UY Press - Agencia uruguaya de noticias

14.02.2018

La historia del Uruguay, casi desde sus orígenes está marcada por familias que se dedicaron a la actividad política durante largas décadas. Casos de padres, hijos, nietos o sobrinos que a lo largo del tiempo ocuparon relevantes responsabilidades de Gobierno o simplemente pasaron de por vida a ser funcionarios públicos.

Esto ha sido así fundamentalmente en los Partidos Tradicionales, varios apellidos por todos conocidos así lo señalan.

Pongamos por caso dos: José Batlle y Ordóñez era hijo de Lorenzo Batlle Carrió; Luis Alberto Lacalle Herrera es el nieto de Luis Alberto Herrera.

Si bien, la distancia en aporte al desarrollo nacional es muy superior del primero sobre el segundo, ambos son ejemplos emblemáticos.

En la Izquierda, también hay casos, bastante menos frecuentes, pero los hay. Apellidos como Arismendi o Michelini así lo reflejan.

Días pasados, el Senador Bordaberry, hijo de Juan María, el Dictador, propuso un proyecto de ley prohibiendo la contratación de familiares de Gobernantes a la función pública.

La iniciativa, que resulta atractiva para quien la escucha, merece un análisis riguroso, y que no resulte un simple saludo a la bandera.

En primer lugar debemos saber diferenciar entre cargos de confianza -que ingresan al cargo y deben cesar como máximo en el tiempo que expira el mandato Gobernante- de la práctica de conseguirle un empleo público de por vida a un familiar directo o cualquier persona.

Durante décadas los Partidos Tradicionales hicieron de esta práctica, una ley no escrita y gran cantidad de oficinas del Estado están colmadas de familiares, amigos o correligionarios de Gobernantes de la época.

En segundo lugar, desde que llegó el Frente Amplio esto cambió sustancialmente y en líneas generales el ingreso al Estado se hizo por llamados a concurso público o sorteos.

Se podrá decir que en algunos hay fallas o irregularidades, pero es buena cosa reconocer que el cambio de reglas de juego es positivo.

En tercer lugar debemos señalar que resulta saludable transparentar estos temas y señalar los casos de abuso.

Situaciones como la de Artigas u otras rompen los ojos, pero de allí a privar el ingreso de familiares al Estado en forma generalizada, es un error y porque no, una injusticia.

Todo partido que accede al Gobierno tiene derecho a formar su equipo, que incluye precisamente cargos de confianza.

El punto, es no caer en los abusos ni en el amiguismo y aprovechar a dejar "colocados " a los propios en el Estado (o su camioneta en un ente del Estado o similar).

Lo que hay que evitar es precisamente lo que le sucedió al Partido Colorado en buena parte del Siglo XX, que al decir de los historiadores José Pedro Barran y Benjamín Nahum, promovieron una generación de políticos que vivieron del Estado y para el Estado.

Esto, en el largo plazo genera un daño en lo que debe ser la esencia del funcionamiento de los Partidos políticos, del sistema democrático y también en la relación de los ciudadanos con la política.

En Uruguay y en otros países de la región se instaló la cultura de acercarse a la política para obtener un empleo público o un beneficio directo y hay que luchar contra ello.

El terminar con esta cultura de viveza criolla mal habida es una de las batallas permanentes de quienes tienen responsabilidades de Gobierno.

Lo es en especial para el Frente Amplio, tratar siempre de evitar de caer en la tentación de continuar en el Poder por el Poder mismo.