UY Press - Agencia uruguaya de noticias

03.03.2019

Vivimos en un país democrático con vigencia del Estado de Derecho. Por lo tanto, todos y antes que nadie los representantes públicos, debemos dar fiel cumplimiento a los mandatos de la Constitución de la República.

El presidente Tabaré Vázquez dijo con énfasis al asumir su segunda Presidencia que toda su actuación estaría enmarcada en el mandato de "dentro de la Constitución y las leyes todo, fuera de ese marco nada". Lo que nos pareció muy bien.

Pues bien, el acto realizado el pasado viernes en el Antel Arena, en el que supuestamente realizaría su rendición de cuentas acerca del ejercicio de su gobierno, fue indudablemente un acto político de contenido netamente partidario que se ubica en el límite de lo que le está permitido de acuerdo a la Constitución.

Vamos a dejar de lado el componente simbólico que representa el hecho de que haya elegido el Antel Arena. Dejemos de lado el hecho de que se trata del monumento emblemático de la falta de transparencia, el secretismo y la opacidad en el uso de los recursos públicos. Un centro de espectáculos construido en contravención de las observaciones del Tribunal de Cuentas; un centro de espectáculos que salió más del doble de lo que se anunció (quizás el triple), sobre el que todavía se sigue escondiendo el costo final y del que no se sabe cuánto le sale al país y a Antel mantenerlo en funcionamiento.

Vamos a dejar de lado, también, el contenido del discurso presidencial con un manejo antojadizo y arbitrario de los datos, marcando períodos de medición para forzar los resultados, plagado de gestos de autobombo y con cero autocrítica.

Dejemos de lado también el hecho de que ni siquiera con ese manejo arbitrario de la información pudo disimular el obvio incumplimiento de sus principales promesas formuladas hace cuatro años sobre educación, seguridad, austeridad fiscal, imposición de nuevos impuestos y apertura al mundo.

Vayamos estrictamente al acto del viernes pasado. Nadie puede ocultar que se trató de un acto con contenido político con señales electorales. Por si quedaba alguna duda, existieron movilizaciones previas para trasladar adherentes del Frente Amplio al evento, el propio ex presidente José Mujica convocó a sus partidarios a que asistieran y, sobre todo, el tono y la actitud del presidente Tabaré Vázquez fue idéntico a sus discursos electorales de campaña, cuando era candidato a la Presidencia.

Las actitudes y los contenidos del discurso fueron típicos de un actor político en campaña.

Por si quedara alguna duda, su frase, quizás un acto fallido, cuando se refirió a cómo debería desarrollarse la campaña electoral, señalando: "porque pretenden, que quienes estamos en la contienda electoral..." ubica a Vázquez en una postura que, de reiterarse en el tiempo, constituirá una indebida intromisión en la campaña.

El señor presidente debe saber, puesto que está en su segundo mandato, que el artículo 77, numeral 5 de la Constitución de la República establece que: "El Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral".

La Constitución es clara y esta disposición se articula con la prohibición establecida a la reelección presidencial, buscando que el poder del Presidente de la República no influya en la contienda electoral.

A su vez, el artículo 93 de nuestra Ley Fundamental prevé que el presidente de la República puede ser objeto de Juicio Político ante el Parlamento por violación de la Constitución.

En la campaña electoral anterior cometimos el error de no activar la denuncia ante lo que fue una evidente violación de la Constitución por parte del entonces presidente, José Mujica, cuya imagen fue usada en actos partidarios y él mismo recorrió el país con notorio afán electoral.

Estamos al comienzo de una campaña electoral que será muy dura e intensa. El propio Vázquez reclamó que esta campaña se apegara a los principios republicanos y democráticos, propios de un Estado de Derecho, mientras que simultáneamente incurría en una conducta que está fuera del marco institucional.

La campaña recién comienza y lo ocurrido el 1° de marzo nos preocupa enormemente.

Que quede claro que no nos vamos a quedar de "brazos cruzados" y no dejaremos pasar futuras conductas del presidente que violen la Constitución, sin impulsar los mecanismos jurídicos que correspondan para evitar que exceda los límites de su actuación institucional.