Inteligencia Artificial y Trabajo: Un Debate Sindical en Construcción
Pablo Da Rocha
19.11.2024
Inteligencia Artificial y Trabajo: Un Debate Sindical en Construcción
En la era de la Inteligencia Artificial (IA), los trabajadores y sindicatos enfrentan un desafío sin precedentes. El impacto de esta tecnología en el empleo y las condiciones laborales ha sido abordado recientemente en el informe titulado "Documento 0: 'IA' Inteligencia Artificial y su impacto en el trabajo", presentado por el PIT-CNT, y coordinado por el Instituto Cuesta Duarte y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
El objetivo de este trabajo es iniciar el diálogo y construir una postura sindical sobre la IA. A través de una "hoja de ruta" proyectada hasta 2025, el documento busca ofrecer un marco inicial para debatir el tema, planteando ideas, inquietudes y posibles lineamientos de acción para los trabajadores. Este aporte es muy valioso, ya que presenta un estado de situación sobre el tema. Sin embargo, el análisis tiene aspectos que deben mejorar en futuras instancias.
El "Documento 0" propone un marco innovador, abriendo el debate sobre la IA y su impacto en el trabajo desde una perspectiva sindical. Uno de sus aciertos es el enfoque participativo y progresivo: en lugar de ser un informe cerrado, se presenta como un insumo inicial para los sindicatos, con la intención de que se analice y enriquezca a través del intercambio con trabajadores, académicos y expertos.
Además, el documento resalta la importancia de involucrar a los sindicatos en el debate sobre la IA, señalando que esta tecnología no solo afecta a los trabajadores en su día a día, sino también a la estructura social en su conjunto. La inclusión de temas como la cohesión social, el rol del Estado, el financiamiento público y la igualdad indica que el movimiento sindical no solo se preocupa por los efectos directos en el empleo, sino también por las implicancias más amplias de la IA en la democracia y el bienestar social.
Otro punto destacable es la llamada "gestión algorítmica", que muestra cómo los algoritmos permiten una administración automatizada de tareas, evaluaciones de desempeño e incluso decisiones de despido. Aquí se alerta sobre la necesidad de transparencia, un factor crucial para proteger los derechos laborales en un entorno donde decisiones críticas pueden ser tomadas por sistemas automatizados. En este sentido, el documento defiende que decisiones sobre despidos o asignaciones laborales deben siempre estar mediadas por supervisión humana.
El documento también presenta una serie de propuestas que las organizaciones sindicales deberían considerar en futuras negociaciones colectivas, como la protección de la privacidad de los trabajadores, la supervisión de algoritmos de IA para evitar discriminación o sesgos y el derecho a la desconexión en un entorno de trabajo donde la IA puede monitorear y exigir rendimiento constante. La inclusión de la "justicia de género" es otro de los puntos fuertes, reconociendo que las mujeres son más vulnerables a la automatización en ciertos sectores, y que cualquier regulación debe contemplar una perspectiva de género.
A nivel internacional, el "Documento 0" muestra que el debate sobre IA y trabajo ya está en marcha en regiones como la Unión Europea, donde se ha implementado una regulación basada en niveles de riesgo para proteger derechos humanos y laborales. Este modelo legislativo puede ser una referencia para Uruguay y otros países latinoamericanos. En Latinoamérica, el documento cita a países como Argentina, Brasil y Chile, que están adoptando estrategias para fomentar un uso ético de la IA y proteger a los trabajadores. La mención de estos modelos internacionales aporta una perspectiva comparativa que puede enriquecer el debate en Uruguay, incentivando a la región a aprender de experiencias exitosas.
Pese a estas fortalezas, el "Documento 0" presenta algunas debilidades que deben abordarse para construir una postura sindical sólida sobre la IA. Uno de los puntos críticos es la falta de un análisis exhaustivo sobre los sectores de trabajo específicos que serán más afectados. Aunque se menciona a algunos roles administrativos, sería útil incluir un desglose detallado de sectores, ocupaciones y grupos etarios en los que el impacto de la IA puede ser mayor. Esto permitiría a los sindicatos diseñar estrategias específicas para cada grupo.
Otra debilidad radica en la falta de claridad en torno a los datos y cifras utilizados para describir el impacto potencial de la IA en el empleo. Aunque el documento cita estudios de organismos internacionales como la OIT y el Banco Mundial, aún falta profundizar en datos específicos sobre la cantidad de empleos que pueden ser reemplazados en Uruguay. Incorporar estimaciones más detalladas basadas en datos nacionales o regionales beneficiaría el análisis.
Además, el documento menciona la importancia de la "justicia algorítmica", pero sería importante que los sindicatos colaboren con expertos en IA y científicos de datos para desarrollar auditorías algorítmicas. Estas auditorías serían clave para asegurar que los algoritmos utilizados en la gestión de recursos humanos no reproduzcan sesgos discriminatorios o perpetúen desigualdades estructurales.
La ausencia de una propuesta concreta sobre la redistribución de los beneficios económicos generados por la IA es también una debilidad. Aunque se reconoce que la IA puede aumentar la productividad de las empresas, el documento no propone medidas específicas para asegurar que estos beneficios se compartan de manera justa con los trabajadores. Para una postura sindical sólida, sería necesario plantear la posibilidad de incluir cláusulas en los convenios colectivos que garanticen una participación equitativa en los aumentos de productividad.
El "Documento 0" plantea retos y oportunidades en el debate sindical sobre la IA. Esta hoja de ruta constituye un paso importante, pero solo el comienzo en el complejo debate sobre la IA y el trabajo. Para avanzar, el movimiento sindical deberá considerar algunos desafíos clave, como la formación continua para la adaptación laboral. Es crucial que los sindicatos desarrollen programas de capacitación que permitan a los trabajadores adaptarse a los cambios tecnológicos, no solo en habilidades técnicas, sino también en competencias digitales y de adaptación a un entorno donde la IA es una herramienta cotidiana.
La implementación de una regulación efectiva sobre IA en el trabajo requerirá la colaboración de actores públicos y privados. Los sindicatos deberán trabajar con los gobiernos para desarrollar leyes que protejan los derechos de los trabajadores en el contexto de la IA y con las empresas para promover prácticas justas y transparentes en el uso de la tecnología.
El contexto global de la IA hace indispensable que los sindicatos en Uruguay y América Latina se mantengan en comunicación con organizaciones internacionales. La experiencia de la Unión Europea en la regulación de la IA puede servir como base para que los países latinoamericanos desarrollen su propia normativa adaptada a las realidades regionales. En este sentido, es clave crear políticas claras de justicia algorítmica para garantizar que los algoritmos no reproduzcan sesgos. La transparencia en las decisiones algorítmicas permitirá a los trabajadores conocer y cuestionar decisiones tomadas por IA, evitando la discriminación y el control excesivo sobre sus actividades.
El movimiento sindical debe adaptarse a una realidad cambiante y proponer políticas laborales alineadas con el avance de la IA. Esto incluye desde la posibilidad de negociar acuerdos de desconexión y límites en el uso de datos hasta nuevas modalidades de contratación que protejan la dignidad del trabajador en un entorno digitalizado. El "Documento 0", elaborado por el Instituto Cuesta Duarte y la FES, es una iniciativa fundamental para incluir al movimiento sindical en el debate sobre el futuro del trabajo en la era de la IA.
Sin embargo, es solo el comienzo. Los sindicatos deben avanzar hacia un enfoque que combine propuestas concretas, datos precisos y una perspectiva global para garantizar que los trabajadores no solo se adapten a la tecnología, sino que se beneficien de sus avances. En definitiva, el desafío será lograr que la IA sea una herramienta al servicio de la justicia laboral y social, y no un factor de precarización o desigualdad. Para ello, es esencial una regulación inclusiva y responsable que equilibre los intereses de los trabajadores, el Estado y las empresas, construyendo así un futuro del trabajo más justo y equitativo.
Pablo Da Rocha es Padre, Economista, Docente universitario en UdelaR, aficionado al ajedrez. Integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Asesor económico de la FUS y de la FFSP.UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias