UY Press - Agencia uruguaya de noticias

03.02.2024

GINEBRA – Las reformas a la legislación forestal y de fauna silvestre en Perú podrían legalizar e incentivar el despojo de tierras de los pueblos indígenas e incluso amenazar su supervivencia física y cultural, alertó un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas.

Esa ley "afectará negativamente los territorios ancestrales de pueblos indígenas en la Amazonia peruana" advirtió Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, basado en esta ciudad suiza.

El experto destacó que la reforma "sucede en un momento en el que el Estado todavía tiene obligaciones pendientes por cumplir en cuanto al reconocimiento legal y la seguridad de los territorios de los pueblos indígenas".

"Aproximadamente un tercio de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana no han recibido la titulación de sus tierras, dejándolos inseguros y vulnerables ante terceros" indicó Calí Tzay, indígena guatemalteco de la etnia maya cachiquel.

En su opinión "bajo el nuevo marco regulatorio, la tala y la desforestación serían legalizadas. Es especialmente preocupante, dados los altos niveles de deforestación en la Amazonia peruana en los últimos años".

"Esta situación podría aumentar aún más la presión sobre los territorios indígenas, sobre su integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual", agregó.

"En los últimos años, 33 líderes indígenas han sido asesinados, incluyendo el líder del pueblo kichwa, Quinto Inuma. Estas reformas parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales": Francisco Calí Tzay.

El legislativo Congreso peruano aprobó en diciembre, y publicó el 10 de enero, una reforma a los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que data de 2011, y con la cual se suprimen o flexibilizan requisitos de zonificación para autorizar la explotación agropecuaria en áreas boscosas.

La reforma ha sido objeto de polémica, el Ejecutivo aún no la ha promulgado y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que el gobierno empleará mecanismos constitucionales para que sea nuevamente debatida.

Calí Tzay dijo que "debido a la gran presión sobre los territorios indígenas desprotegidos, la creación de áreas de exclusión (respecto de la zonificación obligatoria) podría generar impunidad ante crímenes como la tala ilegal, el desbosque y el cambio de uso".

Un resultado sería "debilitar la lucha contra la desforestación y agravar la crisis climática actual" advirtió el experto.

Destacó que la reforma no fue sometida a un proceso de consulta para obtener el "consentimiento libre, previo e informado" de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, mencionados explícitamente en la ley junto con las comunidades nativas y campesinas.

"Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial podrían ser particularmente vulnerables a este cambio regulatorio, que podría amenazar su supervivencia física y cultural", recalcó.

Agregó su preocupación por el hecho de que el retroceso en la gobernanza forestal del país da la espalda a las amenazas, ataques y asesinatos de defensores indígenas y ambientales, que se oponen a actividades ilícitas en los bosques de sus territorios.

Advirtió que "en los últimos años, 33 líderes indígenas han sido asesinados, incluyendo el líder del pueblo kichwa, Quinto Inuma. Estas reformas parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales".

"El vacío es llenado por grupos criminales dedicados a la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico, promoviendo economías ilegales que destruyen el tejido social y socavan las instituciones públicas", afirmó Calí Tzay.

Finalmente, recordó a Perú sus obligaciones internacionales al adoptar una legislación que afecta a pueblos originarios, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Foto: Una sola empresa deforestó en tres años más de 2500 hectáreas en el nororiental departamento de Loreto, en la Amazonia peruana, para dedicarlas a cultivos de cacao, detectó el servicio forestal gubernamental. Una reforma legislativa amenaza con regularizar ese tipo de afectaciones, según responsable de derechos humanos en la ONU. Imagen: Serfor