UY Press - Agencia uruguaya de noticias

07.04.2025

Asistimos por estos días a información sobre un sonado caso de estafa piramidal, nos familiarizamos con conceptos como "esquema Ponzi", y vemos como transcurren los días y se habla de pérdidas millonarias donde más de 4.300 personas fueron estafadas sin que ninguno de sus responsables esté preso.

Sin embargo, vemos como las cárceles uruguayas están colmadas de gente pobre, algunos pagando condenas de meses con las que fueron prestamente privados de su libertad para ser alojados en una cárcel. Es triste, muy triste reconocer que tenemos una justicia para ricos y otra para pobres...

Un mínimo dato de la realidad del sistema penitenciario nacional lo revela el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), de donde surge que la mitad de los ingresos de enero y febrero de este 2025, fueron de personas con condenas inferiores a 1 año y de esos, la mitad, con penas inferiores a los 6 meses. 

Claro que nadie fue preso por inocente ni mucho menos, lo que intento graficar con esos datos es la gravedad de los hechos por los que fueron condenados, en el entendido que la dosimetría penal va en proporción a la gravedad del daño causado. En suma, si fueron merecedores de penas menores como esas, es plausible entender que no fueron condenados por delitos graves y que bien pudo sustituirse esa sanción por otras medidas alternativas a la prisión.

Precisamente, la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad reportan un cambio estratégico en la gestión de la seguridad desde el punto de vista de la represión del delito y debería servir de ensayo para probar algo diferente a seguir hacinando personas en recintos cada vez más deteriorados y de donde saldrán peor a como ingresaron.

Así lo deja establecido uno de los párrafos que conforman el numeral III de Los principios de Bogotá, cuando refiere que "se deben priorizar las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad, y promover la participación de la sociedad y de la familia", entre otros importantes enunciados. 

Las propias condiciones de reclusión llevan a un estado de inexplicable contradicción con el principio de la rehabilitación como objetivo principal de toda condena. Mucho más en un país como el nuestro que no admite la pena de muerte ni la prisión perpetua. Y muchísimo más aún, en las situaciones que me motivan a expresarme en esta columna cuando hablamos de delitos menores que bien podrían pagarse con otras medidas que sustituyan la prisión y sean mucho más efectivas a la hora de rehabilitar y/o restaurar el daño causado.

Y si esa condición de imposible rehabilitación no alcanza, los datos de la realidad penitenciaria uruguaya me llevan a pensar que basta con ser pobre para recibir una condena de prisión, mientras -increíblemente- otras situaciones en que se cometen los llamados "delitos de cuello blanco" no reciben condena parecida; la cárcel no es una opción para quien tiene dinero.

Deberíamos impulsar -de forma urgente- un cambio en el paradigma represivo para que las medidas alternativas sean verdaderamente una opción para todos y no solo para algunos poderosos. Es prioritario dar una respuesta a una situación que sigue abarrotando de pobres las cárceles mientras miles de personas son estafadas sin que los responsables reciban una condena parecida por la comisión de delitos mucho más graves y que han llevado hasta el suicidio a muchas personas que inocentemente creyeron en sus promesas financieras.

Tampoco abrigo la idea de una ley del talión o del ojo por ojo, tan solo aspiro a que esa señora de ojos vendados no ceda al impulso de correr la venda según quien sea el justiciable, y que la balanza mantenga sus platillos nivelados para todos por igual. 

Graciela Barrera. Diputada MPP - Espacio 609 - Frente Amplio