UY Press - Agencia uruguaya de noticias

21.10.2024

(Imagen: adhocFOTOS/Ricardo Antúnez)

Desde los tiempos de nuestro prócer José Artigas se tiene en gran estima y cuidado la Constitución de la República, considerando que es la más alta norma de nuestro sistema jurídico.

En abril de 1813, en su discurso inaugural del Congreso de los orientales, José Artigas les advertía que "estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato", y que "es muy veleidosa la probidad de los hombres, sólo el freno de la Constitución puede afirmarla".

Con eso los llamaba a constituirse formalmente en esa "segunda vez que hacéis uso de vuestra soberanía", pues la probidad (rectitud moral en la conducta), de los hombres en general y de los gobernantes en particular, es muy cambiante y necesita un freno que sólo el acuerdo general expresado en la Constitución puede asegurar.

Pero... ¿qué pasa si ese acuerdo no se respeta?

Incumplimiento y violación.

En la campaña electoral pasada el actual presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, se había comprometido en que en caso de ganar la elección no aumentaría la edad jubilatoria durante su gobierno.

Sin embargo, lo hizo por una ley aprobada el año pasado, que llevó la edad jubilatoria de 60 a 65 años, cambiando además su forma de cálculo en detrimento de los trabajadores y próximos jubilados.

Este incumplimiento fue reconocido por el presidente en su última conferencia de prensa; pero se excusó en que el Dr. Rodolfo Saldain lo había convencido de que no había otra alternativa.

No conforme con tal incumplimiento de su promesa electoral, en esa conferencia habló en contra del plebiscito por la seguridad social y también habló en contra del Frente Amplio.

Y lo ha seguido haciendo cada vez que lo entrevistan.

Esto configura una clara y doble violación de la Constitución.

Hay que recordar que en el momento de asumir su cargo de Presidente de la República, el Dr. Lacalle Pou se comprometió "por mi honor" a "guardar y defender la Constitución de la República". Y que nuestra Constitución, en su artículo 77 numeral 5 establece que el presidente no podrá "intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral".

Aquí necesitamos hacer una pequeña digresión aclaratoria: ¿qué se entiende por "electoral"?

Si respondemos desde el sentido común, diremos que es todo aquello en que tiene potestad la Corte Electoral, que por eso se llama así, y por eso además hay que presentar ante ella las firmas que habiliten un plebiscito, para que dicha Corte las valide y acepte.

Es decir que lo electoral abarca las elecciones para cargos representativos y también las consultas populares directas como los plebiscitos o referéndums.

Y si queremos responder desde otro recurso, podemos apelar al diccionario de la RAE, y fijarnos qué significado le da a "electoral". Si lo hacemos nos encontramos con que "electoral" quiere decir: todo "lo relativo a las elecciones o a los electores".

 Confirmando de esta manera que lo electoral abarca tanto a las elecciones representativas como a las directas, es decir, todas aquellas en que deban intervenir los ciudadanos electores.

Incoherencias

Sin embargo, el abogado Luis Lacalle Pou desde su cargo de presidente de la República, hace propaganda todos los días en contra de dicho plebiscito y de paso también hace propaganda en contra del Frente Amplio.

Es decir, desconoce y viola la Constitución que se comprometió a defender.

Como si fuera poca esa incoherencia, le agrega otra: lo hace en nombre del respeto a los contratos privados de las Afaps que caerían si se aprueba el plebiscito de la seguridad social, y en defensa del prestigio internacional que tiene nuestro país por respetar las "reglas de juego" y la seguridad de los contratos con los inversores internacionales.

El presidente nos amenaza con un caos económico, pero él causa un caos jurídico y de credibilidad que nos arrastra a todos los caos.

¿Acaso no se ve que el prestigio y la credibilidad de nuestro país caerá por el piso, cuando se admite como legítimo que el propio presidente de nuestro país viole a su antojo las "reglas de juego" entre nuestros ciudadanos electores, establecidas en nuestro principal contrato que es nuestra Constitución?

Esto podrá hacer reír y satisfacer a los inversores extranjeros, pero está en las antípodas del legado de José Artigas, y nos reduce a seguir los peores ejemplos de las "repúblicas bananeras" de las que alguna vez fuimos y queremos ser diferentes.

Incoherencias a coro

El presidente no está solo en esto.

La Corte Electoral se mantiene omisa.

Toda la coalición de gobierno, y parte de la oposición (increíblemente), o lo apoya explícitamente o lo respalda con su silencio.

Así el abogado colorado y exfiscal Gustavo Zubía se muestra iracundo en un debate, interpretando y defendiendo que lo "electoral" sólo se refiere a las elecciones representativas, y cuando se le hace notar que el presidente habla también en contra del FA, entonces cambia de tema.

Así el también colorado y abogado Ope Pasquet, junto al senador Gandini del Partido Nacional, en otros debates, y atacando una supuesta ambigüedad de la papeleta blanca del SÍ, argumentan que la Constitución no se puede interpretar (haciendo caer por este lado la interpretación de Zubía); pero no le dicen nada al presidente de que no puede hacer propaganda política porque se lo prohíbe explícitamente la Constitución.

Tal parece que para estos abogados las interpretaciones caben o no, según sea para quién se aplica.

Como si esto fuera poco, hay opositores que dicen defender la Constitución y argumentan que no hay que andarla toqueteando a cada rato con plebiscitos, pero tampoco protestan ni dicen nada de la doble violación que comete contra ella el presidente de la República todos los días.

Así vamos.

Nosotros ni les creemos sus promesas, ni nos dejamos asustar por amenazas de incumplidores e incoherentes.

Por una mejor seguridad social y un mejor país para todos: el 27 de octubre SÍ sabremos cumplir.

Leonardo Rodríguez Maglio

Licenciado en Filosofía