UY Press - Agencia uruguaya de noticias

El parlamento crea la Caja Profesional a principios de la década del 50 del siglo XX, generando la protección social en la vejez para los profesionales que ejercían su profesión libremente, total o parcialmente.

Esos profesionales no dependen de ninguna empresa y no están cubiertos por el Banco de Previsión Social.

Desde entonces hasta ahora la Caja  se financió con los aportes de sus afiliados activos.

Los activos aportan según  10 categorías por las que van transitando de acuerdo a su antigüedad en la profesión, a razón de tres años por categoría , correspondiendo cada una a un ingreso ficto, A los 30 años de aportes sobre esos fictos  y 60 de edad configuran causal jubilatoria.

  La participación del Estado se limitó a designar dos representantes, que cobran a la Caja  sueldos actualmente de $ 200.000 cada uno, a partir de una rebaja del 27% de los mismos desde la toma de posesión del actual directorio de la Caja.

 Durante la dictadura de la Caja se extrajeron unos 2000 millones de pesos, para financiar al BPS que nunca se devolvieron.

   Los profesionales pasivos, desde la creación de IASS obligadamente financiaron al BPS con 600 millones de dólares.

  Agotadas sus reservas, con un déficit anual crónico, ha llegado el momento de que el Estado devuelva esos despojos a la Caja en su crisis.

 Causas del déficit

 Las crisis en las organizaciones son en general multicausales, en este caso:

• seguramente influyen razones demográficas, vivimos más de lo previsto
• costos de funcionamiento exagerado, recordemos que la Caja despidió a un Gerente General que ganaba más de $ 900.000
• problemas de gestión, no se previó la crisis naciente en su momento y no se tomaron las medidas correctivas adecuadas
• cambios en el paradigma de relación de los profesionales con su trabajo, cada vez más profesionales son dependientes de empresas, por lo tanto aportan al BPS y declaran no ejercicio para la Caja. El 63% de los activos declara no ejercicio independiente.
• es más difícil obtener clientes y percibir honorarios, lo que lleva a evadir los aportes con declaraciones falsas de no ejercicio, o simplemente por no poder los aportes.

  Los sucesivos directorios no resolvieron una situación que se fue agravando hasta consumir las reservas con un déficit anual que se proyecta a más de 72 millones de dólares actualmente.

 La representación del Poder Ejecutivo en el directorio no cumplió adecuadamente su papel de control y salvaguarda del organismo, no advirtió la situación ni propuso reformas a la ley orgánica que proporcionaran soluciones al problema, es la crónica de una muerte anunciada.

 Las urgencias y la propuesta del gobierno

 Ante una situación insostenible en 2023 el Poder Ejecutivo, que tiene exclusivamente la iniciativa legislativa en materia de seguridad social, presentó un proyecto de solución que fue rechazado por el parlamento.

 A comienzos de semana de turismo el novel Poder Ejecutivo informó al directorio de la Caja de su propuesta de solución, que no se diferencia de la del período pasado, y es redactada casi por los mismos autores.

 Se plantea como una solución de urgencia, para evitar el default.

 Se olvida entonces el artículo 67 de la Constitución que dispone como financiamiento en extremis la absorción de los déficits financieros por el Estado, práctica constante para el Banco de Previsión Social y la caja militar, cuyo déficit anual ha llegado a los 400 millones de dólares.

De acuerdo a lo que ha trascendido en la prensa la propuesta del gobierno consiste en una financiación del déficit compartida por activos, pasivos y Poder Ejecutivo:

• Se aumenta el aporte de los activos para contribuir con U$S 40 millones anuales, se rebajan las jubilaciones en un promedio de un 9% para aportar U$S 45 millones anuales y el Poder Ejecutivo aporta 31 millones.
• Se disminuye a 5 miembros el Directorio, 3 electos y 2 designados por el Poder Ejecutivo
• Se fija un tope a los gastos de funcionamiento de la Caja a un 4% de sus ingresos, tope que se va disminuyendo en los años siguientes
• Se cambia el método de ajuste del valor de los timbres profesionales del IPC al Indice medio de Salarios.

Se utiliza el subterfugio de crear un impuesto para evadir la imposibilidad constitucional de rebajar las jubilaciones, y como consecuencia los profesionales jubilados pasan a casi duplicar el pago del IASS, que financia al BPS, para cubrir lo que el Poder Ejecutivo no aporta, violando nuevamente la Constitución.  

 Las soluciones urgentes son transitorias, además se precisan soluciones a mediano y largo plazo.

La urgencia se resuelve dando cumplimiento a las normas constitucionales, el estado debe financiar el déficit. Las soluciones de mediano y largo plazo deben discutirse en la Comisión Sectorial de OPP que tratará la protección social.

Finalmente es bueno saber que la jubilación promedio es de $ 94000 y la jubilación máxima de la Caja es del nivel del tope de jubilaciones del BPS aproximadamente, no se trata entonces de sacarle a los privilegiados para darle a los más humildes.

En resumen:

• La urgencia del default la debe atender el Poder Ejecutivo de acuerdo al artículo 67 de la Constitución
• El problema de fondo debe ser parte del diálogo social para elaborar propuestas para la Seguridad Social en su conjunto

Cr. Daniel Mesa

Jubilado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

Ex Subdirector de OPP

Ex Director de la Unidad de Presupuesto Nacional del MEF

Ex Director de Planeamiento y Presupuesto de la IMM

Ex Docente de UDELAR