UY Press - Agencia uruguaya de noticias

15.04.2025

Hace apenas un mes, una nueva administración nacional asumió el gobierno en un contexto de profunda incertidumbre respecto a la situación heredada.

No resulta novedoso constatar la falta de profesionalismo de la administración saliente en la transmisión de información clave a las autoridades electas por mandato popular, omisión que abarcó múltiples aspectos vinculados a los principales desafíos que enfrenta el país. Tal como lo señalamos durante la campaña electoral, y lo reiteramos hoy con mayor fundamento, la irresponsabilidad política de los jerarcas del gobierno multicolor ha generado un escenario de gestión plagado de obstáculos y dificultades que comprometen el futuro inmediato.

El estado actual del país es sumamente delicado, con problemáticas de una magnitud aún mayor a la prevista, incluso para quienes sostuvimos las críticas más severas a la gestión anterior. La administración entrante enfrenta una situación fiscal considerablemente más compleja que la recibida por Luis Lacalle Pou en 2019, con un panorama económico adverso que golpea con particular crudeza a los sectores más vulnerables y una coyuntura laboral marcada por la inestabilidad y la precarización.

En el ámbito sanitario, el país se encuentra en una situación de descontrol. El sistema de salud privado atraviesa una crisis estructural evidente, mientras que el sistema público arrastra graves rezagos que afectan su capacidad de respuesta. El panorama se torna aún más preocupante al analizar en profundidad la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), donde la propia Auditoría Interna de la Nación ha identificado numerosas irregularidades de carácter procesal, administrativo y financiero, reflejo de una conducción caracterizada por la desidia y el escaso compromiso con el servicio público.

A las problemáticas previamente expuestas se suma una situación alarmante en materia de seguridad y convivencia ciudadana, caracterizada por un grave deterioro organizativo que ha resultado en el repliegue de las fuerzas de seguridad del territorio y el consecuente avance del crimen organizado. Este fenómeno ha dejado en una situación de vulnerabilidad a miles de ciudadanos y ciudadanas, quienes han sido víctimas de diversos delitos sin una respuesta estatal eficaz. Si bien podríamos dedicar extensos análisis a la gravedad del legado político que recibe la actual administración, asumimos con responsabilidad el desafío de revertir esta realidad.

En este contexto, el gobierno ha definido sus prioridades para el inicio de la gestión, en estricto cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral. Ello evidencia que las responsabilidades adquiridas no permanecen meramente en el plano discursivo, sino que se traducen en acciones concretas. La reconstrucción nacional exige medidas innovadoras y una capacidad de anticipación acorde a los desafíos de una gobernanza en constante transformación.

Uno de los principales obstáculos identificados desde la asunción ha sido el aislamiento internacional del país, una condición que ya se está abordando mediante una nueva proyección latinoamericanista. Esta estrategia busca consolidar la inserción de Uruguay en la región sin descuidar la construcción de vínculos estratégicos con actores globales clave, como China, Estados Unidos y la Unión Europea. En este sentido, también se ha priorizado la revitalización de un instrumento fundamental como Uruguay XXI , con el propósito de optimizar su funcionamiento y eliminar trabas burocráticas que dificultan la promoción del comercio exterior y la atracción de inversiones.

Otro eje fundamental de esta nueva etapa de gobierno es el acceso a la tierra y los desafíos derivados de las políticas implementadas en el período anterior. En este sentido, adquiere especial relevancia el compromiso de fortalecer el Instituto Nacional de Colonización (INC) mediante la asignación de hectáreas a pequeños productores rurales, con un enfoque prioritario en mujeres y jóvenes. Esta iniciativa busca generar incentivos que permitan arrastrar a la población en sus departamentos de origen, evitando la migración forzada hacia la capital y fomentando el desarrollo productivo en el interior del país.

La seguridad pública se erige como uno de los desafíos más urgentes en el proceso de reconstrucción nacional. Para ello, el gobierno ha asumido la responsabilidad de crear el Ministerio de Justicia , una medida previamente anunciada en campaña, con el propósito de ampliar las capacidades estatales en la persecución del delito y consolidar una presencia territorial efectiva y permanente. Esta estrategia, además de fortalecer el ejercicio de la autoridad, contempla la implementación de mecanismos de protección para el personal uniformado que enfrenta el crimen organizado, garantizando condiciones adecuadas para el cumplimiento de su trabajo.

El acceso a la vivienda constituye otra prioridad ineludible de este período de gobierno. En este marco, se ha dispuesto la agilización y optimización del funcionamiento de la cartera de tierras , en articulación con programas habitacionales diseñados para proporcionar soluciones estructurales a millas de familias. Se trata de avanzar hacia una política habitacional integral que no solo atienda la emergencia, sino que garantiza el acceso a una vivienda digna como derecho fundamental.

Asimismo, el gobierno ha reafirmado su compromiso con una agenda de transformación social que incluye la protección del medio ambiente, la expansión del transporte eléctrico, la ampliación de la cobertura en jardines y escuelas, el fortalecimiento de los programas de empleo juvenil y la lucha frontal contra la pobreza infantil. Estos ejes reflejan una visión de desarrollo que prioriza la equidad y el bienestar de la población.

Frente a estos desafíos, resulta imprescindible el fortalecimiento de la organización popular como herramienta para respaldar cada política gubernamental y consolidar una comunidad activa en cada barrio y localidad. Es fundamental, además, desmontar la narrativa que sostiene que el país fue recibido en condiciones óptimas y de estabilidad plena, cuando la realidad evidencia un escenario profundamente complejo que requiere respuestas urgentes y transformadoras.

La coyuntura actual exige la construcción de un pacto de reconstrucción nacional , no con las dirigencias partidarias, sino con la ciudadanía en su conjunto: nacionalistas, colorados, independientes y todos aquellos que comparten el anhelo de un país más justo e inclusivo. Mientras los sectores opositores centran su atención en disputas mediáticas por la asignación de cargos de contralor, el oficialismo debe demostrar que está a la altura del mandato popular, gobernando con responsabilidad y diseñando políticas de Estado. que priorizan aque priorizan a los sectores más vulnerables.

Es imperativo restaurar el sentido común y la credibilidad en la política , valores que solo pueden recuperarse a través de la transparencia y una rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía. El pueblo uruguayo ya ha experimentado una profunda decepción con la política en el pasado reciente; hoy, confiere un último voto de confianza, y nuestra responsabilidad es estar a la altura de esa expectativa, trabajando con rigor y compromiso en la solución de los problemas que aún persisten.

El desafío de este tiempo es construir un país sin excluidos , donde cada ciudadano tenga garantizados los derechos fundamentales que el Papa Francisco sintetizó en su concepto de "Tierra, Techo y Trabajo" . Esta reconstrucción, aunque moderada en sus formas, debe ser profundamente transformadora en su esencia, exigiendo un esfuerzo sostenido y una entrega inquebrantable para atender las urgencias nacionales.

La historia nos ha enseñado que los pueblos no avanzan cuando se resignan, sino cuando se atreven a transformar su realidad con valentía y convicción. Hoy, Uruguay enfrenta el desafío de reconstruir sobre bases más justas, con un Estado presente que garantice derechos y oportunidades para todos, especialmente para quienes han sido históricamente relegados. No es tiempo de mezquindades ni de disputas estériles, sino de compromiso genuino con el mandato popular que nos ha sido conferido. La responsabilidad de gobernar no es solo administrar, sino proyectar un país donde la dignidad no sea un privilegio, sino una certeza. Con la fuerza del pueblo y la determinación de construir una sociedad más equitativa, no solo responderemos a la coyuntura, sino que sentaremos las bases de un nuevo Uruguay, donde la justicia social, la transparencia y el bienestar colectivo sean innegociables.

Gaston Castillo. Diputado suplente del Frente Amplio y dirigente de Alternativa.