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22.04.2025

OTHER NEWS (Por Ociel Alí López* – Jacobin América Latina) – La victoria de Daniel Noboa en las elecciones de Ecuador refleja la renovada influencia del trumpismo en América Latina, donde una derecha autoritaria se aprovecha de la inseguridad para consolidar su poder.

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció el domingo los resultados de la segunda vuelta electoral para el período presidencial 2025-2029. El actual presidente, Daniel Noboa, resultó victorioso con el 55% de los votos, mientras que su oponente, Luisa González, quedó rezagada con el 44% de los sufragios. González declaró inmediatamente que se había producido un fraude electoral, alegando una serie de irregularidades, entre ellas la declaración por Noboa de un «estado de excepción» en siete provincias estratégicas dos días antes de las elecciones. Ahora el mundo se pregunta: ¿Qué escenarios se vislumbran en Ecuador ante la creciente polarización política del país?

Hace dos semanas, durante la recta final de la campaña para la segunda vuelta, el presidente estadounidense Donald Trump recibió en privado a Noboa en Mar-a-Lago. Aunque los detalles de esa reunión no se hicieron públicos, Noboa parece haber recibido «luz verde» para acelerar la deriva autoritaria del país. Luego de esta reunión, una serie de acciones del gobierno de Noboa evidenciaron este giro. Aunque Trump no llegó a respaldar explícitamente a Noboa, la misteriosa reunión simbolizó la adopción por parte de Noboa del «Trump Way»: un estilo «populista de derecha» que se basa en el chantaje como herramienta central. Noboa salió de la reunión prometiendo que Estados Unidos excluiría a los ecuatorianos de las listas de deportación masiva -algo que Washington nunca confirmó-, una cuestión crítica para un país en el que un porcentaje significativo de la población recibe remesas del extranjero, especialmente de los Estados Unidos.

La amenaza de deportaciones masivas se instrumentalizó para influir en el voto. Noboa explotó el miedo a que los emigrantes ecuatorianos acabaran en centros de detención como Guantánamo o en prisiones de El Salvador, poniendo así en peligro el crucial flujo de remesas. Este chantaje, aunque sutil, tocó una fibra sensible: Ecuador fue productor de emigrantes durante décadas, con Estados Unidos como el destino más buscado.

En la primera vuelta del 9 de febrero, Noboa se vio sorprendido por un «empate técnico» con González, la candidata del partido Revolución Ciudadana (RC). En las semanas siguientes, González obtuvo un respaldo sin precedentes por parte del movimiento indígena Pachakutik, que había logrado el 5% de los votos en la primera vuelta y que históricamente se enfrentó a RC. Ante la creciente presión, Noboa necesitaba dar un giro a la campaña. Para ello, tenía que poner más «carne en el asador», lo que significaba ofrecer respuestas espectaculares a la principal preocupación de los ecuatorianos: la violencia criminal.

Tras obtener menos votos que González en la primera vuelta, lo primero que hizo Noboa fue contratar a Erik Prince, fundador de la polémica empresa de mercenarios Blackwater. Prince, que llegó a Ecuador a principios de abril, interfirió directamente en la campaña electoral, desatando una ofensiva mediática contra González.

Luego, dos días antes de la segunda vuelta del domingo, Noboa decretó un «estado de excepción» de sesenta días en siete de las veinticuatro provincias del país, así como en el distrito metropolitano de Quito. Todos estos territorios son estratégicos en el terreno electoral, incluidos los distritos que apoyan a RC. El decreto le otorgó mayores poderes a los militares, suspendió el derecho de libre reunión y autorizó allanamientos sin orden judicial. Además, Noboa retiró el dispositivo de seguridad pública de González un día antes de la segunda vuelta electoral, una medida ampliamente interpretada como una táctica de intimidación política en un país en el que viene aumentando la violencia contra figuras políticas. En 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado apenas dos semanas antes de las elecciones, lo mismo que decenas de alcaldes y congresistas a lo largo de los últimos cinco años.

Un proyecto conservador con ambiciones a largo plazo

Hijo del hombre más rico de Ecuador, Noboa fue inesperadamente elegido por sectores conservadores en la primera vuelta de las elecciones de 2023, después de que el ex presidente Guillermo Lasso abriera el escenario de las elecciones anticipadas a través de un mecanismo constitucional llamado muerte cruzada. Ahora Noboa se posicionó para seguir en el cargo hasta 2033 si es capaz de asegurar su reelección en 2029.

Noboa representa una oportunidad de estabilidad para una derecha que, hasta ahora, no logró consolidar su posición. Ello tras los efímeros gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021), que rompió con el partido del ex presidente Rafael Correa pero gobernó débilmente, y de Lasso (2021-2023), que se vio obligado a convocar elecciones anticipadas tras una serie de protestas y amenazas de destitución. Noboa completa ahora el mandato inconcluso de Lasso. Según un fallo constitucional de 2010, cuando un jefe de Estado completa el mandato de su predecesor tras la aplicación de una muerte cruzada, ese período no cuenta para los límites constitucionales del mandato. Eso significa que Noboa podrá ser reelegido en 2029.

Para ello, Noboa está cortejando el apoyo de Washington, ofreciendo dos bases militares estratégicamente ubicadas: en Manta y en las Islas Galápagos. La propuesta de reabrir la base de Manta reaviva una antigua disputa entre Estados Unidos y el Gobierno de Correa, que expulsó a los militares estadounidenses de la zona en 2009. Mientras tanto, las islas Galápagos, situadas mar adentro en el océano Pacífico, se encuentran cerca de la ruta comercial China-Perú, impulsada por el megapuerto chino de Chancay, al norte de Lima, inaugurado por el presidente chino, Xi Jinping, en noviembre de 2024.

En medio de un clima de violencia generalizada, y con el pretexto de combatir a las bandas de narcotraficantes -que convirtieron a Ecuador, un país que se había mantenido relativamente inmune a los estragos del narcotráfico, a diferencia de sus vecinos Colombia y Perú, en un escenario de violencia sin precedentes-, Noboa impulsa medidas excepcionales que también buscan neutralizar a sus rivales políticos. Basta recordar la incursión del gobierno de Noboa en la embajada de México en Quito en 2024 para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glass, lo que desencadenó una ruptura diplomática con México que sigue sin resolverse. Noboa difumina estratégicamente la línea entre la lucha contra el narcotráfico y el ataque a sus oponentes políticos, una táctica que ahora que se anunciaron los resultados oficiales podrá aplicar con mayor vigor. Dada la negativa del partido RC a reconocer los resultados, parece probable una mayor escalada del conflicto político.

RC rechaza los resultados

El lunes, González denunció fraude, se negó a reconocer el resultado, pidió un recuento y llamó «dictador» al presidente. RC es el partido mayoritario en la Asamblea Nacional y tiene un número significativo de gobernaciones (nueve de veintitrés) y de alcaldías (50 de 221). El mayor reto de González ahora es mantener al partido, ya que varios dirigentes del RC que la reconocen como su candidata optaron por aceptar los resultados.

De cara a la votación, González estableció una alianza sin precedentes con un viejo adversario: el poderoso movimiento indígena, una fuerza política cuyas movilizaciones masivas derrocaron gobiernos en el pasado (como el de Jamil Mahuad en 2000 y el de Lucio Gutiérrez en 2005) y llevaron a otros, como el de Lenín Moreno (2017-2021), al borde del colapso. En octubre de 2019, Moreno se vio obligado a trasladar la sede del Gobierno en medio de masivas protestas. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Lasso, que finalmente convocó a elecciones anticipadas por condiciones de ingobernabilidad.

Para la derecha ecuatoriana, estos episodios representaron intentos fallidos de consolidar un gobierno a largo plazo. Ahora esperan de Noboa un proyecto conservador duradero, capaz de resistir las inevitables olas de protesta que surgirán de los sectores progresistas en respuesta a su agenda neoliberal y represiva. Los movimientos sociales -especialmente la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE)- denunciaron en un comunicado difundido el miércoles los planes de Noboa para un duro ajuste económico y la expansión de proyectos mineros a gran escala.

Esta coalición entre correísmo y el movimiento indígena podría desencadenar una crisis política de grandes proporciones si decide desafiar abiertamente al gobierno, como anticipó González desde la noche de la segunda vuelta. Todo esto apunta a un nuevo y volátil capítulo en la política ecuatoriana, justo cuando Noboa busca imponer medidas económicas y geopolíticas ya impugnadas, incluyendo la construcción de bases militares extranjeras, la ampliación de concesiones mineras y asociaciones con empresas mercenarias.

¿Qué sigue en Ecuador?

El resultado del domingo afianza el proyecto conservador y autoritario de Noboa, ofreciéndole a la derecha una rara oportunidad de estabilidad tras décadas de lucha por mantener el poder más allá de mandatos aislados y plagados de crisis.

Independientemente de si las acusaciones de fraude ganan tracción, lo que está claro es que Ecuador se ha convertido en la primera ficha de dominó que cae en la región bajo la renovada influencia del trumpismo en América Latina. El regreso de Trump a la Casa Blanca logró envalentonar las tácticas represivas y legitimar el chantaje político, y es probable que afecte a las próximas elecciones en toda la región.

Ecuador se perfila ahora como un laboratorio regional de acercamiento al estilo político de Trump: la política del espectáculo (ejemplificada en el referéndum de «mano dura» de mayo de 2024) y las alianzas con actores controvertidos como Erik Prince. Aunque no hay pruebas de fraude masivo, los resultados electorales revelan cómo el trumpismo puede influir en los procesos democráticos.

Según sus promesas de campaña, el siguiente paso de Noboa será probablemente reformar la Constitución de 2008, redactada durante el gobierno de Correa, lo que seguramente provocará enfrentamientos. El presidente ya articuló planes para autorizar bases militares extranjeras en el país -expresamente prohibidas por la Constitución actual- y endurecer las penas criminales.

Pero la resistencia ya se está aglutinando. A finales de marzo, RC y la CONAIE declararon su oposición a cambios constitucionales que «restrinjan los derechos de la naturaleza o vulneren las conquistas sociales de los pueblos indígenas, negros, cholos y montubios». Los movimientos temen que se erradique el carácter plurinacional e intercultural de la actual Constitución.

La cuestión que se plantea es si estas fuerzas chocarán violentamente o forzarán una tensa coexistencia. Mientras tanto, Ecuador navega por aguas turbulentas: entre la sombra de un nuevo autoritarismo y la memoria de su poderoso movimiento social.

*Ociel Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ganó la beca internacional Clacso/Asdi para jóvenes investigadores (2004) y el Premio Municipal de Literatura de Caracas en 2015.

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