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19.08.2022

MONTEVIDEO (Uypress) - La presentación por parte del gobierno de un borrador de propuesta de Reforma del Sistema de Seguridad Social ha abierto un intenso proceso de discusión pública sobre uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social de Uruguay. El Dr. Gonzalo Zunino*, Director de CINVE y Coordinador del Observatorio de Seguridad Social de la institución, analiza el tema en profundidad.

Las razones que motivan la necesidad de una reforma y los objetivos que deberían ser priorizados durante el próximo proceso de consideración del proyecto en el Parlamento son temas ciertamente complejos, que se vinculan de forma directa a la vida de la mayoría de los uruguayos.

Cuando se habla de reforma de la seguridad social, ¿a qué instituciones se refiere?

El actual proceso de reforma, considera únicamente al sistema de pensiones que cubre los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, identificados habitualmente como riesgos IVS. Las prestaciones del sistema, cuyo objetivo es atender estos riesgos, son las jubilaciones (comunes, por invalidez, por edad avanzada), pensiones no contributivas, pensiones de sobrevivencia, y subsidios transitorios por incapacidad parcial. 

El sistema encargado de brindar estas prestaciones en nuestro país está integrado por un bloque principal que nuclea a la mayoría de los trabajadores cotizantes y pasivos, así como por subsistemas paralelos (más pequeños) que nuclean a diversos sectores de actividad. La conformación del primer bloque está dada por el BPS, las Administradoras de Ahorro de Fondos Previsionales (AFAP's) y las compañías aseguradoras, mientras que los subsistemas secundarios son la Caja Notarial, Caja Bancaria, Caja de Profesionales Universitarios, y los servicios de retiros militar y policial.

De esta forma, quedan por fuera del proceso actual de reforma otro conjunto de instrumentos que, junto con las prestaciones anteriores, son parte de la red de protección social del Estado. Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, el seguro por desempleo, la asistencia de la salud, prestaciones en caso de pobreza o indigencia, asignaciones familiares, entre otros.

¿Cuantas personas están involucradas en esa reforma, o deberían estarlo?

El proyecto abarcaría a la totalidad del sistema, es decir, no solo a los trabajadores de BPS sino también de las tres cajas paraestatales y los servicios de retiro policial y militar. Son casi 1.250.000 cotizantes de todos los subsistemas, de los cuales, aproximadamente el 85% tienen menos de 55 años y, por lo tanto, estarían dentro del conjunto de la población que sufriría algún tipo de modificaciones en su régimen jubilatorio.  

¿Cuál es la trayectoria de la actual ley de Previsión Social y sus antecedentes fracasados?

El bloque principal del sistema actual se estructura, principalmente, a partir de la Ley No. 16.713 del 3 de noviembre de 1995, la cual entró en vigencia a partir de abril de 1996. A partir de este momento, el bloque principal del sistema de seguridad social en Uruguay se caracteriza como un sistema mixto, que incluye un pilar de reparto y uno de capitalización individual.

Esta ley, que fue aprobada durante el segundo gobierno de Sanguinetti, tiene como antecedente una discusión prolongada en el período anterior (1990-94) donde existieron diversos proyectos de reforma que no lograron concretarse, incluyendo la derogación de uno de ellos, a través de un recurso de referéndum. No obstante, este proceso previo de discusión determinó que la seguridad social se posicionara como un tema importante en la agenda pública, con un relativo consenso en torno a la necesidad de realizar ajustes y transformaciones estructurales, similar a lo que está ocurriendo en este momento.

Desde la reforma del 96, el sistema mixto ha perdurado y solamente se han introducido algunos cambios paramétricos. Dentro de estos, destaca la reforma del 2008, que constituye la última adecuación significativa del bloque principal. En dicha instancia, sin modificar el funcionamiento del régimen mixto, se introdujeron algunas flexibilizaciones de acceso a las jubilaciones, además de una disminución general de los años de aportes requeridos, ante un diagnóstico que anticipaba problemas de cobertura, en caso de mantenerse los parámetros establecidos originalmente.

¿Cuáles fueron las principales diferencias entre el proyecto del gobierno Lacalle y el de 1996 del gobierno Sanguinetti?

Los proyectos que se discutieron en el período 90-94, incluyendo la ley revocada por referéndum, no eran en su estructura muy diferentes al proyecto finalmente aprobado en noviembre de 1995. Ninguno de los proyectos previos llegó a proponer un modelo de capitalización puro, del estilo chileno, a pesar de ser un tipo de modelo que a nivel regional tenía creciente popularidad, contaba con el apoyo de organismos internacionales y podría decirse que estaba en línea con otras reformas que venía impulsando el Gobierno de Lacalle.

¿Quiénes votaron la ley de 1996?

La reforma de 1996 fue apoyada por los representantes de la coalición oficialista en ese momento (Partido Nacional y Partido Colorado), a lo que se sumaron los votos del Nuevo Espacio. La reforma tuvo la oposición en el parlamento del Frente Amplio/Encuentro Progresista.

¿En la actualidad cuales son los principales problemas que debe resolver esta reforma?

En primer lugar, la reforma debería contener la tendencia creciente del gasto en pensiones, de modo de permitir un mejor balance del Gasto Público Social, el cual, ya en el presente, evidencia un sesgo demasiado marcado hacia la población pasiva, siendo mucho más limitada la asignación de recursos a otros objetivos como pueden ser la protección a la infancia, sistema de cuidados etc.

Uruguay está ingresando de pleno en el período de envejecimiento poblacional, caracterizado por el crecimiento de la población dependiente respecto a la población activa. El envejecimiento poblacional determina qué, a falta de un proceso de reforma, el gasto del sistema de seguridad social adopte una trayectoria creciente, que podría derivar en un problema serio de sostenibilidad financiera, con las evidentes consecuencias que esto tendría para las finanzas públicas. Las estimaciones disponibles indican una trayectoria incremental del Gasto en Jubilaciones y Pensiones, cuyo financiamiento se tornaría, particularmente, dificultoso en el transcurso de las próximas décadas. Moderar estas presiones y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema es, sin dudas, el primer gran objetivo de la reforma.

En segundo lugar, es importante tener un mayor control y generar una mejor focalización de las transferencias implícitas en las pasividades para evitar problemas de inequidades intrageneracionales que están actualmente presentes en el sistema. En un trabajo reciente que realizamos desde el Observatorio de Seguridad Social de CINVE, analizamos la distribución de transferencias implícitas en las jubilaciones en Uruguay, encontrando resultados que reflejan un diseño inadecuado.

A modo de ejemplo, en el caso de BPS los subsidios implícitos presentaban un patrón claramente irregular, siendo máximos en el quinto decil en el caso de los hombres y en el octavo en el caso de las mujeres. Los cambios a realizar deberían permitir focalizar con mayor énfasis las transferencias del sistema en los individuos de mayor vulnerabilidad, generando un patrón de subsidios decrecientes según el nivel de ingresos de las personas. La mejor focalización de las transferencias de seguridad social, es el camino indicado para lograr contener el crecimiento del gasto en pensiones minimizando los impactos sobre la exitosa protección social que hoy disfrutan los adultos mayores en Uruguay.

Vinculado al punto anterior, un objetivo importante de la reforma debe consistir en reducir las desigualdades que existen en el tratamiento del régimen jubilatorio a los diferentes individuos según el sector de actividad o subsistema que los cubra. Es necesario revisar los regímenes excepcionales y corregir situaciones que hoy implican un trato favorable para ciertos colectivos de forma injustificada.

Finalmente, un punto adicional importante consiste en fortalecer la regulación del sistema. La relativamente débil regulación existente en la actualidad sobre el sistema es algo que llama la atención atendiendo al volumen del gasto involucrado.

¿Se pueden afectar derechos vigentes o los cambios solo pueden ser para el futuro?

Lo que se plantea el anteproyecto que el Poder Ejecutivo divulgó en los últimos días entre los partidos de la coalición oficialista y el Frente Amplio, implica la modificación de las condiciones jubilatorias a futuro, para las personas nacidas a partir de 1967, sin afectar a quienes ya están jubilados o muy próximos a jubilarse.

Esto, sin embargo, no necesariamente tendría por qué ser así. En reformas recientes de algunos subsistemas como la Caja Bancaria y la Caja Notarial de seguridad social, se han implementado contribuciones de los pasivos para lograr la sostenibilidad financiera de los sistemas y no descartaría que la solución para la Caja de Profesionales Universitarios incluya, también, algún tipo de contribución por parte de los pasivos.

La contribución de los pasivos a la solución financiera del sistema en muchos casos tiene un claro sentido de justicia intergeneracional. Si el desbalance financiero se generó por un tratamiento actuarialmente favorable otorgado a las generaciones que hoy son pasivos, tiene sentido que estas generaciones, también, contribuyan para solucionar el problema.

¿Hay temas especialmente sensibles en esta reforma, o que necesariamente deberán atenderse?

Como comentaba previamente, es necesario garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Esto implica moderar el gasto, o incrementar los ingresos. La moderación del gasto se logra reduciendo en promedio la generosidad de las prestaciones del sistema o posponiendo en promedio la edad de retiro, de forma de reducir el período durante el cual se pagan las prestaciones. Obviamente, esto constituye una medida sensible para la población, porque Uruguay sigue siendo un país de renta media, donde las pasividades, si bien en términos relativos al resto de los ingresos pueden no ser reducidas, en términos absolutos podemos estar hablando de montos que no son elevados. La opción de incrementar los ingresos públicos también es un tema sensible, puesto que implica una mayor carga tributaria, tema muy discutido y que siempre genera resistencia en los sectores potencialmente afectados, pero, también, a nivel del conjunto de la sociedad que suele ser reticente a aceptar una mayor carga impositiva.

Decíamos que, además, se requiere solucionar problemas de inequidades intrageneracionales que hoy están presentes en el sistema. Abordar estos problemas implica reducir beneficios a grupos que hoy reciben un tratamiento favorable. El tema del servicio de retiros militar es, particularmente, relevante para la viabilidad política de la reforma. Difícilmente, la sociedad esté dispuesta a aceptar un ajuste paramétrico para el régimen general si los colectivos que al día de hoy tienen un tratamiento más favorable no son afectados. Revisar todo el sistema de regímenes especiales y bonificaciones existentes en el sistema también es un tema que es necesario abordar y que lamentablemente queda prácticamente omitido en el actual anteproyecto.

¿Se necesitan mayorías especiales para aprobar la nueva ley?

No se necesitan mayorías especiales para la aprobación de este tipo de ley, por lo que la actual coalición oficialista, si logra un acuerdo interno, podría llevar adelante la reforma, sin necesidad de contar con votos del Frente Amplio.

No obstante, dado que este tipo de reformas están diseñadas para su aplicación en plazos largos, que superan ampliamente un período de gobierno, sería deseable la existencia de acuerdos que incluyan a la oposición política, así como a los principales actores sociales involucrados.

A día de hoy no parece sencillo que ocurra un escenario de consenso. Existen legítimas diferencias entre los diferentes sectores políticos respecto a sus preferencias por el tamaño y financiamiento del Estado de Bienestar, del cual el sistema de seguridad social es un componente central. El informe de recomendaciones de la Comisión de Expertos de Seguridad Social fue aprobado por todos los representantes del oficialismo, pero no contó con la aprobación de los representantes del Frente Amplio, ni tampoco de las representaciones de los jubilados y de los trabajadores. Luego de esto no parecen haber existido nuevos acercamientos, por lo que difícilmente un proyecto de ley basado en un informe de recomendaciones que no fue capaz de generar consenso en esa instancia, lo haga ahora.

Adicionalmente, el hecho de que el anteproyecto presentado no cuente con el respaldo explícito de toda la coalición oficialista dificulta la negociación con la oposición y resto de grupos involucrados (jubilados, trabajadores, colectivos cubiertos por los subsistemas, etc.).

Negociar siempre implica ceder en materia de lo que serían las preferencias de cada una de las partes, y para tener claro cuánto uno está dispuesto a ceder, es importante conocer cuánto cedieron todos los demás involucrados. En este sentido, es difícil saber hasta dónde ceder si existen muchas negociaciones paralelas, dentro de la coalición oficialista, con la oposición, con grupos de presión etc. La existencia de un proyecto con respaldo de toda la coalición de gobierno, y por lo tanto factible de ser aprobado, facilitaría de forma importante el proceso de negociación de cara a la aprobación final de una reforma.

¿Cuándo se sentirían los efectos de los cambios?

Podemos diferenciar lo que son los efectos a nivel individual de los efectos macroeconómicos.

A nivel individual, los efectos comenzaran impactar de forma progresiva desde el momento que comience a estar vigente la transición, que según lo que se ha dado a conocer ocurriría, a partir del año 2027. A partir de este momento, quienes configuren causal jubilatorio irán progresivamente incorporando los nuevos parámetros para el cálculo de las prestaciones. Adicionalmente, las generaciones nacidas después de 1967 serán afectadas por el incremento de la edad mínima de retiro a razón de un año adicional de edad por año calendario, hasta alcanzar la edad mínima de 65 años.

A nivel de las finanzas del sistema, los impactos comienzan a observarse de forma significativa más tarde, una vez que comiencen a acumularse varias generaciones cuyas pasividades se encuentren determinadas por las nuevas reglas. Esto probablemente requiera de al menos unos 15 o más años de vigencia de la reforma.  

¿Cuánto le cuesta al Estado en su conjunto el actual sistema y los déficits del BPS y de otras cajas?

El financiamiento de todo el sistema de pensiones involucra, aproximadamente, un gasto público del orden de 10 puntos del PIB. Las proyecciones realizadas por los equipos técnicos que apoyaron el trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social sugieren que, en la segunda mitad del siglo, el gasto se incrementaría hasta casi el 13% del PIB, generando de esta forma, en ausencia de reforma, la necesidad de incrementar el esfuerzo de financiamiento en 3 puntos porcentuales del PIB, esfuerzo que representa algo más del 10% de la totalidad de los ingresos actuales del sector público.

¿Cuánto sería una cifra sostenible del déficit del sistema?

Pensar en términos de déficit en cuestiones de seguridad social no es lo más correcto, sobre todo porque el déficit que se menciona habitualmente suele estar asociado a la asistencia financiera que se realiza al sistema, la cual se computa luego de considerar fuentes de financiamiento que no tienen que ver con contribuciones a la seguridad social, cómo es el caso de los impuestos afectados al BPS o de tasas de aporte patronales atípicamente elevadas como en el caso de los servicios de retiro militar y policial, por ejemplo. En este sentido, el déficit del sistema podría reducirse de forma artificial simplemente asignando por ley impuestos adicionales cuyo destino fuera el financiamiento de la seguridad social o incrementando aún más los aportes patronales en empleados públicos. En este caso, uno vería reducirse o incluso eliminarse el "déficit" contable, pero el esfuerzo presupuestal de financiamiento de la seguridad social no cambiaría en absoluto.

Debido a esto, lo importante es analizar la trayectoria del gasto en seguridad social, es decir, que tantos recursos la sociedad debe destinar a este propósito más allá de la fuente de financiamiento utilizada. En este sentido, una trayectoria creciente del gasto en términos del PIB representaría un problema de insostenibilidad porque, más tarde o más temprano, implicará la necesidad de incrementar la presión tributaria o desplazar otros gastos. Eso es justamente lo que se proyecta actualmente, es decir, a día de hoy no estaría completamente resuelto el problema de cómo financiar las prestaciones a futuro siendo necesario realizar correcciones en la trayectoria del gasto o de los ingresos para asegurar la sostenibilidad del sistema.

¿La reforma propuesta solucionaría el problema de sostenibilidad? ¿De qué manera lo hace?

Según las estimaciones que han presentado los impulsores de la reforma, el proyecto permitiría garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Cabe señalar que el anteproyecto divulgado no incorpora innovaciones desde el punto de vista del financiamiento, por lo que la sostenibilidad se recupera, exclusivamente, a partir de ajustes en la trayectoria esperada del gasto.

Recuperar la sostenibilidad financiera del sistema por el lado del gasto requeriría estabilizar la trayectoria del mismo en términos del PIB, de modo de mantener constante el esfuerzo actual de financiamiento. Según las proyecciones divulgadas, el anteproyecto se plantea objetivos más ambiciosos en términos de reducción del gasto, puesto que se espera lograr una reducción del gasto en seguridad social a largo plazo, del orden de un punto porcentual del PIB.

Aquí es donde claramente entran a jugar matices asociados a preferencias sobre el tamaño del Estado de Bienestar que la sociedad desea y está dispuesta a financiar y, adicionalmente, sobre qué hacer con el espacio fiscal generado. ¿El objetivo de bajar el costo en términos del PIB de la seguridad social es contar con recursos para contemplar otros objetivos? ¿Cuáles? ¿O el objetivo es reducir el costo del Estado de Bienestar para contar con un margen que permita reducir la presión tributaria, vía IASS o IRPF?

Desde mi punto de vista podría ser deseable esta moderación del gasto en seguridad social si la contrapartida fuera fortalecer otras áreas de la red de protección social del estado, buscando un mejor balance intergeneracional del gasto público social, considerando el grave problema de infantilización de la pobreza que se registra en Uruguay. Por el contrario, creo que sería un error importante apostar a una reducción del gasto en seguridad social, si el objetivo final es generar margen para reducir la carga tributaria.

Desde el punto de vista técnico no debería haber dudas sobre que el sistema de seguridad social debe contar un financiamiento que asegure su sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, cuál es el nivel de gasto a financiar es una discusión que involucra preferencias, que en la sociedad son diversas, lo que complejiza que se generen consensos. El hecho de que el anteproyecto concentre todo el ajuste por el lado del gasto, sin discutir innovaciones en el lado de los ingresos también es un punto débil de la propuesta, sobre todo cuando la existencia actual de exoneraciones y regímenes excepcionales generan perforaciones en materia de ingresos que deberían ser revisadas. 

En el anteproyecto presentado, ¿cuáles serían a su entender los cambios que merecen valoraciones positivas y cuáles le parece que no van en la dirección correcta?

El proyecto se presentó recientemente, por lo que todavía es necesario estudiarlo mejor antes de emitir juicios definitivos. No disponemos aún de estudios rigurosos que nos permitan conocer de forma adecuada los impactos de la propuesta en materia de cobertura, suficiencia de las prestaciones o efectos distributivos. En el marco del Observatorio de Seguridad Social de CINVE estamos trabajando en esa línea y esperamos disponer en la brevedad de trabajos que vayan clarificando cuales serían los impactos esperados asociados a las modificaciones propuestas.

Ahora bien, a modo de avance, cabe señalar que la reforma propuesta pone el acento en la sostenibilidad financiera del sistema Se incluyen, también, modificaciones tendientes a mejorar la focalización de las transferencias implícitas en las prestaciones, que tienden a solucionar temas de desigualdades intrageneracionales actualmente existentes. Todos estos son objetivos son compartible y, en mayor o menor medida, encontramos en el proyecto propuestas que tienden a contemplarlos. De igual forma, es cierto que quedan varios problemas pendientes, que no han sido incorporados en el anteproyecto.

Si bien comparto la preocupación por la sostenibilidad financiera, creo que no está planteado de forma clara cuál es el objetivo final de la reforma en cuanto a la magnitud de gasto que se busca como equilibrio de largo plazo, esto es, cual es el tamaño del sistema que se pretende alcanzar. Cabe precisar, por otra parte, que no tenemos una evaluación precisa acerca de los impactos esperados de la propuesta de reforma en términos de cobertura, suficiencia de las prestaciones o efectos distributivos de los ajustes paramétricos sugeridos para el nuevo cómputo de jubilaciones. Es importante garantizar la sostenibilidad financiera afectando en la menor medida posible las fortalezas actuales del sistema en estos aspectos.Entre los aspectos positivos a destacar mencionaría, además, que la propuesta de reforma incluye en el cálculo de las jubilaciones un nuevo elemento denominado suplemento solidario, que se calcula en función de los aportes realizados por los beneficiarios de esta prestación. Creo que el diseño propuesto es interesante y que permite una mejor focalización de los subsidios otorgados a través de este tipo de prestaciones. Por el lado negativo creo que la omisión total de discusión en lo que se refiere a la parte de los ingresos del sistema es un debe significativo del proyecto.

Veo, también, como positivo que se promueva la existencia de un ente regulador del sistema, aunque aún tengo pendiente profundizar el análisis sobre el diseño institucional que se otorgará a esta entidad.

Un aspecto adicional a destacar es que la propuesta propone una transición larga, lo que demuestra que el problema estaría siendo abordado a tiempo, más allá de algunos planteos más sensacionalistas que se manifestaron en los últimos años que daban a entender que estábamos ante una bomba a punto de estallar.

Otro tema a mencionar es que la reforma busca generar un proceso de convergencia entre subsistemas, apuntando a reducir o eliminar los diferentes tratamientos que coexisten en la actualidad. La idea de convergencia podría sugerir la eliminación completa de las inequidades existentes en el sistema, en la medida en que aparentemente todos los contribuyentes pasarían a estar contemplados por el mismo régimen jubilatorio. Sin embargo, la convergencia propuesta dista mucho de ser completa.

A modo de ejemplo, en los subsistemas militar y policial se mantienen los causales de retiro obligatorio tempranos (si bien tienen un corrimiento en las edades equivalente al propuesto para el régimen general), los cuales constituyen uno de los principales factores que torna a esos sistemas más generosos en  términos actuariales. Por otro lado, persisten las formas de tributación asociadas a trabajadores independientes basadas en fictos, las que presentan un tratamiento actuarial con significativas diferencias respecto a los regímenes de aportación por ingresos reales, y se mantienen regímenes excepcionales, como el de la denominada Caja Rural, donde el sistema termina implicando que los aportes patronales sobre los salarios son significativamente más bajos que en régimen general, entre otros problemas que quedan pendientes. Entonces, si bien la reforma avanza para disminuir algunas inequidades, queda un amplio margen de acción para resolver los problemas existentes en esta materia.

Para profundizar sobre algunos de estos temas recomiendo una nota reciente de Gustavo Viñales del laboratorio fiscal y tributario de CINVE, que discute justamente lo que la reforma no propone o queda pendiente.

¿Qué opinión le merece la propuesta de incrementar la edad de retiro?

La idea de postergar la edad de retiro, es comprensible, pero entiendo que no están adecuadamente calibrados los efectos asociados a la medida en varias dimensiones relevantes. La experiencia internacional ha mostrado que el aumento de la edad de jubilación podría resultar en una presión creciente sobre hacia otros pilares del sistema de protección social (por ejemplo, prestaciones de desempleo, pensiones de invalidez o ingreso mínimo garantizado), disminuyendo el impacto esperado sobre las finanzas del sistema y aumentando a su vez el riesgo de pobreza para los adultos mayores.

Aun considerando estos riesgos, creo que modificar la edad de mínima de retiro supone menos riesgos que una opción alternativa que podría haber sido modificar la cantidad de años requeridos para alcanzar el causal jubilatorio. Las carreras laborales con importantes interrupciones son muy frecuentes en los trabajadores uruguayos, por lo que retornar, por ejemplo, a la exigencia de 35 años de aportes, como estaba establecido previo a la reforma del 2008 hubiera sido un error importante con importantes consecuencias en términos de cobertura. Me parece positivo que no se haya dado marcha atrás en estos cambios.

¿Cuáles son los cambios propuestos para el régimen de capitalización?   

En lo que se refiere al pilar de capitalización, se plantean varias reformas que buscan mejorar la eficiencia el sistema durante la etapa de acumulación. Sin embargo, creo que la reforma no logra solucionar el problema existente en la etapa de descapitalización, donde todo el riesgo de longevidad recae sobre las finanzas públicas.

¿Algún otro punto que le parezca relevante destacar?

Incluiría entre los temas que merecen una valoración negativa de la propuesta del Poder Ejecutivo el hecho de que la discusión referida al sistema de pensiones se esté realizando de forma aislada, sin incorporar una visión integral de la red de protección social. Considerando que uno de los principales problemas que se visualizan está relacionado con la existencia de desbalances intergeneracionales importantes, hubiera sido oportuno encauzar la discusión en el marco de una propuesta de rediseño integral del sistema de protección social y de sus fuentes de financiamiento.

Un análisis centrado, exclusivamente en el sistema de pensiones, deja por fuera la consideración de estrategias de protección social alternativas, que hoy están siendo impulsadas desde algunos organismos internacionales, como es el caso de la introducción de un esquema de renta universal no asociadas a la edad de los beneficiarios. En este sentido, y tal cual está planteada la discusión, se corre el riesgo de que el debate quede focalizado en el objetivo de contener el gasto en pensiones, lo que implica poner el acento en aspectos financieros, sin que se aborden otros múltiples problemas asociados a desbalances en la protección social. De hecho, las recomendaciones incorporadas en la propuesta de reforma omiten la consideración de potenciales soluciones a estos problemas, por lo que se está perdiendo la oportunidad de avanzar en el tratamiento de dimensiones muy relevantes para el mejor funcionamiento del sistema de protección social en nuestro país.

(*) Gonzalo ZUNINO.

Doctor en Economía por Universidad Autónoma de Madrid | Máster en Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid | Licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República | Socio e Investigador y Director del CINVE, ha dedicado su investigación reciente al análisis macroeconómico, mercados laborales y análisis de la seguridad social. Es docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UDELAR) donde dicta cursos de grado y postgrado. | gzunino@cinve.org.uy.