UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.09.2022

MONTEVIDEO (Uypress) - En una entrevista exclusiva para Uypress, Silvia Rodríguez*, investigadora de CINVE y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdelaR, analiza en profundidad el contenido del proyecto de Rendición de Cuentas 2021, que se encuentra a consideración del Senado y concluye que la política de austeridad del gobierno no permite identificar cuáles son las prioridades presupuestales del gobierno.

El gobierno ha anunciado que el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2021, que se encuentra a consideración del Parlamento, incrementará el gasto público para 2023 en 226 millones de dólares. Algunos expertos en la materia advierten que, si se analiza con cuidado el articulado y si se suman las asignaciones que el proyecto contiene, el gasto público se incrementaría mucho más, concretamente, agregaría más de 450 millones de dólares, lo que representa más del 0,6% del PIB proyectado para el año que viene. ¿Qué comentarios le merece esta observación?

Los documentos oficiales que acompañan el texto de la ley de Rendición de Cuentas 2021 no incluyen referencias al costo total de la ley. Expertos en la materia intentaron reconstruir ese costo analizando con cuidado el articulado. A partir de ese análisis, concluyeron que el incremento de gastos previstos para los años 2022 a 2024 era mayor al que se había hecho público. En el único lugar donde se puede encontrar la información sobre el costo de la rendición de cuentas es en la aplicación (app) "Presupuesto Fácil UY", creada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando estuvo disponible, desde allí fue posible verificar que los cálculos realizados por los expertos eran correctos y que, efectivamente, el costo de las erogaciones incluidas en la propuesta del Poder Ejecutivo es mayor al originalmente difundido por el gobierno. Específicamente, hasta 2023, la asignación adicional es de aproximadamente 450 millones de dólares. De ese adicional, más del 50% se destina al pago de las obligaciones emergentes de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de proyectos PPP.

¿Esta es la última instancia presupuestal en que el actual gobierno puede incluir algún tipo de gastos e inversiones antes del año electoral?

No es la última instancia, sería posible realizar nuevas asignaciones en la Ley de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2022, la que se presenta en junio de 2023 y que se aprueba a mediados de octubre de dicho año, 12 meses antes de las elecciones, que se realizarán el 27 de octubre de 2024. La presente Rendición de Cuentas, ubicada en la mitad del mandato de gobierno, es clave, ya que las asignaciones incrementales que se aprueben en ella se ejecutarán en tiempo útil por parte de este gobierno, en 2023 y en 2024.

Más allá de los plazos, es relevante considerar que lo que se ejecute en la segunda parte del gobierno no depende, exclusivamente, de las definiciones de esta Rendición de Cuentas. La discusión de una Rendición de Cuentas es una instancia donde es posible modificar, en más o en menos, las asignaciones incluidas en el Presupuesto Nacional Quinquenal y en las Rendiciones de Cuentas anteriores, pero, en general, se trata de ajustes relativamente marginales respecto al gasto total. Además, existen mecanismos por los cuales el Poder Ejecutivo puede aumentar los créditos presupuestales sin requerir la aprobación específica del Parlamento, esto son los refuerzos de rubro y las habilitaciones de crédito específicas. Por tanto, además de los créditos que se aprueben en esta Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo va a poder ampliar los créditos por otros mecanismos, salvo para remuneraciones. Por ello, no es posible saber hoy cuáles son los montos con los que contará cada organismo para poder ejecutar el año que viene, dada la discrecionalidad con que cuenta el Poder Ejecutivo para ajustar las asignaciones que se definen en el Parlamento.

Para tener un elemento comparativo ¿Cuál es el porcentaje de aumento del gasto en relación al PBI y sobre el presupuesto vigente? ¿Cuáles eran esos porcentajes en el año 2017?

No es correcto comparar las asignaciones incrementales de distintas Rendiciones de Cuentas, hay que tener presente el punto de partida y ver el conjunto del período presupuestal, quinquenal. No son situaciones comparables cuando la asignación se da luego de un recorte presupuestal; o si a partir de la nueva asignación resulta un incremento real respecto del presupuesto base. No es lo mismo si el presupuesto aseguraba el mantenimiento de salario real, o si por el contrario, dado un punto de partida de pérdida salarial la asignación de la Rendición de Cuentas tendría el objetivo de ir recomponiendo esa pérdida. Por tanto, no es comparable la trayectoria del gasto entre 2015-2019 con la de 2020-2024.

Podemos sí analizar cómo fue variando la ejecución presupuestal entre 2020 y 2021 y lo que se está asignando para los años 2022 a 2024. La ejecución presupuestal en términos reales de 2020 significó una caída del 2% respecto al nivel de 2019. Aunque en 2021 aumentó 0,8% en términos reales, al finalizar el año, el gasto ejecutado se mantenía por debajo del nivel de 2019.  El aumento previsto para 2022 en esta Rendición de Cuentas no es suficiente para recuperar la caída del gasto implementada en 2020.

En esta ocasión los aumentos del gasto se planifican fundamentalmente para 2023 y 2024. Para el año 2022 el aumento es del 0,4% del presupuesto vigente, en tanto los aumentos previstos para los dos años siguientes equivalen al 2,5% y al 2,9% del presupuesto vigente, aproximadamente, un aumento de 0,6% del PIB para 2023 y para 2024.  Incluso en algunos casos la asignación es mayor en 2024. Por cierto, son muy conocidos los estudios académicos que analizan la existencia de un ciclo de gasto asociado al ciclo electoral y el aumento del gasto previsto en esta Rendición de Cuentas no permiten descartar la hipótesis de que estas asignaciones están permeadas por el ciclo electoral.

¿Cómo incide la LUC y los artículos relacionados con la nueva institucionalidad fiscal en la elaboración de la Rendición de Cuentas? ¿Cuáles son los límites al gasto que plantea la regla fiscal vigente? ¿Se están respetando los límites establecidos en ella o se están violando?

Como parte de la nueva institucionalidad fiscal se establecen tres tipos de reglas, o topes numéricos. El primero establece una meta indicativa para el balance estructural. El segundo corresponde al límite de crecimiento real de los egresos primarios del Gobierno Central y BPS, límite dado por las estimaciones de crecimiento del producto potencial. Para este año el tope en crecimiento real de los egresos es de 2,1%. Finalmente, la tercera regla establece un tope al flujo del endeudamiento neto del año. Esta última limita el endeudamiento neto a un cierto monto, pero a diferencia de los anteriores topes, existe una cláusula de salvaguarda que permite un incremento adicional de hasta el 30% en el endeudamiento, en caso de la ocurrencia de eventos inesperados.

En lo que refiere al cumplimiento de los topes, durante 2021 las metas y topes establecidos se cumplieron. La meta objetivo para el resultado fiscal estructural implicaba alcanzar un déficit del 3,2% del PIB, y la cifra del resultado fiscal estructural presentadas por el MEF fue deficitario, ubicándose en el 2,7% del PIB. Es importante remarcar que no es fácil verificar el cumplimiento de esta regla, pues las estimaciones de las correcciones cíclicas necesarias para calcular el balance estructural presentan dificultades técnicas y no es posible reproducirlas con exactitud. Por su parte, en 2021 el tope de crecimiento anual del gasto se estableció en el 2,3%, en tanto el crecimiento efectivo fue del 1.6%, nuevamente cumpliendo con la restricción. Finalmente, en el caso del endeudamiento, la deuda neta llegó a 2.563 millones de dólares, por encima del tope establecido, por lo que en 2021 el gobierno debió apelar a la cláusula de salvaguarda, por lo que operó un límite mayor que se cumplió.

En términos generales, se puede decir que se estuvo por debajo de los topes establecidos. Esto motivó que algunos analistas lo valoraron como un sobrecumplimiento de las metas, que podría llegar a considerarse como positivo, sino se estuviera transitando un proceso de recuperación de una profunda caída de la actividad. La pregunta relevante es si este sobrecumplimiento compensa los beneficios sociales que se podrían haber alcanzado con mayores apoyos para las personas (y empresas) con mayor vulnerabilidad, acelerando la recuperación luego de la pandemia.

¿Qué comentarios le merece el funcionamiento de la nueva institucionalidad fiscal?

Esta nueva institucionalidad, de las que las reglas o topes numéricos son una parte, se puso en marcha en un momento de profunda crisis, en circunstancias en que los países de Europa se descalzaban de las reglas fiscales de modo de sostener a la población afectada por la crisis, mientras que en Uruguay se establecía una nueva generación de reglas fiscales. En este contexto, entiendo que el punto de la discusión relevante no es el cumplimiento de las metas, sino la definición del diseño de estas reglas fiscales, cuyo formato actual por ejemplo no prevé cláusulas ni condiciones de salida, ni dinámicas de retorno ante escenarios negativos. Tampoco existe una exigencia de cumplimiento o un costo por incumplimiento, más allá de las obvias consideraciones de carácter reputacional.

Otro aspecto delicado del diseño de estas reglas fiscales es que requieren de la estimación de ciertas variables inobservables, que, por ende, no se obtienen a partir de encuestas ni de relevamiento de datos primarios. Dichas variables hay que estimarlas por modelos más o menos controversiales, y este no es un punto menor. Aunque existen lineamientos sobre la metodología de cálculo de las mismas, con la información que el Ministerio de Economía y Finanzas publica no es posible reproducir las cifras presentadas.

Se requieren avances sustanciales para que este proceso sea transparente y, más aún, para que sea reproducible por parte de analistas externos. Estas debilidades son comunes a los procesos de puesta en marcha de las reglas fiscales en otros países, y sería deseable que se realicen mejoras en este sentido. La evidencia disponible es rica y entiendo que en Uruguay deberíamos tener en cuenta los análisis existentes.

¿Qué porcentaje de los ingresos del sector público se dedicarán este año a cubrir el déficit del BPS, de la Caja Militar y de la Caja Policial? ¿Cuántas personas atiende cada uno de esos organismos?

Dentro de los egresos totales del gobierno y BPS, el monto total destinado al pago de pasividades en 2020 fue del 10% del PIB y del 9,5% en 2021. Como en otros países, sólo una parte de estos egresos están financiados por los aportes corrientes de los trabajadores activos. Otra parte no lo está y, por lo tanto existe, desde el punto de vista contable, un déficit que debe ser cubierto.

En el mes de abril de este año el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó transferir al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas ("Caja Militar") una partida de 450 millones de dólares, lo que equivale al 0,6% del PIB. También se autorizó la asistencia financiera al Servicio de Retiros y Pensiones Policiales ("Caja Policial") y en este caso la partida fue de 192 millones de dólares, aproximadamente un 0,3% del PIB. Por lo tanto, casi 1% del PIB se necesitó para cubrir los déficits de estos dos subsistemas.

De esta forma, aproximadamente 9,5% del PIB se destina al pago de pasividades del BPS, que corresponden a casi el 90% del total de pasivos. Mientras que los servicios de retiros militares y policiales reciben un punto del PIB y atienden solo al 9% del total de los pasivos (5,6% Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA y 3,5% el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales).

¿Cuál ha sido la evolución reciente de las transferencias del Gobierno Central para cubrir los déficits de estos organismos?

Tomando la información que surge del informe de Diagnóstico del Sistema Previsional Uruguayo, elaborado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), el requerimiento de asistencia financiera a la "Caja Militar" se ha ido incrementando año a año. En 2015 se transfirieron 362 millones de dólares y en 2019, 450 millones de dólares. Estas cifras son comparables en la medida en que están expresadas a dólares constantes de 2019, por lo que en el periodo referido la cifra creció a una tasa anual del 6%. En tanto las transferencias a la "Caja Policial" pasaron de 125 millones de dólares en 2015 a 203 millones en 2019, la asistencia creció a una tasa del 13% anual. La evidencia es contundente, cada año se destina una porción cada vez mayor de los recursos públicos a financiar a estos dos subsistemas de seguridad social. La sostenibilidad en el largo plazo requiere de una reforma de estos servicios. En el marco de la reforma que requiere el resto del Sistema de Seguridad Social, es necesario modificar estos regímenes de los subsistemas que contienen grandes inequidades respecto al régimen general.

¿Las inversiones en infraestructura están incluidas en las asignaciones previstas en el proyecto de Rendición de Cuentas?

La modalidad de ejecución y de financiamiento de las inversiones determina que lo que se incluye en esta Rendición de Cuentas sean los pagos correspondientes a las inversiones previas, pues algunas modalidades de contratación posponen el gasto presupuestal hasta la puesta en funcionamiento de cada uno de los proyectos.

Voy a tratar de explicar a grandes rasgos cómo funciona el sistema. Una parte importante de las obras de infraestructura se realizan bajo el sistema de contratos Participación Público Privado (PPP), o bajo los Contratos de Diseño, Construcción, Mantenimiento y Financiamiento (CREMAF).

Los contratos PPP, básicamente, consisten en que la Administración Pública le encarga a un privado por un período determinado el diseño, la construcción, la financiación y operación de una obra de infraestructura. Durante el período del contrato, que pueden ser 20 o 30 años, la Administración Pública le paga al contratista una cierta cantidad de dinero anualmente. O sea al inicio se compromete a un flujo de pagos futuros. La obra se ejecuta por parte de un privado y la Administración Pública difiere inicialmente el pago, con lo que compromete una parte del gasto futuro para cubrir por un largo período esa obligación.

En el otro tipo de contratos, los contratos CREMAF, la obra se realiza en un período estimado de 2 años, hay un mantenimiento posterior y los pagos de la Administración Pública se realizan en 10 años a partir de la concesión de mantenimiento. También en este caso el privado realiza la inversión y la ejecución de la obra, y la Administración Pública se compromete a realizar pagos en los años posteriores.

Por estas razones, una parte del costo fiscal de la Rendición de Cuentas actual son los pagos correspondientes a obras que ya se realizaron y están disponibles. Los compromisos actuales que contraiga el gobierno bajo estas modalidades, no entran dentro de la asignación presupuestal, pero serán parte de los egresos futuros del sector público.

Para tener una referencia, ¿cuáles eran las cifras, en dólares y en porcentajes del PIB, de la deuda pública bruta y neta del Uruguay en el año? ¿Cuánto ha crecido el endeudamiento público durante el presente periodo de gobierno?

La discusión previa a las últimas elecciones sobre los altos niveles de endeudamiento del país y acerca de cómo se convertían en un factor que comprometía el desarrollo futuro, podemos ahora mirarla con algo de perspectiva al considerar qué ocurrió en estos 3 últimos años y contrastarlos con los niveles previos.

El crecimiento de la deuda en los últimos tres años es muy similar al crecimiento acontecido en los cinco años previos, durante la segunda presidencia del Dr. Tabaré Vázquez. La información disponible muestra que la deuda ha continuado su dinámica de crecimiento en términos del PIB. En este tiempo ocurrieron acontecimientos que impactaron negativamente sobre el nivel del endeudamiento público, como la crisis desencadenada por la pandemia y, también, factores que operaron en un sentido favorable.

El cambio de base con que se realizan las estimaciones de las Cuentas Nacionales, elaboradas por el Banco Central del Uruguay, indicó que en 2019 el PIB a precios corrientes era casi el 10% mayor al que se medía con la metodología anterior, por lo que con las nuevas estimaciones se produjo unas reducción de la proporción de deuda pública respecto al PIB, por un efecto "contable", sin que nada haya cambiado en la realidad económica y social y sin  que se hubieran modificado los montos ejecutados del gasto público y los ingresos tributarios y no tributarios del Estado.

En los últimos tres años, entre 2020 y 2022, el endeudamiento bruto en dólares creció 34% y el endeudamiento neto creció 32%, mientras que en los cinco años comprendidos entre los años 2015 y 2019, el endeudamiento público bruto en dólares aumentó 34% y el neto aproximadamente 40%.

En términos del PIB, en 2015 la deuda pública bruta fue equivalente al 41% del PIB, mientras que en 2019 había alcanzado al 49% del PIB, por lo que en 5 años el monto se incrementó en 7,5% puntos porcentuales del PIB.

En 2021 la deuda pública bruta y la deuda pública neta ascendieron al 60% y al 55% del PIB, respectivamente.

Aún no termina el año por lo que para estimar las cifras de 2022 se pueden considerar las cifras que el gobierno presentó en la exposición de motivos de esta Rendición de Cuentas, en la que estima que la deuda bruta y la deuda neta del gobierno aumentarán este año el 12% y el 12,6% respectivamente, con un PIB estimado en dólares que crecería más aún.

¿Qué se puede decir del manejo del endeudamiento público?

En este período de gobierno y en anteriores, la gestión de la deuda pública ha sido extremadamente cautelosa. El país cuenta desde hace tiempo con una muy buena reputación, lo que nos ha permitido sobrellevar la crisis sin restricciones de financiamiento y con una estructura de la deuda que ha seguido un camino de recomposición de los pasivos en moneda nacional, reduciendo el endeudamiento en dólares; en la recomposición de las tasas de interés, con endeudamiento a tasas de interés fijas y con un costo de financiamiento que se ha venido reduciendo.

Comparativamente a presupuestos anteriores, ¿cuáles son las áreas que han sido más favorecidas por el actual gobierno? ¿Cuáles fueron las áreas que fueron postergadas en relación a periodos de gobierno anteriores?

Si se observa la distribución por áreas programáticas, no es posible notar una diferencia importante entre lo presupuestado en 2016 y en 2021. Las tres principales áreas en las que se destina mayor presupuesto son Seguridad Social, Educación y Administración Financiera. Pero esta comparación, en realidad, no permite visualizar las prioridades, dada la rigidez del gasto. Una porción muy importante del gasto, aproximadamente el 60%, se destina a remuneraciones y esto brinda un margen acotado para cambiar de forma drástica la distribución del gasto entre diferentes áreas de gobierno.

¿Cuál era el porcentaje del PBI dedicado a la educación en el año 2019 y cuál es el previsto en esta Rendición de Cuentas?

De acuerdo a las cifras que presenta el Ministerio de Educación y Cultura, en 2019 el total del gasto público en educación significó el 4,8% del PIB. De este gasto, la UdelaR, la ANEP y la UTEC conjuntamente comprendían el 87% del total del gasto en educación, lo que representa, aproximadamente, el 4,2% del PIB. En la Rendición de Cuentas que se encuentra a estudio del Parlamento no está prevista una asignación presupuestal adicional respecto a lo asignado en 2022, con lo cual en este año el gasto destinado a esos tres incisos se reduciría al 3,6% del PIB, 0,6% puntos porcentuales del PIB menos respecto a las cifras de 2019.

Si usted tuviera que definir de manera resumida la característica distintiva, definitoria de la actual política fiscal, ¿qué diría?

El gobierno no ha ocultado su convicción de que el gasto público debe bajar y se ha trazado metas al respecto. El camino que ha tomado para reducir el gasto ha determinado que en 2021, una parte significativa de la reducción se debió a la merma de las partidas de remuneraciones y pasividades fundamentalmente a partir de la reducción real de salarios y pasividades. Es decir, por un menor aumento de los salarios y pasividades respecto de la inflación, en tanto el número de empleados públicos (funcionarios y no funcionarios) apenas se redujo el 1,7%, de acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Las partidas correspondientes a la inversión pública también se vieron reducidas.

En 2020 el esfuerzo fiscal desplegado como consecuencia de la pandemia en Uruguay fue del 1,1% del PIB y en 2021 del 1,7% del PIB. En 2020 otros gobiernos de la región como Argentina, Brasil y Paraguay, para hacer frente a esta crisis desatada por la pandemia, realizaron un esfuerzo fiscal mucho mayor, que la CEPAL estimó entre el 3,9 % y el 4,6% del PIB. En Chile, el esfuerzo fiscal desplegado en ocasión de la pandemia fue del 5,7% del PIB.

Estas cifras dan cuenta de las prioridades que tuvo el gobierno y ayudan a entender la orientación general de la política fiscal y la cautela que se mantuvo en materia de incremento del gasto, que tuvo consecuencias, especialmente negativas para algunos sectores de la población, que han visto reducido su nivel de bienestar. Algunos indicadores ilustran las consecuencias de las opciones del gobierno en materia de gasto público social. El número de personas en situación de pobreza aumentó en todo el país, desde el 8,8 % en 2019, hasta ubicarse en el 11,6% en 2020. Aunque durante 2021 esos niveles bajaron al 10,6%, los niveles de pobreza hoy son aún mayores que en 2019.

En el proyecto de Rendición de Cuentas ¿hay un real aumento de recursos para ciencia e investigación?

En esta Rendición de Cuentas se está realizando una asignación incremental para 2023 y 2024 de, aproximadamente, 4 millones de dólares, para reforzar los programas que actualmente lleva adelante la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Adicionalmente, se prevé una asignación adicional de unos 10 millones de dólares para innovación, pero cuya distribución de fondos debe estar condicionada a la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, esto en principio significa un mecanismo muy diferente de asignación de fondos de los que viene utilizando históricamente la ANII.

La Universidad de la República ¿se ha visto perjudicada o no ha sido considerada como una prioridad presupuestal por parte del gobierno?

En la Rendición de Cuentas no se ha asignado ninguna partida incremental para la Universidad de la República ni para 2022, ni 2023, ni 2024. Por el contrario, se ha propuesto una reducción del adicional del Fondo de Solidaridad y aún no se ha encontrado una solución, para evitar la pérdida de recursos que esta medida implica para la Universidad. Este recorte es de unos 600 millones de pesos anuales.

Esta reducción se realiza en un marco de incremento récord de la cantidad de estudiantes universitarios matriculados, con claros avances en términos de descentralización, construyendo nuevos campus en diversas regiones del país, dotando de nuevas carreras para que cada vez más estudiantes del interior puedan estudiar cerca de su lugar de residencia, muchos de ellos primera generación en la familia de estudiantes universitarios.

Los recursos provenientes del Fondo de Solidaridad se destinaban a gastos e inversiones, por lo que, de no encontrarse una nueva fuente de financiación, la posibilidad de avanzar en esa línea quedaría comprometida. Es claro que la Universidad no es parte de las prioridades presupuestales en esta Rendición de Cuentas.

¿Las asignaciones previstas para los rubros de remuneraciones, ¿permitirán realmente una recuperación de las pérdidas salariales reales que han tenido los funcionarios públicos durante los dos últimos años?

Si consideramos lo que efectivamente se destinó al rubro remuneraciones, esa partida en términos reales se contrajo el 3,6% entre 2020 y 2021. De acuerdo a las estimaciones presentadas por el gobierno en la Rendición de Cuentas, durante 2022 no habría una mejora, esa contracción en términos reales se mantendría. Recién en el año 2023 se prevé el inicio de la recuperación, a través de incrementos del 3%, que continuaría en 2024 con el 1,8%. De acuerdo a esto, el rubro remuneraciones recuperaría los niveles de 2019 en 2024. Si se cumplen las oficiales proyecciones, la partida remuneraciones en términos reales estaría apenas 1% por encima del nivel vigente en 2019. Debe resaltarse que, de esta forma, el poder de compra de los salarios de los funcionarios públicos en 2024 recuperaría el nivel de 2019, pero se mantiene la pérdida acumulada por el desfasaje de estos años. 

¿Cuál ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios públicos en 2020 y en 2021? ¿Qué se espera que ocurra con el salario real del sector público en el presente año?

Si se considera la evolución del Índice de Salario Real que publica el INE, los salarios de los funcionarios públicos tuvieron en 2020 una pérdida de poder adquisitivo del 2,3%, comparados con el nivel promedio de 2019. Al incluir el año 2021, la pérdida acumulada se amplía al 4,2%.  A julio de 2022, con los aumentos a cuenta recibidos, la pérdida del nivel se reduce con lo que a julio sería de 2,6%.

Pero si consideramos los ajustes que recibieron los funcionarios públicos los eneros de cada año y la comparamos con la inflación pasada, la cifra es un poco diferente. En 2022 se ajustó por el total de la inflación pasada, pero en 2021 la pérdida de poder de compra llegó al 5%. En 2022 con el aumento en enero más el adelanto a cuenta recibido en julio, al finalizar 2022 el incremento total recibido sería de 9,1% con lo que la pérdida salarial aun sería de 3,9% a fin de año.

En definitiva, al finalizar el año 2022, los funcionarios públicos no habrán recuperado la pérdida salarial acumulada desde 2020. Para recuperar el poder de compra de 2019 los próximos aumentos salariales tendrían que ser mayores a la inflación incluyendo partidas de recuperación salarial.

(*) Silvia Rodríguez-Collazo. Economista egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UdelaR. Actualmente, se desempeña como investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) y como Profesora Agregada del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UdelaR, en la que cumple actividades de investigación, enseñanza directa y de gestión académica. Es autora de publicaciones a nivel nacional e internacional. Su trayectoria académica y como consultora la vinculan a temas relacionados con el seguimiento de la coyuntura y con la aplicación de técnicas estadísticas y econométricas de series temporales para la modelización y predicción de variables macroeconómicas y financieras a corto y largo plazo.