UY Press - Agencia uruguaya de noticias

17.02.2025

Ya no estamos en campaña electoral, en pocos días asumirá un gobierno de izquierda por lo tanto se puede opinar con más soltura, con menos tensión. Al menos así debería ser. Me disculpo por la longitud de la columna, pero no es mérito mío sino de los hechos.

Hay temas de balance del actual gobierno que van mucho más allá de una campaña electoral y que es necesario analizarlos con mucha más prolijidad de la crónica, de la sucesión de hechos y de la atención brindada por los medios de prensa, se han integrado a la política y a la cultura de la sociedad uruguaya.

Tenemos una ventaja, los tres grandes partidos uruguayos han gobernado, todos tienen su trayecto relacionado con la moralidad en su gestión nacional y departamental. Nadie salió indemne, pero la mejor manera de ayudar a los corruptos es afirmar que todos son iguales. No es cierto, por la cantidad y la calidad de las inmoralidades.

"INMORAL definición del diccionario de la Real Academia: adj. Que se opone a la moral o a las buenas costumbres. Deshonesto, indecoroso, indecente, impúdico, licencioso, obsceno, perdido, lujurioso, sinvergüenza.

AMORAL. adj. Dicho de una persona: Desprovista de sentido moral. Inmoral, indecente. Dicho de una obra humana, especialmente artística: Que de propósito prescinde del fin moral"

Partamos de la base que la política y el ejercicio del gobierno es también una "obra humana".

En estos cinco años de gobierno de la Coalición Multicolor que están terminando, hemos sumado una tal cantidad y calidad de hechos inmorales, a nivel estatal nacional y departamental y a nivel privado como nunca antes en la historia nacional. Soy un buen buscador y sobre todo ahora asistido por la IA y no encontré nada parecido.

La suma de hechos inmorales, nos han precipitado directamente en la amoralidad, estuvimos desprovistos de sentido moral y eso es un cambio de calidad, porque no solo impactó en las instituciones, en la justicia, en la prensa, en las finanzas, sino que penetró profundamente en la sociedad en su conjunto y la hizo algo casi normal, aceptable, explicable.

Este último aspecto es el más grave, marca una decadencia muy profunda en una parte de la sociedad uruguaya, en la política en general y en la Coalición de Gobierno, donde no todos participaron de este festín innoble, pero se acomodaron, lo asumieron como el precio de participar en el gobierno.

No fueron hechos aislados cuyo principal protagonista fue el Partido Nacional y una parte importante del gobierno nacional, fue una conducta sistemática, planificada, extendida en diversas instituciones y que no tuvo de ninguna manera la respuesta proporcionada de la oposición, ni de la Justicia.

El conjunto de la amoralidad es mucho más grave que la suma de inmoralidades, acomodos, gastos sin control ni necesidad del patrimonio público, connivencia con representantes de la delincuencia. Y acepto que muchos me acusen de ser demasiado severo, peleador, pero desde la calma más plácida de haber ganado las elecciones y poder refugiarme en la contemplación del futuro, creo que cometería un error muy grave, cultural en primer lugar si no debatiéramos sobre el impacto de la amoralidad. No solo sumando millones de dólares, sino en primer lugar decadencia de la conciencia cívica y la moralidad pública.

Todo tuvo un comienzo, el 2 de marzo del 2021, con el anunció a través del discurso del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou en el Parlamento, de la entrega del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie por 60 años, a través de una justificación falsa, amenazando con un juicio inexistente, salteándose la Ley de Puertos, la opinión de sus aliados en el gobierno y la oposición de los mayores expertos en el tema de diversos partidos. Era un riesgo enorme, por tratarse de un monopolio en el movimiento de contenedores.

Ya tenemos un juicio internacional de una empresa chilena por 70 millones de dólares, un compromiso de dragar del canal hasta los mueles a 14 metros (470 millones de dólares) y la empresa belga tiene un atraso importante en las inversiones comprometidas y todo indica que no llegara nunca a los casi 500 millones de inversiones. La construcción está paralizada y deberían terminar a finales del 2025. Tienen toda la voluntad de no cumplir.

El enorme riesgo que corrió directamente el Presidente era en un doble sentido, las acciones políticas y judiciales, pero además el transmitir una señal a todos los que ocupaban cargos de poder y sobre todo a los blancos de que estaba abierta la temporada de caza. Pero el beneficio fue muy grande.

Luego del primer año de la pandemia que fue llevado por el gobierno razonablemente bien, y comunicado mucho mejor a la opinión pública, esta medida sin siquiera el apoyo del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, comenzó otra etapa totalmente diferente en muchos frentes diversos del gobierno.

Los voy simplemente a mencionar (los que recuerde). El descubrimiento de que el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano que había servido a la familia Lacalle y a otros integrantes del Partido Nacional, había cometido varios hechos delictivos y que además utilizaba el cargo para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. Luego de ello y con la intervención de una fiscal muy complaciente, que al finalizar su escandalosa intervención en este caso y luego de declarar que su tarea había sido proteger al Presidente Lacalle, directamente se pasó al Partido Nacional. Gabriela Fossati actuó sin ningún pudor ni respeto para su delicada profesión.

En las investigaciones parciales, donde se excluyeron miles de mensajes entre Astesiano y Lacalle, se descubrió que el jefe de la custodia presidencia, vigilaba a dos senadores (Carrera y Bergara) para obtener información que permitieran presionarlos para que levantaran la denuncia contra Katoen Natie. Obviamente por mandato y pago de alguien, figuraba una empresa con sede en Estados Unidos, formada al iniciar el gobierno Lacalle, por militares retirados involucrados en negocios, licitaciones, vigilancias a estancieros argentinos, entre otros delitos.

El escándalo de la entrega de un pasaporte al mayor traficante de drogas de la historia uruguaya, Sebastían Marset, preso en Dubai, el 27 de diciembre 2021, que todavía sigue prófugo, hace más de 4 años y actuando. El presidente de Colombia Gustavo Petro lo acusó de ser el mandante del asesinato en un balneario colombiano del fiscal paraguayo Marcelo Tecci, el 10 de mayo del 2022.

La entrega del pasaporte cuyo escándalo involucró a varios ministros y altos gobernantes y que incluyó la distribución de documentos oficiales. El mensaje de esta amoralidad era que todo estaba permitido y que las relaciones entre el gobierno y un delincuente de la talla de Marset eran inexplicables. Nada es gratis.

El envío de 454 kilos de pescado congelado por valija diplomática como regalo al presidente Lacalle y que por gestiones del secretario de la Presidencia Álvaro Delgado fue depositado en el frigorífico Santa Clara, que no está habilitado para operar con ese tipo de carga. Una pequeña parte fue entregada en la residencia presidencial de Suarez y luego de estallido del escándalo una parte importante fue entregada a las ollas populares, que poco pudieron hacer por el tipo de pescado. Siguen haciéndose todo tipo de especulaciones.

Los escándalos en ASSE con el servicio de ambulancias contratado sin licitación a una proveeduria marítima, sin ningún antecedente en la materia, el cierre de Casa de Galicia y entrega con financiación casi total (14 millones de 15 del BROU) al Círculo Católico, del que fueron autoridades varios jerarcas de ASSE y el MSP.

Compra de dos aviones Hércules C-130 a España, que han sufrido todo tipo de desperfectos y han estado parados durante largos periodos, sin siquiera intervenir en la extinción de incendios como lo hacía los anteriores dos aviones del mismo tipo y habiendo comprado el equipamiento para cumplir esa función.

La firma de un contrato con un astillero español, especializado en barcos pesqueros, para la construcción de dos patrulleros de altura. La empresa que además atraviesa dificultades financieras, no tiene ningún antecedente en ese tipo de embarcaciones y la empresa Caterpillar que debía proveer los motores se retiró del proyecto.

A nivel de acomodos e irregularidades a nivel departamental, solo mencionarlas haría esta nota eterna, pero comenzando por Artigas, donde incluso fueron condenados dirigentes del Partido Nacional, en Paysandú, en Cerro Largo, en Lavalleja se registraron amoralidades.

Y una parte importante de la población tenemos la convicción que a nivel de Obras Públicas hay sospechas fundadas por los costos de las obras.

Si nos detuviéramos en las amoralidades estatales, estaríamos perdiendo de vista que esto se expandió por la sociedad y grupos empresariales o directamente estafadores, todos de origen blanco (casualmente) montaron organizaciones para robar y delinquir, como Campomar, Grupo Larrate, República Ganadera y la mayor de todas Conexión Ganadera, esta última con 4.200 estafados. ¿Serán estas todas las estafadoras? ¿A cuánto alcanzará el monto final de las estafas? Se sabe que los afectados llegan a 7.000.

En estos negocios, además de las estafas, estuvo el lavado de dinero y la afectación al campo y al ahorro uruguayo y a nuestra imagen internacional, un capital tan valioso.

Hay un episodio que parece haber quedado en el olvido, pero que he seguido investigando, por su gravedad e implicancias: las acusaciones presentadas en abril del 2024 ante la justicia contra Yamandú Orsi, actual Presidente de la República electo, por parte de dos mujeres trans, Blanca Díaz y Romina Celeste Papasso de hechos supuestamente producidos en el año 2014.

El caso tomó un giro definitivo cuando, el 17 de mayo de 2024, la Justicia uruguaya envió a prisión a Romina Celeste Papasso por su participación en la creación de la denuncia falsa. Blanca Díaz, la mujer trans, fue condenada a 20 meses de libertad a prueba por los delitos de asociación para delinquir, calumnia y difamación.

Esta operación, con una programada cobertura de prensa fue planificada con asistencia legal y con un viaje previo de ambas trans a Buenos Aires no tiene precedentes en la política uruguaya.

Estos desplazamientos a la Argentina fueron considerados relevantes en la investigación judicial sobre la denuncia falsa contra el precandidato presidencial Yamandú Orsi. Los costos y la planificación muestran claramente que en esta calumnia intervinieron otras personas e intereses políticos muy bien definidos para perjudicar a Orsi.

El plan fracasó estrepitosamente, ¿Por qué? Había una segunda fase del plan que consistía en asesinar a Blanca Díaz y obviamente hacer recaer todas las sospechas en los partidarios de Orsi, en su entorno directo. No les fue fácil conseguir al sicario porque estúpidos no son y sabían que el mismo sería asesinado posteriormente. Pero al final consiguieron uno en el ambiente carcelario.

No hace falta ser muy perceptivo para imaginar el impacto que hubiera tenido el asesinato de la mujer trans en la campaña electoral. Todo fracasó porque la implicada se apresuró a declarar que sus acusaciones eran falsas.

Es un hecho gravísimo que la fiscalía clausuró simplemente con las condenas a las dos trans, pero sin profundizar la investigación sobre otros implicados.

No se olvide que una de las implicadas, militante blanca, Romina Celeste Papasso fue la promotora de las acusaciones contra el senador Penadés por un conjunto de delitos y que además de su contenido penal tuvo como consecuencia la casi destrucción de la lista 71 del Partido Nacional, el corazón del herrerismo. Difícil creer que nadie del entorno político de Penadés desconocía los delitos cometidos durante muchos años.

El nivel de amoralidad llegó también a ese nivel de la provocación política. Ya no había límites, es que cuando la actividad política además comporta grandes beneficios económicos, relaciones más que sospechosas con capos narcos, se desliza hacia niveles muy peligrosos en todos los aspectos.

De allí que deberíamos formularnos algunas preguntas ¿De qué nos enteraremos cuando se vayan del gobierno y por ejemplo tengamos acceso al contrato firmado con Katoen Natie y otros contratos recientes? ¿formará parte de la autocrítica en el análisis de la derrota electoral? ¿Los otros socios de la Coalición seguirán aceptando este cúmulo de amoralidades, ahora que no tienen que defender los cargos?

¿Los uruguayos nos sentiremos indignados por no haber reaccionado mucho más enérgicamente ante este cumulo de amoralidades y ante el peligro de transformarnos en una sociedad que considera y acepta que la inmoralidad es inevitable en toda actividad política?

Seríamos simplemente otro país, mucho peor.