año 2019 el último de la Presidencia de Vázquez donde el ente de los combustibles tenia 150 millones de dólares en caja. Una diferencia que cualquiera comprende su importancia.

Estas primeras cifras, que deberán completarse con los datos de otras empresas del Estado, ASSE y su endeudamiento, la situación del sector de varias mutualistas de la salud, comenzando por CASMU, muestran un panorama muy diferente al que nos presentó el oficialismo en la campaña electoral del 2024.

En resumen actuaron con premeditación, alevosía y mentiras lo que no solo muestra su irresponsabilidad ante el país, sino la rebaja de los valores republicanos que tanto proclamamos los uruguayos.

No se trata de datos para especialistas, sino directamente las informaciones de la marcha del país para toda la población, que afectan directamente nuestras vidas, en especial los sectores más débiles de la sociedad, aunque los empresarios en serio, deberían valorar estas informaciones y las diferentes conductas. Incluso en la visión más limitada a su propio negocio.

El actual oficialismo a nivel político partidario, debería asumir y denunciar plenamente el significado de esta situación, ahora, lejos de las elecciones por sus diversos impactos y en especial por el uso de la mentira sistemática y la afectación moral de la política.

La política económica 2020-2025 fracasó de manera evidente, el crecimiento del país en cinco años fue en promedio del 1.4% anual, y la distribución de la renta también tuvo un importante retroceso, la acumulación de miles de millones en los sectores más ricos y la pérdida de ingresos de los trabajadores, jubilados, pequeñas y medianas empresas. Del desastre ni siquiera se salvaron algunas grandes empresas que han cerrado sus actividades y otras que reducen drásticamente su personal.

Según los datos disponibles, el índice de Gini de Uruguay en 2019 fue de aproximadamente 0,383. Este valor indica el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso en el país en ese año.

El índice de Gini es una medida estadística que se utiliza para evaluar la desigualdad en la distribución del ingreso.

Un valor de 0 representa la igualdad perfecta (todos tienen el mismo ingreso), mientras que un valor de 1 (o 100 si se expresa en porcentaje) representa la desigualdad perfecta (una persona tiene todo el ingreso y los demás no tienen nada).

Es importante tener en cuenta que los datos del índice de Gini se publican con cierto retraso, ya que requieren la recopilación y el análisis de información socioeconómica. Por lo tanto, no se dispone de datos definitivos para el año 2024. Sin embargo, puedo proporcionarte información relevante sobre las tendencias recientes:

Los datos del año 2023 (todavía no se han publicado los correspondientes al 2024) y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de Gini para el año 2023 en Uruguay fue de 0,394.

Este valor representa un aumento en la desigualdad en comparación con años anteriores, y es el peor registro en 12 años, desde el 2011.

No nos engañemos, no son números, es nuestra vida y la de la mayoría de los uruguayos.

Fabricio Volani