¿DONDE ESTAN?
Uruguay. La “restauración” de la derecha. Cuando los rinocerontes retozaban con las sobras de los cuarteles
01.12.2020
PARIS (Uyprerss/Dr. Oscar López Goldaracena*) - Hace seis meses hubo cambio de gobierno en Uruguay. A los días llegó la pandemia. Luego de quince años de centro izquierda (2005 a 2020), únicos en la historia política del país desde 1830, Uruguay regresó al pasado.
Los gobiernos del Frente Amplio (Dr. Tabaré Vázquez, 2005 a 2010 y 2015 a2020; y José Mujica, 2010 a 2015) generaron avances en derechos, en diminución depobreza, en aumento de empleo, en redistribución de riqueza, en políticas de género, en políticas sociales, en fortalecimiento de las empresas públicas, en desarrollo democrático y en institucionalidad republicana.
Si bien el Frente Amplio fue el partido político más votado en las pasadas elecciones generales (2019), al no haber alcanzado las mayorías exigidas por la Constitución para ganar la Presidencia de la República en primera vuelta, debió irse a un balotaje. En la segunda vuelta, por muy escaso margen, triunfó Lacalle Pou (Partido Nacional), nuevo presidente hasta febrero de 2025. Nuevo gobierno,de derecha, asociado a la ultraderecha y al militarismo. Un peligrosísimoregreso al pasado para el Uruguay.
En su afán por desplazar al Frente Amplio,de cara al balotaje, la entonces oposición se unificó tras Lacalle Pou con un objetivo electoral.Su matriz ideológica conservadora fue disimulada y, con el apoyo de los grandes medios de comunicación televisivos atacando permanentemente al gobierno del Frente Amplio y sus debilidades, se presentó a la elección ofreciendo un "cambio".
El "cambio", en realidad, era "restauración", retornar privilegios. Debía maquillarse y producir eslóganes publicitarios. El "cambio"al que aspiraba era como el cambio al que puede aspirar unmonárquico nostálgico que añora los tiempos del absolutismo Borbón.
Un ejemplo alcanza para ilustrar.
Próximo a definir el balotaje, el entonces candidato Lacalle Pou adelantó que, de alcanzar la presidencia, presentaría un proyecto de ley de urgencia, pero jamás difundió su contenido antes de la elección. Este tipo de proyectos de ley, amparadospor la Constitución, tiene un muy corto plazo para ser debatido y si el Parlamento no se expide, se convierte en ley. Pues bien, Lacalle Pou ganó y presentó el contenido del proyecto: "la propia restauración conservadora" o, mejor dicho, el marco legal necesario para la restauración conservadora y para contener reclamos frente a la aplicación de políticas antipopulares.
La ley de urgencia limita derechos y garantías de los ciudadanos en aras de "la seguridad pública"; aumenta los poderes indagatorios y represivos de la Policía; le otorga el porte de armas a policías y militares retirados; le asegura inmunidad a la policía aumentando los supuestos de legítima defensa presunta; crea nuevos delitos por los cualespenaliza la protesta social; limita el alcance del derecho de huelga; elimina mecanismos de inclusión financiera que evitaban la evasión tributariade las empresas y que garantizan el cobro del salario para los trabajadores y su aportación a la seguridad social; resta autonomía a las empresas públicas y a la educación; abre el camino de privatizaciones encubiertas, etcétera.
Estratégicamente, el contenido de la ley de urgencia no fue presentado a la ciudadanía antes de las elecciones, para evitar que el debate al respecto pudiera resultar desfavorable. La derecha tenía que asegurar la restauración conservadora, para lo cual, lo primero eraganar y desplazar del gobierno al Frente Amplio y los quince años de progresismo.
Hoy, ese proyecto de ley de urgencia, ya es ley en Uruguay. Votado en época de la pandemia de Covid 19, se favoreciópor la imposibilidad de la movilización popular.
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La crisis de la pandemia, en lo sanitario, está siendo contenida en el Uruguay gracias a un sistema de salud universal y gratuito, que fue implantado por los gobiernos precedentes del Frente Amplio. Asimismo, la educación y el trabajo a distancia que posibilitan superar las instancias de aislamiento, se sustentan en una infraestructura líder en conectividad, también generada por los gobiernos precedentes por medio de la empresa pública estatal de telecomunicaciones(Antel) y por el innovador Plan Ceibal, que otorga a cada niño una computadora. Sin embargo, bien procura el actual gobierno y los medios televisivos que lo respaldan, ignorar la solidez que el Uruguay había alcanzado con los gobiernos de izquierda y sus agendas de derechos.
En relación con la crisis económica y social que acompaña a la emergencia sanitaria, la respuesta del gobierno fue y es transferir el peso de la crisis a los sectores más vulnerables. Fiel a su impronta de restauración neoliberal, reduce la intervención estatal. No apela a las reservas económicas, ni que aporten las grandes fortunas. Opta por dejar todo librado al mercado, con el agravante de incrementar las tarifas de los servicios públicos, rebajar salarios, desmantelar políticas sociales, quitar alimentación de las escuelas, etcétera. Consecuencia: aumentó el desempleo y la pobreza. Y la culpa se le echa a la pandemia y a los gobiernos de izquierda, cuando en el fondo, de lo que se trata, es de volver a gobernar para los empresarios.
Limitadas las garantías y derechos frente a la represión policial, en lo que respecta a los derechos humanos económicos, sociales y culturales, coherente con la filosofía "restauradora" adopta una política regresiva. Olvida que los derechos económicos, sociales y culturales, imponen a los Estados obligaciones de "hacer". El derecho obliga a "adoptar medidas inmediatas", hasta "el límite de los recursos disponibles" para su realización. No obstante, el nuevo gobierno opta por el "dejar hacer". El motor de la nueva normalidad serán los empresarios.
Vuelvo al principio. Uruguay está regresando al pasado, pero, además y como veremos, con socios peligrosos.
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Ocurre que en el escenario político uruguayo irrumpió un partido minoritario de ultraderecha, ultranacionalista y militarista, con el nombre de "Cabildo Abierto". Lacalle Pou lo integró, previo al balotaje,a la futura coalición de gobierno.O sea, en el Uruguay no hubo "barrera sanitaria" para la ultraderecha. Por el contrario, hoy,forma parte del gobierno.
El portavoz de este grupo político, el general retirado Manini Ríos, senador, desde su banca legislativa y amparado en la inmunidad de sus fueros parlamentarios, ha comenzado con un temerario relato ultranacionalista.
Está desplegando un discurso de ataque permanente a jueces y fiscales por el avance en las causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar, período de Terrorismo de Estado(1973-1985).
Específicamente, formuló una propuesta legislativa para reestablecer la impunidad en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares. Pretende reinstalar la llamada "ley de caducidad", hoy derogada, ley que durante los veinte años que siguieron al restablecimiento democrático (1985-2005), impidió juzgar desapariciones forzadas, asesinatos políticos y torturas cometidas por el Terrorismo de Estado.
Lisa y llanamente, propone que Uruguay desconozca sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo han condenado y que dé su espalda al sistema de protección internacional de derechos humanos. Ha instaladoun peligroso discurso ultranacionalista, contrario al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que atenta contra el Estado de Derecho y la institucionalidad republicana del Uruguay.
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Pero al respecto hay más.
Además de defender a sus "ex camaradas" acusados de torturas, homicidios y desapariciones forzadas, no son casuales los ataques de Manini Ríos a la fiscalía y al Poder Judicial. Se debe tener presente que sobre el Senador Manini Ríos recae un pedido de procesamiento por parte de la Fiscalía, por un grave delito que habría cometido antes de haber asumido como legislador, cuando era comandante y jefe del Ejército. Se le acusa, nada menos,de no haber denunciado ante la justicia,gravísimas violaciones a los derechos humanos, torturas y desapariciones forzadas,cometidas por militares durante la dictadura, de las que tomó conocimiento por actuaciones de un tribunal de honor del Ejército. Ocultó los hechos y no los denunció a la Justicia.
Luego, al haber sido electo senador, quedó amparado por la inmunidad legislativa. No puede ser juzgado por ningún delito si el Senado no lo habilita. La Fiscalía solicitó el desafuero y, ahora, es el Senado el que tendrá que decidir si deja actuar o no al Poder Judicial.
Cuando estoy escribiendo estas líneas, el pedido de desafuero aún no se votó. Es previsible que los legisladores de la coalición de gobierno le brinden impunidad y no concedan el desafuero.Sucede que Lacalle Pou necesita de los votos de la ultraderecha para todo su proyecto conservador, por ejemplo y en lo inmediato, para aprobar la ley de presupuesto.
Siel Senado no levanta los fueros al ex general Manini, quedará entonces, bien claro,indisimulablemente, que el Uruguay ha retornadopeligrosamente al pasado,cuando el poder lo tenían los militares y los "rinocerontes" pastaban en las sobras de los cuarteles.
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Un gobierno liderado por civiles que busca reinstalar un proyecto liberal, conservador y restaurador sin importarle quienes sean "sus socios", integrando exmilitares nostálgicos, ultranacionalistas y ultraderechistas,hace peligrar no solo los derechos conquistados en quince años, sino la solidez del Estado de Derecho.
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La propuesta legislativa de no seguir juzgando a los exmilitares que violaron los derechos humanos y el discurso que la acompaña, son de franco rechazo. Debe merecer la atención y el repudio para que el gobierno de Uruguay no ceda a la presión jurásica.
Lo esencial y básico, es que el Derecho no admite impunidades, caducidades, amnistías, indultos, perdones,ni gracias, para quienes cometieron actos de barbarie contra la población civil que califican como crímenes de lesa humanidad.
Las desapariciones forzadas, los homicidios políticos y la tortura, son crímenes imprescriptibles de juzgamiento necesario y obligatorio.
A la salida de la dictadura, cuando comenzó a insinuarse una posible impunidad, se advirtió que las violaciones a los derechos humanos perpetradas calificaban como crímenes de lesa humanidad. Alertábamos que el Derecho limitaba las opciones políticas e impedíarenunciar a la justicia por la naturaleza de los crímenes perpetrados. No obstante, en Uruguay se sancionó la llamada "ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado", la que durante décadas impidió juzgar a militares y le valió al país ser condenado por organismos internacionales de derechos humanos.
Aquella ley de caducidad dispuso que el Poder Judicial debía consultar al Poder Ejecutivo, en cada caso, si la pretensión punitiva del Estado,respecto del asunto que se pretendía juzgar, había o no caducado. Es decir, era el Poder Ejecutivo quien en definitiva resolvía que caso se juzgaba y que caso no. Durante décadas, los gobiernos de turno (Partido Nacional y Partido Colorado), impidieron juzgar. Una flagrante violación del principio republicano de separación de poderes.
Por la ilegitimidad de la ley de caducidad y por las "ventanas" jurídicas que misma ley tenía, la Justicia comenzó a actuar, muy lentamente. A partir de 2005, con el triunfo del Frente Amplio, el Poder Ejecutivo ya no interfirió y el Poder Judicial avanzó. Luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanas condenó al Uruguay a impartir justicia. Más tarde, la ley de caducidad fue derogada. Es historia.
El debate quedó entonces instalado a nivel de tribunales entre quienes sostenemos que estamos frente a delitos imprescriptibles con naturaleza de crímenes de lesa humanidad y quienes sostienen que son delitos comunes, prescriptibles. Si bien fueron condenados los dictadores y algunos militares responsables, la mayoría de las causas se continúan substanciando. Pero los desaparecidos siguen desaparecidos, sin justicia, ni verdad.
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En suma, el Uruguay debe evitar volver al pasado. Por un lado, la política de verdad y justicia para las violaciones de los derechos humanos no admite la alternativa de las caducidades. Por otro lado, la agenda de derechos no admite la restauración neoliberal, porque el propio Derecho obliga al Estado a garantizar el cumplimiento universal de los derechos económicos, sociales y culturales.
Es claro que en tiempos de pandemia nos va la vida, a todos, literalmente. Hoy, en el Uruguay, el sistema político debe frenar el avance de los virus ultranacionalistas y ultraderechistas, porque le irá la vida al Estado de Derecho. Los legisladores que responden al gobierno aún están a tiempo de aplicar la "barrera sanitaria" a sus socios minoritarios y dejar actuar a la Justicia, votando el desafuero de Manini.
El gobierno también está a tiempo de corregir su rumbo y de desistir de la restauración conservadora. El bien común exige políticas de Estado que siempre, siempre, deberán estar inspiradas bajo el marco interdependiente e indivisible de los derechos humanos, cuya matriz no es hoy la referencia.
[1]El 30 de noviembre de 1980, se llevó a cabo en Uruguay un plebiscito de reforma constitucional convocado por la dictadura militar, que fue rechazado por el pueblo uruguayo. En el único debate televisivo que se autorizó, el opositor a la dictadura Dr. Eduardo Pons Etcheverry, con una gran ironía y citando la obra teatral de Eugene Ionesco, calificó como "rinocerontes" a los civiles que colaboraban con los militares.
* Dr. Oscar Lòpez Goldarazena. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Abogado uruguayo especializado en causas de derechos humanos. Escritor. Ex Senador.
Artículo publicado en el portal ¿Dónde están? Francia. Uruguay. La «?restauration?» de la droite
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
