UY Press - Agencia uruguaya de noticias

03.11.2013

“Lo político está por encima de lo jurídico”. Esta definición del presidente Mujica, referida en un primer momento a las decisiones del Mercosur de suspender a Paraguay y aceptar el ingreso de Venezuela, no deja de tener aplicaciones en su gobierno.

El más reciente corolario de la "doctrina Mujica" es que el Estado cumple las sentencias judiciales en su contra, sólo si el presidente quiere; si no -digan lo que digan los jueces, la Suprema Corte de Justicia o quien sea-, no cumple.

"Va a quedar absolutamente claro que mientras permanezca este gobierno este asunto no tiene salida, porque nos negamos abiertamente a pagar, aunque sea una parte de la enorme fortuna que reclaman, porque sería cargar al Estado con algo imposible", dijo Mujica en su audición radial.

Se refería al juicio que el empresario Fernando Barboni inició contra el Estado, reclamándole el pago de más de mil millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia del incumplimiento de un contrato que tuvo por objeto la Estación Central y otros bienes de AFE.

El reclamo parece, por su monto, una enormidad y un despropósito, y salvo el Sr. Barboni y su abogado, todos los uruguayos estamos deseando que la Justicia lo desestime. Sólo deben resarcirse los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento, dice el Código Civil, y van mucho más allá de este concepto las reclamaciones fundadas en las hipotéticas utilidades que producirían hipotéticos negocios.

Pero nuestro tema no es el litigio que se ventila en la Justicia, sino la actitud que el Presidente de la República anuncia para el caso de que el fallo le dé la razón al empresario reclamante: Mujica dice, como vimos, que en ese caso no cumplirá.

¿Tienen, el Presidente o el Poder Ejecutivo, la facultad de elegir qué sentencias van a cumplir y cuáles no? Obviamente, no la tienen; si la tuvieran, las sentencias de los jueces no valdrían nada. En un Estado de Derecho las sentencias deben cumplirse siempre, aunque disgusten a los gobernantes y perjudiquen al propio Estado; es precisamente por eso que el Poder Judicial es la suprema garantía de los derechos de las personas, aún frente al poder político.

Ni el primer magistrado ni algunos dirigentes y sectores de "la fuerza política" profesan una adhesión sincera y profunda a las instituciones de la democracia republicana; las utilizan, conviven con ellas y las soportan, pero no las quieren. Se impacientan con los procedimientos, las formalidades, las restricciones, las garantías; quisieran poder hacer, sin trabas, lo que estiman necesario para avanzar hacia la justicia social, tal como ellos la entienden, y por eso sueñan con la reforma constitucional. Aunque nunca han dicho en qué consistiría esa reforma, todo hace suponer que la idea rectora sería la de asegurar que la mayoría pueda hacer lo que quiera, legitimando así la doctrina de la primacía de lo político por sobre lo jurídico.

Escribí "asegurar que la mayoría pueda hacer lo que quiera" y debo corregirme; en rigor, debí decir "asegurar que la mayoría frenteamplista pueda hacer lo que quiera". Cuando la mayoría se aparta de lo que el Frente Amplio entiende que es lo correcto, se le enmienda la plana, como pasó con la Ley de Caducidad.

En definitiva, es lo de siempre: el poder no quiere que lo limiten, ni que le impongan lo que no quiere hacer. Los antiguos reyes decían: "el Rey lo quiere", y ese real querer, era la ley.

En una república es al revés: las normas se cumplen, aunque el presidente no lo quiera.

Se trata de saber, pues, si vivimos en la República Oriental del Uruguay, o en Pepelandia.