UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.02.2019

Nuestro país atraviesa desde hace años una profunda crisis de competitividad que afecta a todos los sectores productivos y comerciales. Somos muy caros, producimos sosteniendo costos públicos en materia de impuestos y tarifas que afectan nuestra competitividad regional e internacional. Y, además, somos muy caros en dólares puesto que nuestro tipo de cambio actual también nos pone en situación crítica en esta materia.

La prueba más contundente de esta realidad se observa en los sectores de punta que, a pesar de su productividad y calidad no logran ser rentables.

Por ejemplo, nuestro sector arrocero está entre los más productivos del mundo. Los productores arroceros uruguayos tienen una productividad por hectárea de las más altas del mundo y, además, el grano de arroz uruguayo está entre los de mejor calidad del planeta, sin embargo, desde hace varios años los arroceros plantan cada vez menos superficie porque no tienen rentabilidad.

Producen un máximo mundial de toneladas por hectárea y de la mejor calidad, ¿qué más se les puede pedir? Sin embargo, no tienen ganancias y cada año reducen el área plantada. Por otra parte, por si quedara alguna duda, han cerrado molinos de arroz y otros redujeron personal.

¿Queda alguna duda de que nuestro problema de competitividad es un problema interno vinculado con las cargas públicas sobre la producción?

¿Qué ha hecho el gobierno? Ignorar el problema, minimizarlo o echar la culpa a los sectores productivos.

¿Qué efectos ha tenido la crisis de competitividad de nuestro aparato productivo? Cierre de empresas, traslados hacia países con condiciones tributarias y normativas más favorables o reducción de personal con pérdida de puestos de trabajo.

La crisis de la competitividad y la pérdida de puestos de trabajo son las dos caras de una misma moneda. No es posible recuperar el empleo sin generar un impacto potente y positivo en nuestra competitividad.

Es imprescindible aplicar un shock de competitividad.

En tal sentido, nosotros planteamos que hay que bajar impuestos y tarifas de energía eléctrica y combustibles. En particular, es fundamental bajar el precio del gasoil al precio de paridad de importación.

También es imprescindible que el superávit de UTE se traslade a rebajas en las tarifas de energía eléctrica y no que se traspase para aportar a rentas generales.

Para ello es imprescindible reducir el déficit fiscal que ha trepado al 4% del PBI, y esto implica necesariamente una profunda reforma del Estado, largamente pendiente y siempre postergada.

Esto significa necesariamente establecer una regla fiscal que restrinja el carácter procíclico de la política tributaria, frenando el gasto y atándolo necesariamente a la evolución de la economía.

Pero, sobre todo, hay que llevar adelante un profundo y estricto estudio, oficina por oficina, del funcionamiento del Estado reduciendo los gastos indebidos, superfluos o innecesarios. Hay mucha "gordura" e ineficiencia en el Estado, ha habido un enorme despilfarro en estos años que es esencial revertir.

Hay que reducir a la mitad los cargos de confianza y en los restantes es imprescindible incorporar normas que exijan que las personas que ocupen cargos de confianza tengan calificaciones mínimas para ejercerlos.

Hay que realizar una evaluación permanente con publicidad "on line" de los principales programas estatales y tomar decisiones según los resultados de esas evaluaciones.

Hay que hacer el inventario de las actividades de las que el Estado debe retirarse y comenzar el proceso de retiro. Por ejemplo, es inadmisible que el Estado uruguayo siga produciendo cemento perdiendo más de diez millones de dólares por año en más de una década.

Hay que frenar los ingresos de funcionarios públicos, con excepción de la educación, la salud y la seguridad pública, para redimensionar el Estado a un tamaño adecuado.

Hay que analizar cada una de las empresas de derecho privado que funcionan con fondos estatales, es decir el Estado paralelo que se ha creado y crecido en los últimos tiempos. Seguramente muchas de las actividades cobijadas bajo el "derecho privado" no tienen razón de ser y seguramente representan gastos inaceptables para el país.

Hay que abrir el Uruguay al mundo. Hay que establecer tratados de libre comercio con terceros países para desgravar los aranceles que hoy paga nuestra producción por ingresar en esos mercados, mientras los países que producen lo mismo que nosotros ingresan con arancel 0.

Todas estas medidas y el impulso de una política cambiaria con el objeto de que, en forma gradual y no traumática, el tipo de cambio se ajuste a la realidad económica del país, son las que permitirán revertir las tendencias actuales.

Un país con competitividad es un país con empleo. Ese es el gran objetivo.

Estas son las principales medidas que tomaríamos desde el Partido Independiente y La Alternativa si tenemos la responsabilidad de asumir el gobierno de este país.