UY Press - Agencia uruguaya de noticias

Muy convincentes nos parecen las opiniones de aquellos científicos que les atribuyen a las empresas forestales y al Estado la principal responsabilidad en el incendio de más de 500 mil hectáreas en el sur de Chile. Observar cada uno de los siniestros lleva a la conclusión que los bosques arrasados por las llamas son fundamentalmente aquellos que fueron plantados por especies que no son autóctonas y cuya condición se hace muy propicia para los incendios. Todos los lugareños saben que donde hay flora ancestral es más difícil que ocurran desastres como los que estamos observando.

Al abrigo de nuestros sucesivos gobiernos, las forestales privadas y extranjeras se hicieron de inmensos territorios para explotar bosques de crecimiento más rápido y fácil comercialización. Emprendimientos que fueron favorecidos con asignaciones fiscales y exenciones tributarias, incluso en pertenencias de las comunidades mapuches, apoderándose de sus tierras ancestrales, destruyendo sus viviendas y sustentos agrícolas que hoy se desbaratan al paso de las llamas.

Lo más lógico habría sido proteger la flora y fauna nativa, así como aplicarles a los inversionistas al menos un royalty por el aprovechamiento de la tierra, su abundante agua y ese clima que tanto han favorecido sus ingentes utilidades. Por lo visto, ni siquiera a estas nuevas plantaciones se les exigieron medidas para prevenir y hacer frente a las catástrofes, debiendo el Cuerpo de Bomberos de Chile, además de otros miles de abnegados voluntarios, arriesgar su vida en el combate de los incendios que todos los años se producen, aunque nunca en tal severo grado como hoy. Cuando los damnificados, sus fuentes de trabajo y viviendas se suman por miles de habitantes que, en general, se trata especialmente de personas y familias pobres.

Aunque en esta oportunidad se sospecha que hay siniestros intencionales, la verdad es que la responsabilidad primordial es la de quienes profitan de territorios que merecían el cuidado de su enorme acervo natural y cultural, ahora víctimas de la codicia empresarial e indolencia de las autoridades. El despojo que ha sufrido nuestra principal etnia durante varios siglos debiera tener también por consecuencia toda la atención nacional, para que se imponga la justicia en contra de los transgresores ecocidas, y la política acabe con esta suerte de privilegios que se le otorgan siempre a los inversionistas extranjeros, los que hoy tienen la desfachatez de asumirse como damnificados. Tal cual lo hacen las poderosas compañías cupríferas, las administradoras de fondos de pensiones y de la salud privada. Por cierto, se impone un castigo ejemplar para los pirómanos que sean descubiertos por las policías y los tribunales, pero sin soslayar la criminal culpabilidad de las empresas forestales y sus descarados propietarios.

Es la oportunidad para un gobierno que se declara de izquierda adoptar lo antes posible las medidas pertinentes, de tal forma de pasarle la cuenta a los principales autores intelectuales y materiales del gran despropósito de torcer la sabiduría de la naturaleza y sus ecosistemas. En este sentido, el país se merece recibir un balance de las millonarias sumas gastadas para combatir los incendios, además del costo de operación de cientos de aviones, helicópteros y carros de agua contratados para deleite, también, de las empresas extranjeras y nacionales que proveen estos servicios. Algunos de los que perfectamente podrían formar parte de los sospechosos de provocar estos siniestros.

Asimismo, se debiera hacer un recuento de todas las viviendas, establecimientos educacionales y otras construcciones abatidas, de tal forma de recuperarles a todas las auténticas víctimas los bienes y enseres perdidos, tanto como tributarles una justa reparación por el daño moral ocasionado y hasta por la pérdida de sus seres queridos. Recursos que el Estado debiera imputarle, por supuesto, a los principales culpables de tanta inclemencia. Ojalá que allí donde el fuego ha arrasado con todo se imponga un plan para recuperar la flora y la fauna natural, aplicando las expropiaciones del caso e implementando una inversión nacional alejada del lucro económico. Antes que los incendios alcancen nuestra hermosa Patagonia e ingresen a la Región Metropolitana y provincias adyacentes.