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02.04.2025

OTHER NEWS (Alberto Mesas* – Contexto y Acción/CTXT) – Cientos de miles de personas salen a las calles en Serbia, Hungría, Bulgaria, Macedonia del Norte, Grecia y Rumanía en repulsa a la deriva autocrática de sus gobiernos

Justicia, transparencia, democracia y libertad. Estas últimas semanas cientos de miles de personas de varios países de los Balcanes han abarrotado plazas y avenidas para manifestarse contra sus respectivos gobiernos haciendo esas demandas y con un ojo puesto en Europa Occidental. Estas movilizaciones se enmarcan en contextos de autoritarismo, corrupción institucional, tensión geopolítica -por las posturas de Estados Unidos y la UE con respecto a Ucrania- y una gran incertidumbre económica que golpea sobre todo a los jóvenes de la región.

Varios medios occidentales están hablando del nacimiento de una "Primavera Balcánica", sin embargo, el politólogo experto en los Balcanes Alejandro Esteso Pérez, es cauto con esta etiqueta. "No iría tan rápido como para hablar de una primavera balcánica. Ha habido muchas olas y ciclos de protestas en la región que se han gestado en distintos países en paralelo y muchas veces han acabado derivando en poco".

Esteso apunta a la juventud de muchas de las sociedades de estos países, que hace apenas 30 años que son naciones independientes. "La ciudadanía en los Balcanes está muy poco cohesionada, y eso repercute sobre el impacto que las protestas tienen en sus gobernantes y a la hora de pedir responsabilidades". 

15 minutos en Serbia

Belgrado acogió a mediados de marzo la manifestación más multitudinaria en Serbia desde finales de los años ochenta, cuando Miloševic llegó al poder y lanzó su "revolución antiburocrática". Entre 100.000 y más de 300.000 personas protestaron en la capital contra el gobierno conservador de Aleksandar Vucic, al que le exigen responsabilidades por el derrumbe el pasado noviembre de una marquesina en la recién inaugurada estación de Novi Sad -la segunda ciudad del país-, que mató a 15 personas.

Desde noviembre, a la indignación por las sospechas de negligencia en el mantenimiento de la infraestructura y corrupción en la gestión de fondos públicos se le ha sumado el enorme descontento social por la deriva autoritaria de Vucic, que controla con mano de hierro los principales medios de comunicación y lanza campañas sistemáticas de hostigamiento contra opositores políticos. Sin ir más lejos, hace unos meses, Amnistía Internacional publicó un informe donde demostraba la existencia de una trama de espionaje masivo a periodistas, activistas y opositores por parte de la policía y los servicios de inteligencia serbios.

Lo que en un principio comenzó como actos simbólicos de protesta en algunos campus universitarios del país, se ha convertido en un movimiento nacional con movilizaciones en más de 300 ciudades, una huelga general y diversos actos de desobediencia civil. Vucic ha intentado calmar los ánimos forzando algunas dimisiones en su gabinete. Así, tres días después de la tragedia anunció su renuncia el ministro de Construcción, Transporte e Infraestructuras, Goran Vesic. A finales de enero, la presión popular también precipitó la caída del primer ministro serbio Miloš Vucevic.

Además, la Fiscalía serbia ha imputado a 13 personas, entre ellas un exministro, por su presunta implicación en el derrumbe. Aun así, los manifestantes consideran que no es suficiente, y demandan la publicación de todos los documentos relacionados con el incidente y el despido de los policías que agredieron a estudiantes y profesores al inicio de la oleada de protestas.

No obstante, el malestar social lleva varios años acumulándose en Serbia. Desde 2018 ha habido múltiples protestas contra el gobierno de Vucic, y el germen de las movilizaciones actuales fue el movimiento #1od5miliona (Uno entre cinco millones), que durante casi un año y medio sacó a la calle periódicamente a cientos de miles de ciudadanos que denunciaban una cada vez mayor centralización del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas del país.

En la indignación también hay un componente socioeconómico. Aunque en los últimos años ha crecido económicamente, Serbia sigue albergando una de las tasas de desempleo más altas de la región, y existe una profunda brecha entre las áreas urbanas y rurales. Los jóvenes también se encuentran con un entorno laboral precario y que no le ofrece oportunidades, por lo que muchos de ellos optan por emigrar.

Por ahora, el Gobierno serbio mantiene una estrategia de intentar vincular las protestas a la injerencia extranjera, y por eso Vucic se esfuerza en repetir consignas como "revolución importada" y acusar sin pruebas a agencias de inteligencia occidentales. 

Serbia es candidata a la adhesión a la UE desde 2012, sin embargo, ante las protestas Bruselas parece priorizar sus intereses geopolíticos en la región a apoyar un proceso de ampliación que el propio bloque concibió desde la reforma y la democratización de los potenciales nuevos países miembros.

"La Unión Europea ni está ni se la espera en estas manifestaciones, aunque sí jugó un papel importante en las de Macedonia hace diez años. Allí, Bruselas ayudó a que el país superase una crisis política e institucional muy profunda", señala Esteso. "Hoy en día la UE también tiene en su mano despejar esta incógnita, tiene afianzada su relación de interés con Vucic y su gobierno", añade. 

La batalla húngara contra "el imperio de la UE"

Exactamente la misma estrategia de culpar a agentes extranjeros es la que está llevando a cabo en Hungría el primer ministro Viktor Orbán, que la semana pasada vio cómo cientos de miles de personas se manifestaban en Budapest en contra de su gobierno. Hace tan solo unos días, el Ejecutivo húngaro anunció una reforma constitucional que degrada los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, restringe las actividades de las ONG y pretende expulsar a ciudadanos con doble nacionalidad alegando motivos de seguridad nacional.

La marcha fue impulsada por el partido opositor de centroderecha Tisza (Respeto y Libertad). El sábado 15 de marzo, además, era fiesta nacional en Hungría, y al discurso del líder de Tisza, Péter Magyar, le sucedió la aparición oficial de Orbán para conmemorar la revolución de Hungría de 1848 contra el régimen de los Habsburgo.

En su intervención, Orbán llamó "insectos" a sus opositores, prometió desmantelar "el ejército en la sombra" formado por medios de comunicación, organizaciones civiles y grupos anticorrupción que según él trabajan al servicio de potencias extranjeras, y aseguró que "el imperio de la UE intenta arrebatarle la libertad a los húngaros".

Como en el caso de Serbia, el malestar ciudadano en Hungría no solo tiene una dimensión política, y los movimientos en contra de Orbán y sus medidas tampoco son algo nuevo ni espontáneo. Orbán y su partido Fidesz (Alianza Cívica Húngara) llevan 15 años en el poder, y en este tiempo han sido frecuentes los ataques a diversas instituciones democráticas, el control mediático, la censura y unas leyes migratorias muy duras.

Algo común a todas las manifestaciones, remarca Alejandro Esteso, es que "la gente está muy indignada y desesperada". También comenta que las poblaciones de muchos de estos países "están anestesiadas, manipuladas y saturadas de información", por lo que se encuentran en una "rueda de la que es muy difícil salir debido a esa manipulación. Hay una percepción de que la élite política lleva años utilizando al país como su cortijo".

A finales de 2018 se produjo la primera gran manifestación de protesta. Entonces, varios miles de húngaros se manifestaron en contra de una reforma laboral conocida popularmente como "la ley de la esclavitud" que, entre otras cosas, aumentaba el límite legal de horas extra anuales y permitía a las empresas retrasar el pago de salarios hasta 36 meses.

Desde entonces ha habido otras movilizaciones masivas, como la que congregó a otros varios miles de personas ante la sede de la corporación de medios públicos en Budapest para denunciar la manipulación que el Gobierno lleva a cabo con los medios de comunicación del país. En estos años, Orbán ha lanzado varias leyes que limitan la libertad de prensa, como la creación de un Consejo de Medios controlado directamente por el Ejecutivo. 

En 2019, las protestas se centraron en la reforma del sistema judicial, que otorgaba más control al gobierno sobre los tribunales, y en 2021 y 2022, las marchas se enfocaron en la gestión de la pandemia y las acusaciones de que el gobierno había favorecido a empresas afines en la compra de equipos médicos.

Las políticas de Orbán también generan fricciones con la UE. El Parlamento Europeo ha señalado que Hungría ya no puede considerarse una democracia plena, y en 2022 llegó a congelar 7.500 de euros en fondos comunitarios mediante el mecanismo de condicionalidad relacionado con el estado de derecho.

Por su parte, Orbán ha acusado a la UE de intentar derrocar su gobierno y convertir a Hungría en un "estado títere". También ha comparado en varias ocasiones la presión de Bruselas con la opresión soviética durante la Guerra Fría, llamando a resistir las imposiciones externas.

Tragedia e impunidad en Grecia

Últimamente Grecia también ha sido escenario de protestas (325.000 personas según la policía) coincidiendo con el segundo aniversario del accidente ferroviario en el valle de Tempe, donde 57 personas perdieron la vida. Los manifestantes acusan al Gobierno de negligencia, falta de inversión en la modernización del ferrocarril y falta de transparencia en la investigación del siniestro, que es el peor accidente de este tipo en la historia del país.

Dos años después aún no se ha celebrado ningún juicio, y familiares de las víctimas y amplios sectores de la sociedad griega -estudiantes, trabajadores, sindicatos...- continúan exigiendo justicia y responsabilidades políticas. Las protestas comenzaron con una huelga general de 24 horas que fue secundada de forma masiva, y las marchas siempre han tenido un carácter pacífico. Sin embargo, en ciudades como Atenas o Salónica la policía llegó a utilizar cañones de agua y gases lacrimógenos para disuadir a los participantes, lo que ha agravado las tensiones.

El Gobierno del primer ministro conservador Kyriákos Mitsotákis ha prometido reformas en el sistema ferroviario, pero muchos ciudadanos las consideran insuficientes mientras crece la percepción de impunidad hacia los altos funcionarios. La oposición está intentando capitalizar el descontento social criticando la falta de transparencia en la investigación del accidente, y ya ha presentado sin éxito varias mociones de censura en el parlamento. 

Paralelamente, el Ejecutivo ha lanzado una campaña de desinformación que busca desviar la atención del accidente. Algunos medios han intentado presentar las protestas como movimientos antiinmigrantes, una narrativa que carece de fundamento y que forma parte de una estrategia para desacreditar las demandas de justicia de las familias afectadas. El accidente ha puesto de relieve la mala gestión de los fondos recibidos desde la Unión Europea para la modernización de infraestructuras en Grecia.

Marchas contra la corrupción y la oligarquía en Bulgaria

En Bulgaria, las protestas contra la oligarquía y la corrupción llevan movilizando a decenas de miles de personas durante las últimas semanas. Las consignas apuntan a un deterioro de la política del país desde hace 15 años, y se dirigen contra el diputado y líder del partido Nuevo Comienzo, Delyan Peevski, que ha sido sancionado por corrupción y es percibido como una influencia muy negativa en la política y las instituciones búlgaras. 

La primera gran marcha tuvo lugar a mediados de marzo, cuando la multitud se reunió frente al Palacio de Justicia de la capital, Sofía, en repulsa por el fraude destapado en las elecciones generales búlgaras de octubre de 2024. El Tribunal Constitucional del país aseguró que se habían encontrado "irregularidades generalizadas" en el proceso electoral.

Desde entonces, hay una pugna política entre Tribunal, Comité Electoral Central y Fiscalía que está alimentando el malestar de gran parte de la ciudadanía. Los comicios de octubre fueron los terceros en tan solo seis años, y no han logrado resolver el estancamiento político en el que se encuentra Bulgaria, ya que en esta ocasión los partidos más votados también han tenido dificultades para formar un gobierno estable.

Actualmente al frente del Ejecutivo está una coalición de partidos recién creada donde el socio principal es GERB (centroderecha europeísta). Por su parte, el nacionalista Grandeza también exige una investigación del resultado electoral, ya que tan solo se quedó a 21 papeletas de tener representación en el Parlamento.

Similar a lo que está sucediendo en las vecinas Serbia y Grecia, ha sido una tragedia lo que ha desencadenado protestas en Macedonia del Norte. Allí, el incendio en una discoteca le costó la vida a 59 personas (la mayoría jóvenes y adolescentes) hace apenas unos días.

El incidente tuvo lugar en la ciudad de Kocani, y sobre él también planea la sombra de prácticas corruptas entre el dueño y la Administración. Según ha declarado el primer ministro macedonio, Hristijan Mickoski, la discoteca operaba ilegalmente con una licencia obtenida a cambio de un soborno. Además, el exalcalde de Kocani ya se negó a concederle el permiso al local por no cumplir con los estándares mínimos de seguridad.

Este fin de semana varios miles de personas se han manifestado en la capital, Skopje, exigiendo justicia y presionando al Gobierno para que actúe contra la corrupción en el país.

Rumanía, la libertad y la impugnación de elecciones

Rumanía es otro de los países balcánicos donde han surgido protestas ciudadanas durante las últimas semanas, aunque en este caso la gran protagonista es la polarización política. El pasado mes de noviembre, el Tribunal Constitucional del país anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales donde se impuso el candidato independiente Calin Georgescu, al encontrar sospechas de fraude en la financiación de su campaña electoral e injerencia rusa a través de las redes sociales.

La decisión desencadenó manifestaciones en Bucarest, donde seguidores de Georgescu se enfrentaron a la policía. Los manifestantes también lanzaron adoquines y huevos contra la sede de la Oficina Electoral Central y quemaron mobiliario urbano. Rusia ha expresado públicamente su apoyo a Georgescu, que tampoco podrá participar en los comicios de mayo, calificando su exclusión como una violación de las normas democráticas y advirtiendo sobre la ilegalidad de las elecciones sin su participación.

En respuesta, ha habido una serie de movilizaciones a favor de Elena Lasconi, la candidata proeuropea y favorita de Bruselas. La última de estas manifestaciones tuvo lugar este fin de semana, donde unas 10.000 personas se congregaron en la Plaza de la Victoria de la capital. Uno de los primeros precedentes se remonta a diciembre de 2024, unos días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando los manifestantes acudieron en masa a la Plaza de la Universidad de Bucarest para protestar contra la extrema derecha y en defensa de la democracia y los vínculos de Rumanía con la Unión Europea. 

Los rumanos acudirán de nuevo a las urnas los próximos 4 y 18 de mayo, ya sin Georgescu, que lideraba las encuestas. Esto refleja que para una parte importante de la sociedad rumana el discurso anti OTAN, las críticas a la UE y la agenda nacionalista son argumentos atractivos, mientras que otra gran parte de la ciudadanía mira hacia Europa asociándola con la idea de progreso económico, estabilidad política, desarrollo y modernización.

*Periodista por la Universidad Complutense de Madrid especializado en temas sobre migraciones, derechos humanos y Balcanes occidentales.

Imagen: primer ministro de HUngría, Viktor Orban/archivo/Xinhua