UY Press - Agencia uruguaya de noticias

05.06.2023

No existe una única manera de ordenar las cuentas públicas y evitar un fuerte déficit fiscal sino varias y diversas. Pero para que el ordenamiento sea virtuoso es imprescindible transformar las estructuras regresivas de ingresos y gastos públicos como parte de una estrategia orientada a desmontar la concentración de la riqueza y el poder decisional.

Es posible y deseable lograr el ordenamiento de las cuentas públicas y evitar un fuerte déficit fiscal, pero no de la forma como imponen los dominadores reduciendo la inversión pública en infraestructura social y productiva que castiga a sectores medios y populares. Existen opciones virtuosas que no castigan a la mayoría de la sociedad, sino que establecen que quienes lucran con la concentración de la riqueza paguen impuestos de acuerdo a sus patrimonios e ingresos, impiden la evasión tributaria con la consecuente fuga de capitales mal habidos y eliminan los subsidios a favor de actores privilegiados que drenan el gasto público.

En palabras claras. No tiene sentido que se resuelvan los déficits fiscales con ajuste y recesión. Esa fórmula encubre intereses y privilegios que son indefendibles a cielo abierto, castiga a las víctimas y favorece a los victimarios. Es una imposición apropiadora institucionalizada desde sectores de la política, los medios y la justicia que responden al poder económico.

Un ordenamiento virtuoso de las cuentas públicas implica un cambio de rumbo y forma de funcionar asegurando, entre otros aspectos, los siguientes.

(i)               Que el ordenamiento de las cuentas públicas sea parte de una estrategia orientada a desmontar la desaforada concentración de la riqueza impuesta a la sociedad. En particular, que con esa riqueza concentrada se sostenga la inversión pública que sirve al pueblo y financie nódulos estratégicos de un desarrollo económico inclusivo.

(ii)              Que se cuide a los más vulnerables con servicios esenciales y un firme desarrollo de los diversos sectores de la economía popular.

(iii)            Que se proteja la naturaleza, el planeta que cobija a todos, revirtiendo aquello que genera el cambio climático y la aniquilación de recursos naturales no renovables.

(iv)            Que ese ordenamiento exprese la soberanía decisional del país para sostenerse libre del sometimiento impuesto por dominadores de diversa calaña. 

(v)              Que el ordenamiento se sume al esfuerzo de asegurar una valiosa diversidad de medios de comunicación, una justicia no sesgada hacia proteger los intereses y la impunidad de los dominadores, un avance en el esclarecimiento y la organización social.

(vi)            Que el ordenamiento virtuoso de las cuentas públicas se asiente en una firme coalición política orientada a revertir imposiciones y privilegios.

En lo que sigue señalamos algunas de las principales medidas requeridas para solucionar de forma virtuosa un déficit fiscal, destacando lo que cada una aporta y también las resistencias que le toca confrontar.

Transformar la estructura regresiva de los ingresos públicos

Los dominadores procuran encubrir la naturaleza altamente regresiva de la estructura vigente tanto de los ingresos públicos como del gasto público. Del lado de los ingresos el mayor peso recaudatorio cae sobre los sectores medios y populares mientras los sectores de altos ingresos pagan relativamente menos. Hay dos razones que lo explican.

La primera razón es que los impuestos al consumo pesan más en la estructura tributaria que los que gravan a las ganancias y al patrimonio (como el impuesto a los bienes personales, en los pocos países donde existen).  Lo grave es que el consumo constituye una parte muy alta de los ingresos de sectores medios y especialmente populares mientras no lo es para sectores de altos ingresos. De este modo, los que menos tienen pagan proporcionalmente más impuestos que los que más tienen.  

La segunda razón hace a la evasión impositiva que practican grandes contribuyentes, un delito conocido e insuficientemente reprimido. Para colmo, esos mismos grandes contribuyentes no pagan todos los impuestos que les correspondería, sino que contratan especialistas en elusión impositiva (un "cuasi delito") para minimizar su responsabilidad tributaria aprovechando las imperfecciones de las normativas vigentes.

Se verifica así una tremenda injusticia fiscal. Mientras los contribuyentes de altos ingresos evaden o eluden impuestos, las mayorías poblacionales son forzadas a tributar cada vez que consumen un producto. Cuando se señala que prima una estructura regresiva de los impuestos se está utilizando una expresión técnica correcta, aunque muchas veces sin explicitar que esa estructura regresiva de impuestos contribuye a generar gravísimas desigualdades. Comprender ese impacto es esencial para avanzar en el esclarecimiento popular ya que las desigualdades no son fruto de casualidades sino aparecen como resultado de una pugna distributiva entre dominadores que se apropian de ingresos que no les pertenecen y amplios sectores medios y populares que los pierden.

¿Qué toca hacer? Transformar con urgencia la estructura regresiva de impuestos sabiendo que habrá que enfrentar a quienes se benefician con las leyes tributarias vigentes. Su resistencia a cambiar refleja la codicia y el egoísmo con que imponen privilegios y da la pauta que habrá que conformar una poderosa estructura política para poder remover esos privilegios. Esto implica avanzar electoralmente reforzando la capacidad de implementar los mandatos recibidos. 

Redireccionar el gasto público eliminando asignaciones no justificadas

En relación al gasto público se repiten las maniobras de encubrimiento para dejar fuera de la discusión política aspectos fundamentales de la asignación de los recursos públicos. Es que la forma como se asignan los recursos disponibles condiciona el rumbo que se le impone al país. No se trata de una discusión técnica entre especialistas, sino que la aprobación de las partidas presupuestarias a nivel nacional, provincial y municipal, resultan de una pugna de poder entre actores para imponer muy diferentes intereses, necesidades y anhelos.

Las decisiones presupuestarias no pueden resolverse entre bambalinas en base a acuerdos que no se explicitan. En democracia es crítico transparentar los criterios que se utilizan para definir prioridades en la asignación de recursos y luego rendir cuenta si se cumplieron los mandatos recibidos. Este accionar democrático es un componente esencial para comprender cómo se comportan las diferentes agrupaciones políticas, si defienden intereses encubiertos de grupos de poder o a sectores mayoritarios permanentemente castigados.

Uno de los encubrimientos más onerosos suele ocurrir cuando se asignan partidas del gasto público para subsidiar a grandes corporaciones prestadoras de servicios básicos mientras se retacean partidas en apoyo a la economía popular que llega a representar entre el 30 y el 60 % de la población según los países. ¿Cómo se justifica emenda asimetría? Si bien es posible que algún subsidio se justifique para contener tarifas accesibles para sectores populares, suele suceder que el mayor propósito del subsidio es maximizar tasas de ganancia a los prestadores del servicio que hacen parte del grupo dominador. En estos casos los subsidios no justificados son impuestos por oligopolios que abusan de su poder de mercado, abusos detectables si se conociese la real estructura de costos de quienes reclaman los subsidios, información que se retiene celosamente.

Al mismo tiempo, es imprescindible comparar los diferentes impactos sociales y económicos de cada asignación presupuestaria en función del proyecto de país que se defendiese. Si bien algunas proporciones de inversión en diferentes sectores de actividad debieran respetarse en distintos proyectos de país, en un proyecto de país soberano, justo e inclusivo tendrá altísima prioridad apoyar la masiva movilización de la economía popular. Las miserables partidas que suelen dedicarse a los inmensos sectores de la economía popular no se corresponden con el rol potente que pueden cumplir como nuevos diferentes motores del desarrollo.

La economía popular requiere recursos de envergadura para financiar un programa integral de apoyo. Si bien no existe una única modalidad de apoyo, quien escribe este texto valora muy especialmente una simultánea intervención en dos críticas dimensiones. De un lado asistir a las organizaciones de la economía popular para establecer desarrolladoras de emprendimientos productivos en sus territorios con población accediendo a empleos e ingresos dignos. Al mismo tiempo, conformar fideicomisos especializados en invertir en esos emprendimientos.

Hasta aquí el ejemplo escogido (subsidios al poder económico versus apoyo a la economía popular) que ayuda a comprender las diferentes fuerzas que pugnan por orientar el gasto público. La misma pugna sucede en otras asignaciones presupuestarias como los sistemas de control de inundaciones y de riego, la pavimentación de rutas y caminos vecinales, los proyectos educativos y sanitarios, el establecimiento de mercados populares, entre tantos otros usos posibles del gasto público. Importa señalar que si esas asignaciones favoreciesen a actores poderosos debiera cubrirse el costo de las obras y servicios aplicando las normas de contribución de mejoras. En cambio, de favorecer a sectores de bajos ingresos corresponde utilizar recursos no reembolsables o aportes que cubran solo una parte de los costos.

Un aspecto de suma importancia en la gestión del gasto público es la apropiación delictiva de recursos a través de contratos leoninos para realizar las obras públicas. Un hecho oprobioso derivado de la capacidad de grandes empresas de ganar esos contratos pagando sobornos a los que deciden su adjudicación. Esto exige controlar con efectividad los procesos licitatorios. Al mismo tiempo y en la medida de lo posible, valdría segmentar los contratos de obra pública de modo que medianas y pequeñas empresas puedan también participar en la ejecución de las obras. En otro texto cubrimos algo más sobre cómo encarar un déficit fiscal.

Cerramos estas líneas reafirmando como síntesis que el ordenamiento de las cuentas fiscales puede ser virtuoso protegiendo a sectores vulnerables o de bajos ingresos o, por el contrario, puede hacer parte de un proceso de apropiación de recursos públicos realizados por sectores privilegiados que imponen la concentración de la riqueza y el poder decisional.