UY Press - Agencia uruguaya de noticias

01.08.2022

MONTEVIDEO (Uypress) – Entendiendo que existen “ilegalidades” en el proceso de elección del nuevo directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, Serpaj, anunciaron la promoción de una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Con la presencia de referentes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en representación de más de veinte colectivos de la sociedad civil, anunciaron este lunes en conferencia de prensa la presentación de una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra del proceso de elección para la renovación de autoridades de la INDDHH.

"Nos propusimos articular para garantizar un proceso democrático, transparente y ajustado a la ley en la elección de un nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo", expresan en la declaración dada a conocer en la conferencia de prensa.

Agregan que "una de las fortalezas de la Institución, reconocida como tal por el organismo internacional responsable de calificar la calidad democrática de los ombudsman o defensorías del pueblo es su autonomía. Autonomía e independencia del Gobierno de turno y de los partidos políticos. Autonomía que sustenta también la autoridad moral de sus observaciones y resoluciones. Y eso es lo que hoy está en riesgo. Eso es lo que venimos a denunciar y por lo que nos proponemos iniciar acciones legales".

En la declaración se denuncia que hay un intento de desnaturalizar la Institución, y que se promueve un reparto de cargos en base a cuota político partidaria: "La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesionar la autonomía de la Institución es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial", afirman.

El siguiente es el texto completo de la declaración

Declaración de la Conferencia de Prensa del 1 de agosto de 2022                                              ORGANIZACIONES SOCIALES IMPUGNAN PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO PROMOVIENDO ACCIÓN DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Buenos días para todas y todos

Primero agradecer a los medios presentes y a quienes logramos llegar con nuestras palabras por la tarea que ustedes hacen.

En segundo lugar, corresponde presentarnos. Somos organizaciones sociales, vinculadas a la mayor diversidad de derechos humanos, con actividad desplegada en todo el país. Somos muchas más que las que firmamos esta convocatoria y desde ya invitamos a seguir sumándose. Nos propusimos articular para garantizar un proceso democrático, transparente y ajustado a la ley en la elección de un nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

También nos proponemos trabajar para lograr una mayor participación de las organizaciones sociales en lo que hace a los cometidos y actividades de la Institución.

Cuando hablamos de la Institución referimos al organismo de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas en todo el territorio. Y hablamos del control que esta Institución hace para que el Estado no vulnere esos derechos. Hablamos de 10 años de contribución al fortalecimiento del sistema democrático. Hablamos de una ley de creación que se votó por unanimidad.

Una de las fortalezas de la Institución, reconocida como tal por el organismo internacional responsable de calificar la calidad democrática de los ombudsman o defensorías del pueblo es su autonomía. Autonomía e independencia del Gobierno de turno y de los partidos políticos. Autonomía que sustenta también la autoridad moral de sus observaciones y resoluciones. Y eso es lo que hoy está en riesgo. Eso es lo que venimos a denunciar y por lo que nos proponemos iniciar acciones legales. Vamos a ejercer nuestros derechos. Vamos a defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La Institución hace tiempo viene recibiendo fuertes ataques. En particular a través de declaraciones de referentes de distintos partidos políticos. Se dijo que no se precisa una Institución de Derechos Humanos, como se dijo que había que cambiar la ley porque se metía en temas que no le correspondía. Y se insistió con definir la elección del nuevo Consejo Directivo como un reparto de cargos entre gobierno y oposición. Con lujo de detalles, señalando incluso como sería el reparto dentro de la propia coalición de gobierno. Es solo esperar un rato hasta que se reúna la Asamblea General para ver si fueron solo palabras. La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesionar la autonomía de la Institución es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial. Tan grave como quitarle la función de controlar al Estado. En el marco de este proceso de elección los ataques trascienden las palabras y se concretan en resoluciones de la comisión especial parlamentaria encargada por ley de recibir las postulaciones y remitir a la Asamblea General la lista de aquellos candidatos y candidatas que reúnan los requisitos que la ley exige.

La Comisión Especial no actuó como manda la ley. Primero porque aceptó postulaciones realizadas por legisladores y legisladoras, cuando solo debió acepar aquellas postulaciones realizadas por organizaciones sociales registradas en la INDDHH. Segundo porque no controló todos los requisitos de admisibilidad que la ley impone para ser candidato o candidata, como por ejemplo el de "contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos", resolviendo en consecuencia enviar a la Asamblea General todos los nombres propuestos, salvo los de aquellos que presentan incompatibilidades.

Fuera de la ley y al margen de los Principios de Paris que son aquellos que orientan y sustentan las Instituciones de Derechos Humanos y las Defensorías del Pueblo.

Por esto hablamos de ilegalidades. Y por esto hablamos de acciones legales que permitan que el proceso sea como debe ser. Vamos a promover la nulidad de estas resoluciones de la comisión especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión de este proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo.

El parlamento puede dar marcha atrás, revisar las resoluciones cuestionadas, actuar conforme a la ley y evitar así que se enjuicie su accionar. Apelamos a eso. Designar ahora un Consejo Directivo sobre el que se estará juzgando si sus integrantes fueron bien electos no le hace bien a las personas involucradas, no le hace bien a la Institución de Derechos Humanos cuya autoridad, como decíamos antes, reposa no solo en la ley sino en la incuestionabilidad de sus autoridades. En definitiva, no le hace bien a la democracia. No queremos ni pensar que pasará con cada observación y resolución que tome la Institución si después el Tribunal nos da la razón y dispone que el proceso de elección no fue ajustado a derecho y quienes fueron elegidos no debieron serlo.

Las organizaciones sociales actuamos responsablemente. Advertimos de estas irregularidades, como en su momento también señalamos que se habían aceptado postulaciones desde organizaciones que no estaban habilitadas para hacerlo por no estar inscriptas en el registro de la Institución. También exigimos transparencia porque no se hizo pública toda la información disponible de los candidatos. Lo dijimos por los medios de prensa, lo dijimos en Redes sociales, enviamos correos electrónicos a la comisión que nunca respondió y solicitamos ser recibidos por la Comisión y eso nunca sucedió.

Pudo haber cierta soberbia por parte de algunos legisladores y legisladoras al ignorar el aporte que se proponía desde las organizaciones sociales en este proceso. Incluso dudando de nuestra representatividad.

Lo que alertamos insistentemente desde las organizaciones fue señalado también por un grupo de trabajo de la ONU que realizó "un llamado a las y los integrantes de la comisión bicameral y de la Asamblea General para que garanticen que la elección del Consejo Directivo no afecte la independencia de la Institución ni obstaculice su labor de búsqueda de personas desaparecidas. En particular, por lo que concierne a la independencia" Preocupación fundada en la "intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo". Nada que no hubiera sido dicho por los políticos y publicado por toda la prensa del país. 

Aquí estamos, las organizaciones sociales, promoviendo esta acción de nulidad ante el TCA. Hubo un camino hasta llegar acá. No renunciamos a ninguna otra acción dentro del marco legal vigente para defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a la pueden acudir las personas cuando encuentran vulnerados sus derechos por la acción o la omisión del Estado.

Imagen: Adriana Vaselli, Juan Ceretta y Elena Zaffaroni durante la conferencia de prensa (adhocFOTS/Mauricio Zina)