UY Press - Agencia uruguaya de noticias

17.02.2019

Una de las prioridades que señalamos en nuestra propuesta de gobierno es el fortalecimiento de los instrumentos e instituciones de control de la gestión pública.

No compartimos la idea de que en nuestro país existe un nivel de transparencia elevado y que, por lo tanto, somos un caso diferente a las graves situaciones de otros países de la región.

Tenemos la convicción de que los criterios de contralor son débiles y que la institucionalidad encargada de controlar la gestión pública tiene demasiadas vulnerabilidades. No hay que caer en la autocomplacencia, ni en la tentación de "mirar para el costado".

Nuestros organismos de contralor son muy débiles porque la normativa vigente no le da los poderes y competencias suficientes para cumplir con efectividad su función.

Una gran cantidad de irregularidades cometidas a lo largo y ancho del aparato estatal podrían haberse evitado si el Tribunal de Cuentas tuviera más potestades, como ocurre en buena parte de los países democráticos. El caso de ANCAP durante el período de gobierno pasado es un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando se esquiva o simplemente se desconocen las observaciones del Tribunal de Cuentas, en todo caso los ochocientos millones de dólares que tuvimos que pagar los uruguayos para evitar el quiebre de esa empresa es un ejemplo contundente de lo que decimos.

También tendríamos menos disgustos si la JUTEP tuviera mayores funciones para controlar a los jerarcas públicos.

Pero, además, se ha desarrollado un aparato paralelo al Estado que se rige por las normas del derecho privado e impide un ejercicio correcto del control del uso de los dineros públicos.

Cada vez hay más empresas de derecho privado que son, sin embargo, de capital público, pero por ser de derecho privado evaden los controles básicos previstos para las entidades estatales. Cada vez más frecuentemente se crean fideicomisos, cuya masa de recursos se vuelve externa a los controles previstos en el Estado.

Las excepciones establecidas en el TOCAF al procedimiento de las licitaciones se han multiplicado al extremo de que ya agotaron las letras del abecedario y han tenido que recurrir a numerales (que como se sabe pueden extenderse al infinito).

Finalmente, cada vez son más los casos de jerarcas públicos que se autoasignan la potestad de mantener en reserva la información sobre su gestión aduciendo diferentes excusas, generando una cultura de la "opacidad", el "secretismo" y la "reserva" como principios generales de su actuación pública.

El caso paradigmático de esta tendencia es la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, que estableció en todas las resoluciones de ANTEL mientras fue Presidenta, que serían "de carácter reservado por diez años"; un verdadero "record" de ocultamiento y discrecionalidad en el uso de los recursos estatales. Por eso ahora nos encontramos con hechos consumados como que el ANTEL ARENA terminó saliendo más del doble de lo que habían anunciado, y además nadie sabe si no será un emprendimiento a pérdida.

Pero vayamos a las propuestas.

El Tribunal de Cuentas debe tener capacidad de ser obedecido. Esto implica que sus observaciones, cuando se trata de actos de entidad patrimonial, deben tener efecto suspensivo para evitar la "trampa" que consiste en la reiteración del gasto sin corregir la observación formulada. Mucha irregularidad que ha existido en la realización de obras importantes se habría evitado, simplemente por la inclusión de esta disposición obvia.

La JUTEP debe tener potestades de investigación sobre los jerarcas públicos y sus declaraciones juradas patrimoniales. Para empezar, las declaraciones juradas de legisladores, ministros, directores de empresas públicas e intendentes deberían ser públicas, como son las del Presidente y Vicepresidente. Pero, además, la JUTEP, como ocurre en muchos países, debería tener la potestad de sortear un determinado número de casos por año e investigar la evolución patrimonial de jerarcas públicos.

Los gastos de viáticos de los jerarcas deben ser objeto de documentación y control, para ello deberían acreditarse y controlarse a través de tarjetas de crédito prepagas con los montos establecidos; y se deberían prohibir las tarjetas corporativas en el Estado, puesto que no son necesarias.

Es imprescindible revisar y reducir las excepciones establecidas en el TOCAF para saltearse los llamados a licitación. Simultáneamente es también imprescindible actualizar las normas de las licitaciones para que estas sean veloces sin perder las garantías de transparencia. Hay que volver a la situación en la que la licitación sea la regla general, para tranquilidad de todos.

Hay que legislar para que los legisladores puedan ejercer efectivamente el contralor que la Constitución establece sobre la gestión del gobierno y, para ello, deberían establecerse mecanismos imperativos para responder los pedidos de informes.

A su vez, también es necesario que se establezca por vía legislativa, un mecanismo de auxilio del Tribunal de Cuentas al Parlamento para que pueda controlar y fiscalizar debidamente la ejecución presupuestal del Estado.

Y, finalmente, quizás lo más grave, hay que reducir al mínimo la existencia de empresas de derecho privado con capital estatal, así como fideicomisos y otras formas de sustraer dineros de todos los uruguayos del control público. Estamos hartos de escuchar que las contrataciones de tales o cuales obras o servicios se realizaron "a dedo" porque la empresa se rige por el derecho privado y no tiene obligación de usar procedimientos competitivos ni sometidos al control de las instituciones estatales.

Las empresas públicas han hecho uso y abuso de estos instrumentos para zafar de las normativas más exigentes a la hora de llevar adelante emprendimientos de muy diversa naturaleza.

Finalmente, hay que establecer la prohibición de que los Directores de las empresas públicas puedan ser candidatos a cargos electivos hasta después de haber pasado un período de gobierno, extendiendo el régimen del BPS a todas las empresas públicas.

De este modo se previene el desvío de que ciertos políticos asuman cargos en empresas públicas para, desde allí, promover sus candidaturas y renunciando un año antes se lancen a cargos electivos. Todos sabemos que este accionar afecta la transparencia, la eficacia y la profesionalidad de la gestión de esas empresas.

Estas son nuestras propuestas concretas para corregir las debilidades del control de la gestión pública y apostar a la transparencia y la ética en el ejercicio de los cargos de gobierno.