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31.03.2022

MONTEVIDEO (Uypress)- El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) resolvió este miércoles, por 4 votos contra 3, no formular observaciones al acuerdo entre la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el consorcio belga TCP/Katoen Natie, basándose en un segundo informe jurídico, de la abogada Irene Bucero, contrario al primero, firmado por los profesionales Lourdes Pérez Noya y Juan Pablo Hernández Salgado, de febrero pasado, según nota del colega Eduardo Barreneche, para diario El País.

El mencionado informe jurídico aconseja no observar el acuerdo por el cual TCP/Katoen Natie se abstuvo de iniciar un arbitraje millonario contra el Estado uruguayo e invertía en el Puerto de Montevideo una suma que oscila en US$ 500 millones. La empresa belga también se comprometió a implementar rebajas en tarifas de hasta 30%.

La decisión del Tribunal de Cuentas se aprobó por 4 votos a favor y 3 en contra: votaron favorable la presidenta del organismo, la Contadora Susana Díaz, el colorado Álvaro Ezcurra y los dos nacionalistas, Francisco Gallinal y Darwin Machado. En contra lo hicieron los tres de la oposición, el vicepresidente, Contador Enrique Cabrera, Diana Marcos y Miguel Aumento, los tres frenteamplistas. Es decir, el Tribunal dio el visto bueno al negocio firmado entre el gobierno uruguayo y el TCP/Katoen Natie en base al informe favorable del director y subdirector de Jurídica y del director del departamento a estudio del expediente, dijo a El País una fuente del organismo.

Este segundo informe técnico, fechado el lunes 7 y firmado por la abogada Irene Bucero, expresa que eleva su propio proyecto de resolución por "no compartir lo informado y proyectado por los informantes actuantes", autores del primer informe que recomendaba al Tribunal sí observar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el TCP/Katoen Natie.

Según consignó el semanario Búsqueda, la propuesta de Bucero dice que Montecon no podría ser considerada como eventual tercero afectado por el negocio entre el gobierno y TCP/Katoen Natie porque presta servicios de almacenaje y opera contenedores mediante una autorización precaria.

Bucero, en el nuevo proyecto de resolución, recuerda que el decreto 183/994 define que "la operación de contenedores debe hacerse en una instalación especializada" y agrega que "la única terminal especializada es la de Terminal Cuenca del Plata S.A., por lo que las operaciones de contenedores deben efectuarse en la misma y únicamente en forma excepcional puede operarse con contenedores fuera de ella".

De esta forma, la asesora jurídica del Tribunal de Cuentas está en línea con el nuevo reglamento de atraque de buques que da prioridad a TCP/Katoen Natie en el manejo de los contenedores, en detrimento de los muelles públicos donde opera Montecon. El proyecto de resolución, redactado por Bucero, dice: "No existen objeciones sustanciales desde el punto de vista legal a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo". Y agrega que la prórroga de la concesión a TCP/Katoen Natie por 50 años "resulta ajustada a derecho". En base a este informe, el Tribunal no objetó el negocio.

Primer informe jurídico contrario al actual

El primer proyecto de resolución del Tribunal, firmado por los abogados Lourdes Pérez Noya y Juan Pablo Hernández Salgado y fechado a fines de febrero pasado, es totalmente contrario al elaborado por Bucero. Ese proyecto de resolución expresa que los cambios normativos llevados adelante por el Poder Ejecutivo no son meros "ajustes o actualizaciones de un régimen vigente". Y advierte que la ampliación de la concesión por parte del Poder Ejecutivo tiene "como consecuencia práctica restringir el acceso y ejercicio a las actividades relativas a los contenedores descartando la libre competencia". El primer documento agrega que el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie limita la potestad del Ejecutivo de otorgar concesiones, lo que viola la Constitución.

Foto: Daniel Rodríguez / adhocFOTOS