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14.05.2023

MONTEVIDEO (Uypress)- La Universidad de la República (Udelar) emitió una declaración pública sobre la situación del agua en nuestro país en base al Grupo de Ambiente y DDHH Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, Colectivo Interdisciplinario TÁ, dónde expresa “preocupación ante las medidas asumidas ya que vulneran el derecho fundamental al acceso, calidad y disponibilidad del agua potable de la población”, según informó 970 Radio Universal.

Ambos grupos manifiestan que el cambio en la normativa "contradice directamente tratados de Derechos Humanos de obligatorio cumplimiento tanto en el Sistema Internacional como en el Sistema Regional, especialmente el PIDESC, la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo Facultativo de San Salvador, es decir obligaciones que el Estado debe respetar".

Además señalan que "viola el Artículo Nº47 de la Constitución de la República, reformado en 2004 a través de un plebiscito con el apoyo del 67% de la población, que define el acceso al agua potable de calidad como derecho humano básico, la participación de la ciudadanía a través de las Comisiones de Cuenca y Consejos Regionales de Cuenca en su gestión, así como define la protección del ambiente como interés general".

"A nivel del sistema internacional, el derecho al agua se reconoce por las Naciones Unidas desde 2010. Según la Relatoría especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -OEA (REDESCA), el derecho al agua se ve vulnerado por situaciones de estrés hídrico, intensificación de demanda para uso y afectación de ciclos naturales así como por impactos negativos de políticas y gestión que favorecen los usos productivos a los de la población", señaló la declaración.

Agregan que "el derecho al agua está vinculado a otros derechos como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al principio de igualdad y no discriminación entre otros. En este contexto observamos que la crisis hídrica y las medidas adoptadas por los organismos del Estado afectan a grupos y personas históricamente discriminadas como lo son las personas en situación de pobreza y quienes tienen problemas de salud".

"Los nuevos parámetros de cloruro y sodio constituyen un riesgo para la salud de la población de padecer enfermedades agudas y crónicas, pero especialmente a quienes ya experimentan enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, problemas renales, lactantes alimentados en base a leche de fórmula, los niños y las niñas. Este riesgo se acentúa en los sectores socioeconómicos más bajos que dependen en mayor medida del agua disponibilizada por OSE para tomar y cocinar. Es importante destacar que no es sólo el agua que se toma sino también todas las preparaciones que se hacen en base a la misma", puntualiza el comunicado.

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS