UY Press - Agencia uruguaya de noticias

23.12.2018

La semana pasada la Cámara de Diputados no pudo tratar el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos por no contar con los votos suficientes para su tratamiento.

Ello se debió a dos razones. Por un lado, nuevamente el partido de gobierno exhibió sus crecientes dificultades para actuar de manera unificada y faltó un voto necesario para alcanzar su objetivo. Por otro lado, ninguno de los partidos de oposición dimos nuestros votos para que se tratara el tema.

Inmediatamente, diversos voceros del partido de gobierno pusieron el ¨grito en el cielo¨ acusando a los partidos de oposición de no querer la transparencia y de buscar mantener las actuales reglas de juego para supuestamente favorecerse.

Probablemente ello se deba a que buscan ocultar sus propias dificultades, cada vez más visibles. Lo cierto es que salieron ofuscadamente a tratar de convencer a la opinión pública de que ellos son los abanderados de la transparencia en el financiamiento de los partidos.

Suena muy raro, ¿no le parece al lector? Que todos los partidos de oposición hayamos coincidido en bloquear la iniciativa porque somos partidarios de la opacidad y los manejos turbios. Desde el Partido Colorado hasta la Unidad Popular, pasando por el Partido Nacional, el Partido de la Gente y el Partido Independiente. Sólo ellos, el Frente Amplio, los defensores de la ética en la gestión del financiamiento partidario. Un poco mucho, ¿no? Por cierto hay otras razones muy valederas que explican este resultado.

Durante el debate en el Senado quedaron en evidencia una serie de diferencias que motivaron que algunos artículos no fueran acompañados por nosotros y en algún otro caso, como el Partido Colorado, que se anunciaran posibles acciones de inconstitucionalidad en caso de que se aprobara tal como estaba redactada.

Pero el problema principal es que desde que pasó a la Cámara de Diputados, el Frente Amplio postergó el debate sobre el articulado, rechazó todas las propuestas de los partidos de oposición, se negó a dialogar y lo votó en Comisión sin ningún cambio. Luego lo demoró un par de meses sin incluirlo en el Orden del Día, apostando a contar con sus cincuenta votos y pretendió votarlo con cambios que ni siquiera fueron comunicados formalmente a los demás partidos.

¡Todo un ejemplo de transparencia en el manejo del trámite legislativo con los partidos que no estamos en el gobierno! Y después pretendían que le votáramos cuándo y lo qué se les ocurriera.

Pero, además, la aprobación de esta ley tan tardíamente con respecto a la actual campaña electoral generaba enormes dificultades e incumplimientos que la hubieran convertido en un ¨saludo a la bandera¨ y el sistema político habría incurrido en una mayor decepción al dejar en evidencia que buena parte de lo votado no se estaría aplicando.

Es más, el Frente Amplio hizo caso omiso a la advertencia de la Corte Electoral de que no estaba en condiciones de cumplir con las competencias y tareas que el proyecto de ley le adjudicaba. Entre otras la ridícula tarea de encargarse de comprar los minutos de publicidad a todos los medios de comunicación del país para luego revenderlo a los partidos, convirtiendo a la Corte Electoral en una especie de ¨central de compras¨ de minutos que no tiene antecedentes en el mundo entero.

También dejó de lado el hecho evidente de que el proyecto de ley adjudicaba varias tareas y competencias al Consejo de Comunicación Audiovisual que no está integrado por falta de acuerdo político, debido a la intransigencia del partido de gobierno. Por lo que ninguna de las infracciones o incumplimientos a la normativa que se iba a aprobar podría ser efectivizado, puesto que el organismo encargado directamente no existe.

Además, la norma proyectada establecía que el período de campaña electoral debía establecerse a partir del 1 de enero del año electoral. Es decir que, aprobada el 27 de diciembre, como se proyectaba por el Frente Amplio, debía regir para todos los partidos inmediatamente y, por ejemplo, cada partido y agrupación debía abrir cuentas corporativas en un banco y realizar todas sus operaciones por vía bancaria.

Sin embargo, el sistema financiero no admite cuentas a nombre de los partidos, por lo que debería establecerse una normativa por el BCU que lo permitiera, lo que seguramente llevaría varios meses, y mientras tanto todos los partidos estaríamos incumpliendo con la norma.

Podríamos seguir señalando los problemas, inconsistencias e incumplimientos que se generarían por el simple hecho de que se demoró todo este año por parte del partido de gobierno en aprobar la norma.

Nosotros estábamos dispuestos a votarla si se aceptaba por parte del partido de gobierno que entrara en vigencia luego del período electoral que ya empezó. No es bueno cambiar las ¨reglas de juego¨ cuando el partido ya empezó. De ese modo, se tenía el tiempo suficiente para ajustar toda la normativa y permitir que los partidos y el Estado, ya en tiempos posteriores a las elecciones, incorporaran y actualizaran su funcionamiento a las nuevas reglas de juego.

Pero el Frente Amplio se mantuvo, otra vez, intransigente y se negó definitivamente a dicha posibilidad. Y después acusa a los que no le votamos la discusión del tema de que estamos en contra de la transparencia. No tienen vergüenza.

Mientras tanto, sancionaron hechos auténticos de corrupción con un milimétrico cálculo electoral, con la mira puesta en las urnas más que en la ética. Y, además, hacen gárgaras de que con tal decisión demostraron hasta qué punto están dispuestos a promover la ética y la transparencia. Pero, además, y al menos por ahora, parecen dispuestos a que un dirigente corrupto siga ejerciendo su banca en el Senado.

Tendrían que revisar sus propios criterios de conducta y tomar nota de que este intento de quedarse con la ¨bandera¨ de la transparencia en la actividad política sólo se lo creen los que van a apoyar todo lo que el Frente Amplio diga, tenga o no tenga sustento real.