UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.10.2013

Se ha difundido estos días un planteamiento público formulado en Buenos Aires por Dante Caputo (ex canciller argentino) y José Octavio Bordón (ex embajador argentino ante los EE.UU.), al que adhirieron personalidades como Beatriz Sarlo, Juan Gabriel Tokatlián, Roberto García Moritán y otros.

Los nombrados proponen que en vez de llevar a la Corte Internacional de Justicia el diferendo entre Argentina y Uruguay por la pretendida contaminación de UPM,  se busque para él una solución política. Un nuevo juicio en La Haya no recompondría por sí solo las relaciones entre ambos países, ni prevendría nuevos litigios, pero podría sí aumentar las distancias ya existentes entre aquéllos.  La solución política por la que abogan Bordón y Caputo  resultaría de la mediación de un grupo de países amigos, representados por sus cancilleres. Paralelamente, dicen los proponentes, se procuraría informar con la máxima amplitud a la opinión pública de ambas orillas del Plata acerca de todos los aspectos del problema: estado ambiental presente, datos de contaminación, niveles de producción proyectados, etc.

En la apreciación de esta propuesta, cabe resaltar ante todo el ánimo conciliador y constructivo que la inspira. Los autores señalan el carácter excepcional de los vínculos entre Argentina y Uruguay, rechazan las actitudes dogmáticas, mezquinas y cortoplacistas, que sólo sirven para exacerbar los conflictos,  y reclaman que ambos países asuman sus responsabilidades recíprocas, guiados por "un ethos cosmopolita" y atentos a un enfoque de largo plazo de sus históricas y singulares relaciones. Imposible no compartir esta manera de acercarse al problema. Los apasionamientos nacionalistas pueden resultar sumamente dañinos; si nos dejamos arrastrar por ellos, todos vamos a salir perdiendo.

También es compartible, sin reservas, el reclamo de transparencia en todos los aspectos de la cuestión. Para empezar, hay que darle publicidad a esos informes técnicos elaborados por un laboratorio canadiense que desde hace años llegan periódicamente a la CARU y que, no sabemos por qué, Argentina no quiere librar al conocimiento público. Todos tenemos derecho a saber de qué se trata. Y no olvidemos que los primeros interesados en saber fehacientemente lo que ocurre no han de ser los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú, que dista más de 20 km de la planta de UPM, sino nuestros compatriotas de Fray Bentos, que viven al lado de ella y corriente abajo del efluente.

Llegamos ahora al núcleo de la propuesta de Caputo y Bordón, que es la búsqueda de una solución negociada al diferendo, a través de la mediación de países amigos. Aquí tenemos que ir con cuidado.

Sin duda, una solución acordada por ambas partes es preferible a una solución impuesta por un fallo judicial Pero no es lo mismo una solución acordada por las partes, que una solución recomendada por un grupo de países amigos. La primera no puede existir, obviamente, sin nuestro consentimiento. A la segunda no se llegaría sin oírnos, pero después de haberlo hecho nuestros amigos podrían llegar a la conclusión de que para superar el diferendo es Uruguay el que tiene que hacer las mayores concesiones, por aquello de que "el hilo se corta por lo más delgado". Los "países amigos" podrán ser amigos, pero antes son países, y como tales defienden sus respectivos intereses nacionales. En este plano seguramente es más importante para nuestros socios de la Unasur  congraciarse con Argentina que hacerlo con Uruguay. Recuerde el lector qué ocurrió cuando el gobierno uruguayo quiso llevar la disputa por la planta de Botnia (todavía no la había comprado UPM) a los órganos del Mercosur: Brasil se opuso, diciendo que se trataba de un asunto bilateral entre Argentina y Uruguay; ni siquiera el grandote del barrio quiso disgustar a Argentina, su "socio estratégico". No podemos olvidar este antecedente.

Ante una Corte de Justicia, tenemos un buen caso. A la hora de discutir si la planta de UPM respeta o no las normas a las que debe ajustar su funcionamiento, importarán los datos científicos, no los discursos políticos ni las operaciones mediáticas. No tiene por qué asustarnos, pues, la perspectiva de tener que ir otra vez a La Haya.

No se trata de que no haya que buscar soluciones negociadas; reitero que debemos buscarlas siempre. Sería bueno también que algunos países amigos ayudaran a recrear un clima de diálogo constructivo entre Argentina y Uruguay (y también en este sentido es positiva la propuesta de Caputo y Bordón). Pero confiar a terceros el diseño de una solución política es otra cosa, que no deberíamos aceptar. Si de terceros se trata, que sean jueces, como los de La Haya, y que resuelvan por Derecho; en ese terreno somos mucho más fuertes que en cualquier otro.

Es cierto que, para la sabiduría popular, "más vale un mal arreglo que un buen pleito"; pero como nos enseñaba Tarigo en la Facultad de Derecho, "muchas veces los malos arreglos terminan en peores pleitos". A no olvidarlo.