UY Press - Agencia uruguaya de noticias

30.10.2025

Se trata del negociado más grande que se ha realizado en la historia de las compras militares en Uruguay, no solo por su monto, 90 millones de dólares, sino por el impacto en la defensa de nuestro mar territorial, la situación general de la Armada y su imagen y, por la maniobra política que está detrás. No tan atrás.

El gobierno, es decir el Presidente de la República Yamandú Orsi, hace muy bien en encarar con extrema seriedad los aspectos jurídicos del tema, mejor dicho de la estafa inocultable y cada día más clara. El cambio radical en toda la situación se dio a partir de que tomó cartas en el asunto la Presidencia, (Torre Ejecutiva) enviando incluso una abogada y un contador a la reunión del 10 de octubre pasado con Mario Cardama en el Ministerio de Defensa.

Pero sería un grave error no tratar de analizar políticamente y con rigor y profundidad todas las implicancias del llamado Cardamagate, son muchas y muy complejas. Es la maniobra más artera y peligrosa del equipo de Lacalle Pou dejada para el gobierno de Yamandú Orsi.

Las causas: solo por razones económicas -que sin duda las hay- no se puede entender que el ex presidente de la República, los dos ministros de Defensa Nacional Javier García y Armando Castaingdebat hayan arriesgado tanto.

Está operación fue orquestada y dirigida por el propio ex presidente, basta ver sus reiteradas apariciones en los medios anunciando la compra y en particular que haya salido de su "retiro político" para encabezar desde el directorio del Partido Nacional la respuesta y la ofensiva contra el gobierno y en especial contra el Presidente Orsi. Es una mezcla de desesperación y de asumir el comando de toda la operación. Delgado no está a la altura, ni el locuaz García. Al punto que Lacalle llamó al presidente Orsi por teléfono, especialmente por este tema y lo mencionó en sus declaraciones, como parte de la operación política.

¿Por qué la operación estuvo a cargo de Lacalle?: porque es por lejos el más inteligente y sagaz político de la actual oposición y se lo podrá acusar de muchas cosas, pero nunca de tonto y de descuidado. Ha demostrado en muchas ocasiones sus capacidades.

En segundo lugar, porque Lacalle y el gobierno anterior saben que uno de los aspectos más débiles que tienen es la corrupción, la inmoralidad llegando a la amoralidad durante su gobierno y no podía esperar de brazos cruzados, debía atrincherarse, para pasar luego al contrataque. Cardamagate es la principal operación de ataque preparada contra este gobierno.

Solo comprendiendo esto se pueden explicar tanto riesgo, legal, con avales absolutamente conocidos por el gobierno blanco, que luego de 11 meses, cuando el contrato requería un máximo de 60 días, fue presentado por Cardama que es absolutamente falso, es inexistente la institución que lo otorgó y ni siquiera lo renovó. De acuerdo al TOCAF, el conjunto de normas que rigen los contratos públicos en Uruguay, el aval es una garantía que se incorpora como parte del contrato. Y además, como si fuera poco, la certificación de la firma del aval, por un notario de Valencia es también falsa. Declaraciones del propio escribano.

Riesgo material: el astillero Cardama, no figura en el Catálogo de empresas españolas destinadas a la industria militar y naturalmente naval. https://www.uypress.net/Politica/El-astillero-Cardama-no-figura-en-el-Catalogo-de-la-Industria-Espanola-de-Defensa-uc148078

Pero hay cosas mucho peores, como por ejemplo la realidad constructiva actual que de acuerdo a los informes de los dos observadores de la Armada en Vigo, ya en el mes de julio alertaban sobre serios retrasos e incumplimientos y al día de hoy, está más que demostrado que de la primera patrullera, se lleva construido un total del 20% (según los más optimistas).

Llevamos pagados 28:800.000 de euros a la fecha, y esto representa el 68.24% del total del precio de una patrulla oceánica y además Mario Cardama vino a reclamar el 10 de octubre el adelanto de otros 12.200.000 euros, lo que hubiera elevado el porcentaje al 99.5% del precio final. Las perspectivas de que se cumpla el cronograma son absolutamente nulas, el próximo 18 de setiembre se debería entregar a la Armada el primer buque totalmente construido y operativo. Nadie hasta ahora, ni Mario Cardama, ni Lacalle se han atrevido a afirmar que eso se cumplirá. Faltan varios años para terminar la primera patrulla y Cardama que no tiene una parte fundamental de las capacidades técnicas para completarla.

Es por ello que Cardama ha tenido que subcontratar muchas de las futuras operaciones constructivas. Esto, cualquier lo comprende, aumentará sensiblemente los costos. Pongan especial atención a este tema, aquí está el eje de la operación política.

El precio total ofertado por Cardama por las dos OPVs, es de 82.400.000 euros, la mayor compra militar en la historia uruguaya. Es un precio totalmente falso y forzado, todas las demás empresas especializadas. TODAS, las que participaron en la licitación, como una mínima búsqueda en Internet o en I.A. permite establecer que buques con esas características hoy cuestan en el mercado, no menos de 70 a 80 millones de dólares (contra los 45 millones ofertados por Cardama).

¿Para qué se hizo todo esto?: para que dentro de unos meses, cuando fuera evidente que no se podía terminar ni siquiera la primera patrulla (y si hubiera podido Cardama hubiera puesto la quilla de la segunda, para cobrar más adelantos de la Carta de Crédito), comenzarán los reclamos de un aumento de los costos, un aumento significativo. Y ese aumento sería plena y total responsabilidad del actual gobierno. Una bomba bajo el gobierno Orsi.

Piensen por un minuto, si esta situación legal y material de una compra por 90 millones hubiera sido de responsabilidad de un gobierno de izquierda, lo que estaría haciendo la derecha. Lo insólito es que el Partido Colorado no hable y de hecho se sume al Partido Nacional, cuando tiene oficiales en la Armada que le informan de todo este desastre.

La actitud del actual Ministerio de Defensa Nacional basada en esta definición inicial: Sandra Lazo sobre Cardama: "Yo no quiero ser la que tire este contrato abajo", es un profundo error político y por ello tuvo que intervenir la Presidencia de la República.

No hay en esta opinión ningún cuestionamiento moral o legal contra el actual MDN, si lo hubiera, he demostrado que no me detengo por solidaridades partidarias. Estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de la ministra Lazo en una entrevista en televisión de La Diaria de hace pocos días cuando afirmó que sus dos prioridades eran defender los intereses nacionales y la seguridad del personal de la Armada embarcado.

La prioridad no podía ni tendría que haber sido nunca el contrato, sino la compra lícita, adecuada técnicamente y en una empresa que ofreciera las garantías necesarias, de las dos patrullas oceánicas. Que es lo que va a hacer este gobierno, lo anunció el Presidente Yamandú Orsi hace pocas horas.

¿Qué se estaría cubriendo? Luis Lacalle Pou, que no puede ser acusado ni de descuidado ni de tonto, sabía perfectamente que en el frente de las compras militares se han acumulado muchas irregularidades, no solo en la Armada también en la Fuerza Área con los dos viejos Hércules C 130 que estuvieron parados muchos meses en reparaciones y se pagaron mucho más caros que los precios de mer4cado, los botes neumáticos nuevos e inservibles y varias cosas más.

Los blancos debían tener capacidad de contratacar, las patrulleras oceánicas era el caso perfecto. Había que construirlo y lo hicieron, utilizando a Mario Cardama, que además estaba desesperado por su situación económica y financiera, al punto que el propietario del 39% de las acciones de Cardama no ha firmado los balances de la empresa y además utilizando a varios oficiales de la Armada. Qué responsabilidad le cabe a cada uno de ellos, está bajo investigación administrativa y ahora también penal.

La Armada, que ha sido arrastrada a su peor imagen por oficiales que no merecían llevar ese uniforme y este caso la precipita todavía más y es por ello que varios oficiales pasaron a retiro, incluso un contralmirante, a los que hay que sumar los informes negativos al proceso de varios capitanes de navío. Pero el malestar en la Armada es generalizado.

Lo que fue otro error de parte del MDN es designar al actual Almirante José Luis Elizondo como Comandante en Jefe de la Armada, eso no era parte de ningún contrato y si de un sector de la Armada que había participado de la compra a Cardama, además del impacto negativo por el pase a retiro de tres contralmirantes. No se brindó la más mínima explicación. Además, Elizondo debía pasar a retiro al cumplir los 60 años en el 2024.

¿Qué opina en la actualidad el Almirante Elizondo de todo lo que se sabe hoy de la compra a Cardama?

Todos estos los elementos que actualmente se conocen y los que seguirán apareciendo, muestran las responsabilidades legales, morales, penales de los máximos jerarcas del anterior gobierno de Lacalle y también su urdiembre política. Nos salvamos por muy poco y gracias a la Presidencia de la República, los que colocan el contrato (ilegal por todos lados) por encima de las prioridades establecidas claramente por el presidente, están políticamente profundamente equivocados. Incluso ideológicamente sobre las relaciones con las fuerzas armadas.

(En futuros análisis ampliaremos este tema, que viene desde atrás).